En 2001 se expidió la legislación que regula el uso de alcohol carburante en mezcla con la gasolina y diésel, con el propósito de sanear ambientalmente y “como dinamizador de la producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto agrícola como industrial”, como reza la Ley 693. En ese momento algunos sectores entendimos que la norma realmente tenía como objetivo lanzar un salvavidas al sector azucarero, en crisis por los excedentes de producción.
Efectivamente, los ingenios azucareros invirtieron USD 250 millones para montar las destilerías de Incauca, Providencia, Mayagüez, Manuelita y Riopaila-Castilla, a las que se sumaron después Risaralda y Bioenergy, llegando a 2 millones de litros al día de producción.
También advertimos que, tal cual estaba establecida la ley y según las condiciones de competencia del país, se abriría la puerta para que las obligaciones de la mezcla etanol-gasolina fueran cumplidas con importaciones desde Estados Unidos, en ese momento ya convertido en el principal productor a nivel mundial con maíz subsidiado, oferta que recibió USD 50.000 millones en ayudas federales entre 2005 y 2015.
Pasaron pocos años para que el pronóstico se cumpliera. Por exigencia que viene desde el entonces vicepresidente Joe Biden, en el marco del TLC, el gobierno de Juan Manuel Santos derogó la resolución que permitía la importación únicamente cuando hubiera faltante de producción nacional. Esta resolución vigente desde abril de 2014 hasta abril de 2017, fue un mecanismo de contención a las importaciones masivas del etanol gringo, tan lesivas que ¡hasta la Superintendencia de Industria y Comercio le dio su visto bueno! porque aunque es “una restricción a la competencia, la misma se ve justificada al amparo de la política pública del Gobierno Nacional”[1], en cuanto a soberanía energética y desarrollo agrícola.
El TLC también eliminó los aranceles de etanol a partir de 2016, cuando el país importó 18,5 millones de litros, 900% más que lo que compró en 2015 cuando todavía existían restricciones normativas y arancelarias.
Mientras esto ocurre en Colombia, la Unión Europea impuso un arancel de 24%, Brasil de 20% y China de hasta 40% a las importaciones de etanol gringo. Pero –claro– ellos no tienen la inteligencia criolla de haber negociado un TLC con ese país que impide proteger su economía.
Hay una intención calculada por parte del gobierno nacional de lesionar la producción colombiana, como parte de la política de comprar todo en el extranjero, bajo el falso argumento de beneficiar al consumidor con precios bajos, pero arruinando a quienes proveen los salarios a dichos consumidores.
La producción de etanol colombiana ocupa a 100.000 personas y cuenta con 3600 empleos industriales formales de alta capacitación y remuneración, de –indiscutible– mejor calidad que los ocupados en el rebusque, que representan el 60% de los nuevos trabajos creados durante el gobierno Santos.
Los fundamentalistas económicos no tienen ningún recato en poner en riesgo millonarias inversiones, una capacidad productiva instalada y los empleos de miles de personas, con tal de beneficiar los intereses de grandes grupos económicos estadounidenses que, como se sabe, jugaron un papel muy importante en la victoria de Donald Trump, que está siendo correspondida con más privilegios estatales. Una política económica diferente para Colombia obliga a tomar medidas urgentes para proteger la producción de etanol y a los consumidores que trabajan para este sector.
[1] Concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, 14 de abril de 2014.
Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo y profesor del CESA.
