El Espectador / Por: José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia
Al fin el Gobierno corrigió y reconoció que sí existen controversias jurídicas sin resolver en la venta de Isagén y sorpresivamente informó que sí desarrolló estudios que sopesaron alternativas diferentes a la venta de este estratégico activo de la Nación para financiar las obras de infraestructura de 4G, sin embargo, dicho estudio no es público, como debería ser en cualquier democracia, mientras la mayoría absoluta de senadores exige que se consideren sus propuestas para evitar esta ilegal expropiación de lo público.
En efecto, el propio viceministro técnico de Hacienda, en debate televisivo el lunes pasado en el programa Semana en Vivo, aceptó que el Gobierno adelantó estudios de alternativas para financiar los proyectos de infraestructura vial de 4G diferentes a la venta de Isagén, sin embargo, no ha hecho público el documento, si de verdad existe, y mucho menos ha sopesado las diferentes propuestas que le han detallado diferentes sectores, como la utilización de los recursos ahorrados por la regiones, la titularización de los flujos de caja de Isagén o la capitalización de la FDN por cuenta de Fogafin u otra instancia. Por ello, me permito elevar públicamente, como derecho de petición, que el viceministro exponga el estudio mencionado, como prueba adicional de que sí existen formas diferentes de financiar el necesario avance en obras de infraestructura y que no es cierto, como en dicho debate se quiso hacer ver, que quienes se oponen a la venta de Isagén son enemigos del desarrollo de las vías y puertos que necesita Colombia para mejorar su mermada productividad y afrontar los retos económicos que se vienen.
De los 102 senadores de Colombia, más de la mitad han manifestado públicamente su oposición a la ilegal e inconveniente venta de Isagén: 20 del Centro Democrático, 17 liberales, cinco del Polo, cinco del Partido Verde y nueve de los conservadores, sin contar con los tres senadores de Opción Ciudadana que se opusieron el año pasado. Así las cosas, ¿de qué sirve el cacareado “equilibrio de poderes” si la Rama Legislativa es inútil ante la monarquía presidencial?
El terco ímpetu del Gobierno de precipitar esta ilegal venta de lo público es ofensivo, no sólo con las mayorías del Senado sino con todos los colombianos, mientras tanto, esta terquedad del Gobierno pareciera estar en línea con la indebida utilización de la Vicepresidencia de la República como palanca electoral, al nutrirla con los recursos fiscales extraordinarios originados en dicha venta para solventar las deficiencias y riesgos financieros de los proyectos de 4G, otorgándole atribuciones a la Vicepresidencia para presionar licencias ambientales exprés mediante la priorización de proyectos, tal y como ya se denunció en esta misma columna con el aterrador ejemplo del proyecto de Porvenir II. Qué deslucida democracia.
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