Por Helen Alexa Montenegro Rojas – asistente de Investigaciones y asuntos de Género de Cedetrabajo.

La píldora anticonceptiva es el descubrimiento más importante del siglo XX en términos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que ha posibilitado que decidan sobre sus cuerpos por medio del control de la natalidad. La píldora representó un avance significativo en la ruptura de las concepciones tradicionales sobre la sexualidad de la mujer, que consideraban como único objetivo la reproducción e ignoraban el papel del placer en la sexualidad.

La actual situación de desabastecimiento de anticonceptivos que atraviesa el país pone en riesgo los derechos sexuales de las mujeres, las cuales se han pronunciado desde diferentes organizaciones, al igual que los gremios farmacéuticos, llamando a la atención sobre las consecuencias de esta crisis que inició en el contexto de la pandemia y se profundizó durante los últimos meses.

La escasez de anticonceptivos tiene diferentes componentes. Por un lado, la crisis sanitaria afectó el transporte por la falta de contenedores e impactó el suministro de materias primas de diversos medicamentos a los laboratorios, generando una disminución exponencial en la oferta. Sumado a esto, el presidente de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (ASOCOLDRO), Alfonso Cuitiva, afirmó que “debido a la actual coyuntura entre Rusia y Ucrania, se ha dificultado la importación de insumos -cereales- fundamentales para la producción de anticonceptivos”, situación alarmante debido a que en todas las regiones se agotó el stock disponible en puntos de venta y farmacias.

De la misma manera, influye considerablemente en la crisis de desabastecimiento la inclusión que se hizo de estos productos en la política nacional de control de precios, impulsada en el 2018 por Alejandro Gaviria cuando fue ministro de salud. Aunque el control de precios de los anticonceptivos es positivo, el diseño de la regulación en Colombia fue errado, pues los precios locales se fijan de acuerdo con el precio internacional de referencia de los medicamentos y no a sus costos de producción en el territorio nacional. Esto hace que la industria farmacéutica ponga sus productos donde pueda generar más rentabilidad, sin consideración alguna sobre los impactos en la salud pública de las comunidades.

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Ahora bien, la problemática de la escasez es crítica en la medida que es factor interviniente en la profundización de las brechas de desigualdad de género, especialmente en lo referente al acceso al mercado laboral, toda vez que una mujer que tiene un embarazo no intencional enfrenta mayores barreras de acceso a puestos de trabajo que un hombre de su misma edad y nivel educativo (Fondo de Población de las Naciones Unidas UNFPA). Para el 2021 había aproximadamente 13.4 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años, es decir mujeres en edad fértil, de las cuales el 20% no usan métodos de planificación por falta de una política integral de educación sexual y las dificultades económicas para acceder a estos fármacos, que entre otras cosas deben ser asumidas por ellas sin subvención alguna del Estado.

Haciendo un balance general, se puede evidenciar que el gobierno saliente de Iván Duque desconoció dolosamente esta problemática, desfinanciando los programas de salud sexual y reproductiva. Ejemplo de esto es el año 2019, en el que la asignación presupuestal para este objetivo fue tan solo de…  ¡82 millones de pesos para todo el país!, una cifra a todas luces insuficiente para atender esta situación. En definitiva, cabe preguntarse si se está trazando una política pública nacional que haga un diagnóstico y tratamiento adecuado de la problemática del desabastecimiento y que reconozca la anticoncepción como un derecho fundamental y no como un lujo.