Leonardo Jiménez Molinello.
Coordinador de CEDETRABAJO Capitulo Cartagena.
Abraham Ramírez Puello.
Investigador de CEDETRABAJO Capitulo Cartagena.
La energía eléctrica en Colombia y en el mundo tiene tres fases necesarias para la prestación del servicio; la primera es la Generación (Sol, Calor, Agua “central eléctrica – transformadores que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a las altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte”), le sigue la transmisión (líneas de transporte – Las subestaciones donde la señal baja su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución – Las líneas de distribución y Los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores) y por último la comercialización, que básicamente consiste en vender la energía y cobrarla. Lo ideal, es que una empresa de energía eléctrica realice todas las fases para que garantice menor costo y calidad en el servicio.
Electricaribe es una empresa que se encarga de distribuir y comercializar energía eléctrica en toda la costa Caribe y cuyo máximo accionista es la empresa multinacional Gas natural Unión Fenosa.
Al examinar, los principales indicadores operativos de esta empresa podemos observar que en promedio se interponen 85 mil quejas por año ante la Superintendencia de Servicios Públicos en contra de Electricaribe por mala prestación del servicio, y cuyo efectos se reflejan tal como lo denuncia la Red Caribe de Servicios Públicos, en el hecho de que 529 personas han muerto en esta por región por electrocución entre 2007-2012.
Actualmente, el 92% de la subnormalidad eléctrica nacional –373.858 familias– reside en la región caribe, donde además se encuentran seis de los ocho departamentos con más pobreza del país. En Cartagena, más del 88% del servicio de energía eléctrica es prestado a los estratos 1, 2 y 3. A lo anterior se le anota que 419.306 usuarios a 2013 recibían energía eléctrica en condiciones de subnormalidad. La pobreza, o deficiente distribución de riquezas, es un problema que debe asumir de forma directa el gobierno nacional, mediante políticas públicas (y no de gobierno) que permitan lograr equidad social.
De la misma forma, el gobierno nacional le ha destinado a Electricaribe atravez del plan de normalización eléctrica más de $270,407.272.315.00 entre 2008-2013 lo que origina entonces dos preguntas: ¿Si el gobierno invierte dinero, por qué la responsabilidad es del gobierno? y ¿Entonces por qué la crisis? La explicación corresponde a la existencia de un intermediario privado el cual busca obtener un margen de ganancias (respaldado contractualmente) y por ello limita las inversiones en calidad que deberia desarrollar para así incrementar sus utilidades.
En efecto, al comparar los resultados de 2015 con años anteriores, se evidenció que las inversiones del año pasado fueron las más bajas en los últimos nueve años: la compañía destinó $131.803 millones en 2015, una cifra inferior a la realizada en 2007, y en materia de calidad del servicio fue de $69.379 mil millones, esto significa una caída del 30.6% en relación con el 2014.
Esto le ha permitido a Electricaribe obtener en su ejercicio financiero de 2015 unos ingresos operacionales por $4 billones 285 mil 653 pesos, es decir, un aumento del 22% en sus ingresos entre 2014-2015, la utilidad neta que registro esta empresa fue de $43 mil 535 millones, esto es un incremento en sus ganancias del 188% entre 2014-2015, a costa de la mala prestación de este servicio fundamental.
Evolución de los ingresos operacionales y la Utilidad neta de Electricaribe (2014-2015).
Esta empresa cuenta a su vez con unos activos que se elevaron de $4.832.604 (Billones) a $5.130.834 (Billones) entre 2013-2014, con un aumento en la valoración de los activos de $298.230 mil millones en un año, de los cuales los activos corrientes o circulantes son lo que han experimentado los mayores crecimientos, es decir, aquellos que son susceptibles de convertirse en dinero y pueden terminar transformándose en utilidades en un periodo inferior a un año, los cuales pasaron de $1.322.969 (Billones) en 2013 a $1.579.566 (Billones) en 2014, con una utilidad neta que entre 2007-2014 fue de 435.443 mil millones de pesos.
Además, un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la Nación señala una serie de irregularidades en la ejecución de los recursos del PRONE por parte de Electricaribe, por ejemplo, en el contrato de especiales aportes N.136 del 12 de septiembre de 2012 correspondiente al convenio GSA-097-2008, por valor de $61.920.992.018, las actas de liquidación determinaron que el valor real de los contratos fue de $60.465.062.637.00.existiendo una diferencia de $1.455.929.381.31, excedente que pudo apropiarse la empresa.
Con el agravante que el ministerio de Minas y Energía indica que no tiene información acerca de la inversión de estos recursos y se han presentado inconsistencias en el número de beneficiarios de este convenio o peor aun incluyendo a barrios como el Paso en el departamento del Cesar con 210 habitantes o como la divina en Codazzi también en el Cesar entre otros, en donde ya se había iniciado el proceso de normalización.
Otro de los aspectos es el tema de la facturación. La tarifa de cobro de servicios públicos se establece mediante formula. La actual formula tiene el problema de que el margen de ganancia para los inversionista es alto y permite trampa para el aumento de utilidades. Hoy la ganancia asegurada por transmisión esta entre el 13% y el 13.9%; en Chile por ejemplo es del 10%, en Perú 12% y en Brasil 9.95.
Las utilidades aseguradas pueden acrecentare por razones legales pero ¿de qué forma? Con la eliminación de costos. Si los costos se disminuyen por eficiencia, según la ley 142 esta disminución debe verse reflejada en la tarifa, lo que en últimas resultaría positivo si pasara.
El mayor problema con los costos al interior de la formula es que no se trabajan con costos reales, si no con costos presuntos, que lo que hacen es pagar la reposición de los equipos (desde Transformadores hasta bombillos). Esa reposición de los equipos funciona así: si un transformador tiene una vida útil de 3 años, nosotros pagamos para que a los 3 años sea cambiado, aun cuando no se reemplace.
Una nueva situación es el pago de la energía que se pierde, que también se cobra en la tarifa. (Asoenergia, plantea que si se modificaran las cosas las tarifas podrían bajar entre el 20 y el 35%). Los cables, y demás elementos no son cobrados contra factura, si no bajo presuntos.
Respecto del tema de los impuestos señala que estas empresas en este sector de la energía eléctrica recaudan $1.42 Billones por impuesto de renta, eso es una tarifa real del 20% (Si están en zona franca se reduce a la mitad) de otro, lado según la DIAN si se pagaran el 33% (Impuesto nominal) que es lo que establece la ley, se deberían pagar $2.34 billones de impuestos al año; $923.000 millones es la diferencia en dinero entre el 20 y el 33%.esto podrían bajar las tarifas al año.
Hay que aclarar que en el periodo presidencial pasado se disminuyó este impuesto del 33 al 25% pero al no sufrir modificación la formula, el porcentaje y la cifra citada se mantiene vigente.
En conclusión, debemos decir tres cosas; la primera es que Electricaribe es una empresa rentable, en donde los ingresos operacionales y los activos tienen una tendencia creciente. Situación que según las estadísticas entregadas por la misma entidad así lo demuestran.
La segunda es que la solución para mejorar el servicio de energía eléctrica no se logra atravez del aumento de las tarifas, si no, la intervención estatal que mejore la calidad de la prestación atravez de un plan de corto, mediana y largo plazo por medio de la optimización de la infraestructura energética en la región Caribe, sin alzas en las tarifas para los usuarios y sin que la administración y ejecución de estos recursos le corresponda a Electricaribe.
Y la tercera es que los habitantes de la Costa Atlántica, nos vemos afectados de una mala prestación del servicio producto no solo por el sistema de cobro diseñado por la CREG, sino también y en especial por el modelo energético que existen en el país, en el cual se privilegia la máxima ganancia a los actores privados que participan en este sistema, en detrimento ciertamente del bienestar del conjunto de la sociedad.
