La Jornada, México
En América Latina y el Caribe gran parte del mercado laboral es informal y alrededor de la mitad de los 300 millones de trabajadores son asalariados de microempresas, autoempleados sin calificación o no perciben ingresos, señala el informeProgreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo(PNUD).
El documento precisa que hay más de 50 millones de empresas pequeñas y medianas, 70 por ciento de las cuales son informales, y dos de cada tres nuevos empleos creados en la región se dieron en el sector de servicios, el cual es de baja productividad y tiene altas tasas de informalidad.
Advierte también que sin aumentos futuros de la productividad de los sectores de baja calificación se compromete la sostenibilidad del crecimiento y de los logros sociales.
La informalidad, apunta, afecta sobre todo a jóvenes y mujeres, pues tan sólo en 2013, del total de jóvenes ocupados (45.2 millones), apenas 15.9 millones, alrededor de la tercera parte, ocupaba empleos formales, un poco más de la mitad de los que ingresan al mercado laboral desde un trabajo informal, y esta situación tiene un efecto que perdura en el tiempo: las personas que experimentan el desempleo o la informalidad en su juventud tienen un peor desempeño laboral en su vida adulta, señala.
Agrega que la combinación de alta inestabilidad, informalidad y baja productividad no permite que el empleo constituya un motor de movilidad ni de progreso sostenible a largo plazo.
Un alto nivel de informalidad, asevera, tiene repercusiones económicas, sociales y fiscales, en la medida que limita la cobertura del aseguramiento social, y reduce las posibilidades de generar ahorro.
La combinación de alta inestabilidad, informalidad y baja productividad no permite que el empleo constituya un motor de movilidad ni de progreso sostenible a largo plazo, advierte el informe. Destaca que el peso de la carga tributaria en los pobres es tan alto que suele anular el beneficio recibido por programas de transferencias de ingreso. Ante ello plantea que mejorar la efectividad y progresividad del sistema fiscal en su conjunto es un desafío urgente.
En tanto, las organizaciones que integran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hicieron un llamado a considerar criterios indispensables para definir el salario mínimo, como superar la línea de bienestar mínima definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
