Héctor Sandoval Duarte / El Espectador
El año pasado no sólo estuvo marcado por fenómenos de protesta social como el paro cafetero y el agrario, sino por las múltiples manifestaciones de mineros artesanales, camioneros, trabajadores portuarios, contratistas de multinacionales mineras y petroleras, entre otros. Según un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en 2013 se registraron 1.027 protestas, el número más alto de movilizaciones por año desde 1975.
“Tan inusitado nivel de movilización da cuenta de una sociedad en movimiento con altos niveles de participación ciudadana y con notoria visibilidad de sus actores”, sostiene el informe del Cinep, según el cual hay que tener claros tres factores para entender la protesta social: “Disputa por el modelo económico aperturista y extractivista; el rechazo al manejo estatal de los conflictos sociales, y aspectos culturales y políticos implícitos en ellos”.
En 2013, los motivos de las luchas sociales giraron en torno a políticas públicas —como las del agro—, servicios sociales, educación, seguridad ciudadana, derechos humanos y el cumplimiento de pactos laborales y leyes. Agrega el documento que “un 23% de las luchas se centraron en aspectos relacionados con el hábitat: tierra y vivienda, servicios públicos domiciliarios, infraestructura física y problemas ambientales”.
Aunque los paros del agro, que lograron convocar a otros sectores como el transporte, fueron masivos, la investigación explica que estas movilizaciones no alcanzaron a cubrir el 11% del total registrado.
Sin embargo, los fenómenos de protesta se hicieron relevantes “por las reivindicaciones que expresaron y las redes de conflictos que develaron, por su duración, su amplia cobertura geográfica, la participación de diversos sectores sociales y la solidaridad que despertaron —a pesar de haber sido menospreciados y reprimidos por instancias gubernamentales— y por haber puesto en cuestión la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos”, dice el estudio.
Aun así, y en medio de la actual protesta que hoy completa su quinto día, el Gobierno sostiene que las garantías están dadas para que los movimientos campesinos e indígenas puedan ejercer su derecho a la protesta sin acudir a las vías de hecho.
Los impactos económicos de las protestas de 2013, según cálculos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), se cuantificaron en cerca de $1,8 billones (aproximadamente 0,4% del Producto Interno Bruto). Asimismo, el organismo sostiene que los daños institucionales causados también son incalculables.
En el informe, en cuya elaboración participó Mauricio Archila, investigador del Cinep, se asegura que un tercio de los protagonistas de las más de 1.000 movilizaciones fueron pobladores urbanos, seguidos por trabajadores asalariados (17%), estudiantes (13%), campesinos (12%) y trabajadores independientes (11%).
“Esta participación confirma observaciones sobre la trayectoria histórica de las luchas sociales en el país: desde 1975 y con mayor énfasis desde los años 90, hay una disminución relativa de la visibilidad de los actores identificados como clases sociales —sobre todo, asalariados y campesinos—, mientras aumenta la de sectores policlasistas, como pobladores urbanos, y la de trabajadores independientes”, concluye el documento.
