Bogotá, 28 de marzo de 2014
De manera irresponsable, el gobierno de Juan Manuel Santos y su Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría decidieron en julio de 2013 vender a Isagen. No hay estudios técnicos que sustenten la conveniencia y oportunidad de esta decisión, ni que evalúen los impactos que produciría para el país, pero además el proceso se adelantó violando leyes que incluso ellos mismos aprobaron.
Frente a estos hechos, que afectan los intereses del país al perder una empresa estratégica para el desarrollo, que genera multimillonarias utilidades para el Estado y cuyo funcionamiento es eficiente, la Red por la Justicia Tributaria en Colombia y Sintraisagen tomamos la decisión de demandar el Decreto 1609, que permite la venta de la empresa.
En total se interpusieron cuatro acciones judiciales ante el Consejo de Estado: dos acciones de nulidad, una solicitud de medida cautelar urgente y una tutela. En el día de hoy el Consejo de Estado, a través de la magistrada María Claudia Rojas, resolvió suspender provisionalmente el Decreto de enajenación, “mientras la Corporación adelante el examen de constitucionalidad del programa de enajenación de las acciones de la Nación en ISAGEN” y ordena la “suspensión de los efectos jurídicos del acto demandado (…) para mantener incólume la integridad del patrimonio público del Estado, precaviendo el perjuicio irremediable que ocasionaría su eventual detrimento”.
La decisión del Consejo de Estado es una excelente noticia para los colombianos, pues se evitó la venta de una empresa estratégica y que ha aportado positivamente a la economía de la nación. Las motivaciones del gobierno nacional para venderla corresponden a la improvisación, una mirada de corto plazo que no tiene en cuenta las perspectivas globales del desarrollo nacional y el papel estratégico de la energía.
Celebramos la actuación del Consejo de Estado, la cual reanima el debate sobre la inconveniencia de la venta. Seguiremos trabajando para evitar la enajenación de Isagen y denunciar las medidas gubernamentales que solo benefician a grandes capitales y limitan la capacidad del Estado de promover el desarrollo social.
A continuación puede ver el documento con la Resolución del Consejo de Estado:
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