El desarrollo económico requiere de una buena combinación de iniciativa privada y apoyo estatal, expresado a través del gasto público, en la dotación de bienes y servicios de disfrute colectivo. La crisis mundial de 1929 y la de 2008 demostraron que los mercados son incapaces de autorregularse y se necesita la intervención del Estado para corregir el rumbo.

En países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Corea el gasto público representa porcentajes de participación significativos. En Estados Unidos es el 38% del PIB, en Francia el 57% y en Alemania el 44%. En cambio en países como Nicaragua es el 24,7% del PIB, en Haití es el 25%, en Zimbabue el 28% y Colombia no está muy lejos de estos niveles, con 29,4% del gasto público como porcentaje del PIB. Así se observa en el cuadro 1.

La discusión no es si los gobiernos deben tener gasto público, sino sobre la calidad del mismo, la selección de las áreas en las que se debe invertir, la eficacia y –por supuesto- el adecuado nivel de gasto que lleve al cumplimiento de las metas. Colombia es definida en el artículo 1° de la Constitución Política como un “Estado social de derecho”, y en su sentido teórico debe propender por la consecución del bienestar general de la población, supliendo las necesidades en materia de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, entre otros, como se consagra en el artículo 334 de la Constitución, el cual establece:

“La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones (…)”

En la literatura económica pueden encontrarse una diversidad de apreciaciones sobre los sectores en los que debe invertir el Estado, desde la clásica y la neoclásica del Estado mínimo o su actuación de manera residual, hasta las funciones musgravianas que le otorga una mayor responsabilidad al Estado, por ejemplo en la equidad distributiva, estabilidad macroeconómica y eficiencia en la asignación de recursos productivos. Así la literatura económica considera, en general, siete áreas mínimas en las que el sector público tiene responsabilidad de incidir, y donde por tanto su desempeño debe ser evaluado. Estas son:

• Equidad distributiva

• Estabilidad macroeconómica

• Desempeño económico

• Educación

• Salud 5

• Calidad institucional

• Pobreza

Después de delimitar por qué es necesario el gasto público en una sociedad o en lo que se debe o no se debe gastar el presupuesto público, la siguiente pregunta es saber cuánto se debe gastar, si se gasta correctamente y si lo que se gasta funciona. Es decir, la relación resultados/gastos (eficiencia) y la obtención de buenos resultados (efectividad).

La pregunta por la eficiencia del gasto público está relacionada con la pregunta por  los resultados del gasto y el nivel de gasto, ya que la manera y la cantidad de lo que gasta el Estado, se espera se refleje en las condiciones de vida de la ciudadanía.

Realizar una caracterización de la función pública en Colombia a través del estudio de la eficiencia del gasto público de la Nación es una propuesta necesaria. Por ello, el presente estudio es una primera aproximación sobre la eficiencia del gasto público, que según respuestas obtenidas por Justicia Tributaria desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP), no ha sido realizado.

Para esta investigación se utilizaron fuentes secundarias de información. Los datos utilizados en la investigación se basan en la información suministrada por fuentes oficiales a nivel nacional como el DANE, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y, a nivel internacional como: Cepalstat, Ocdestat, Unesco y el Banco Mundial.

Documento completo:

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