Colombia mantiene vigente desde 2012 su tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero Washington puede adoptar medidas comerciales mediante su legislación interna sin renegociar ese acuerdo. Esa situación estuvo en el centro del panel “Del libre comercio al proteccionismo: mercado interno, geopolítica y nueva política comercial”, organizado por Cedetrabajo y otras organizaciones,el pasado 15 de septiembre, donde Olga Lucía González, directora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, analizó qué ocurre con las reglas pactadas cuando una de las partes puede modificar las condiciones de acceso a su mercado.
El 23 de julio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, impuso aranceles mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 a 60 economías investigadas por sus normas sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Colombia quedó entre los países sujetos a una tarifa adicional del 12,5 %, con productos exceptuados de la medida.
Un TLC y otros aranceles
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Estados Unidos continúa vigente y conserva las obligaciones pactadas por los dos países. La medida adoptada en julio no surgió de una renegociación del TLC, sino de la aplicación de la legislación comercial estadounidense.
Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas. En julio recibió el 28,5 % del valor FOB vendido por Colombia al exterior. Entre enero y julio compró US$9.234,1 millones, equivalentes al 28,4 % de las exportaciones nacionales.
Ese peso comercial explica el alcance de la pregunta formulada por González. La jurista recordó que Colombia pasó de la apertura unilateral de los años noventa a la firma de acuerdos que establecían reglas de origen, salvaguardias, derechos compensatorios y mecanismos antidumping. Ella misma cuestionó durante años las asimetrías de tratados como el firmado con Estados Unidos. Su preocupación ahora está en la capacidad de esas reglas para ofrecer estabilidad. González sostuvo que durante décadas los acuerdos fueron presentados como una garantía de seguridad jurídica para los países y las empresas. Las decisiones recientes de Washington, según su análisis, reducen esa certeza porque Estados Unidos puede recurrir a medidas comerciales adoptadas bajo sus propias normas.
Jorge Enrique Robledo hizo una precisión desde su posición crítica frente a los TLC. El exsenador no considera que el libre comercio esté desapareciendo. Sostiene que los TLC continúan vigentes en casi toda su estructura, mientras Estados Unidos agrega aranceles y otras decisiones unilaterales. Cree que ese proceso empeora acuerdos que ya consideraba perjudiciales para Colombia, propone renegociarlos, proteger parte de la producción agropecuaria y mantener relaciones con todos los países bajo criterios de soberanía e independencia. Interpreta esa transformación estadounidense como un proceso de recolonización, más que como un simple regreso del proteccionismo.
Qué puede vender Colombia
Pero para Óscar Torrealba, director de Investigaciones del ICP, Colombia tendrá poca capacidad de negociación mientras participe en el comercio internacional con una oferta de bajo valor agregado. Citó las dificultades de las mipymes y la escasa participación colombiana en cadenas internacionales de valor.
Las exportaciones muestran una alta participación de productos extractivos y agropecuarios. Entre enero y julio de 2026, Colombia vendió US$32.489,2 millones al exterior. Los combustibles y productos de industrias extractivas representaron el 40,5 % de ese valor. Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas aportaron el 26,7 %. Las manufacturas participaron con el 18,8 % y registraron una caída de 2,5 % frente al mismo periodo de 2025.
Torrealba también planteó que una mayor producción de bienes con valor agregado daría al país más herramientas frente a cambios en las condiciones comerciales. Su intervención se concentró en productividad, trámites y capacidad empresarial, con las mipymes como uno de los sectores que tendrían que fortalecerse.
Guatemala: un TLC vigente y nuevas reglas
Jorge Coronado, representante de la Plataforma América Latina Mejor Sin TLC, mencionó el caso de Guatemala, que ya tenía un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el CAFTA-DR, cuando firmó en enero de 2026 un nuevo acuerdo comercial. Colombia está en una situación parecida: conserva su TLC con Washington, pero Estados Unidos le impuso en julio un arancel adicional del 12,5 % mediante su legislación interna.
Jorge Coronado sostuvo que los acuerdos con Guatemala y El Salvador “vienen a desarmar el CAFTA” y que forman parte de la disputa comercial de Estados Unidos con China. En el caso guatemalteco, explicó que Washington puede terminar el nuevo acuerdo si el país firma un tratado de libre comercio o un acuerdo preferencial con una economía considerada “de no mercado”. Para Coronado, esa condición busca limitar la relación comercial de Guatemala con China.
El acuerdo también incorpora obligaciones sobre normas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen y seguridad económica. Coronado advirtió que esas condiciones se suman a un tratado que ya estaba vigente y permiten a Estados Unidos exigir nuevas obligaciones sin desmontar formalmente el CAFTA-DR.
Sobre el futuro comercial de Colombia
A Colombia le corresponde definir con seriedad cómo mantener una relación comercial justa con Estados Unidos, mientras protege su capacidad productiva y conserva espacio para negociar con otros mercados mientras cambian las reglas bajo las que opera el comercio internacional.
Olga Lucía González recordó que estuvo entre quienes cuestionaron los TLC y sus asimetrías. Eso no la llevó a defender la forma como fueron negociados y agregó que, frente a decisiones comerciales unilaterales, prefiere un sistema en el que las condiciones estén pactadas de antemano.
“A nuestras economías les hace mejor un mundo con reglas”, dijo.
