“Es un encarecido llamado para que se frene el decreto que estableció la venta”, señaló el senador Guillermo García Realpe.
Portafolio. Unas semanas después de que el Gobierno elevara a 5 billones de pesos el precio mínimo de su participación en Isagén, la venta de la generadora recibe duras críticas en el Senado, sustentadas por tres parlamentarios que citaron a un debate de control político.
El senador Mauricio Lizcano, cuestionó que el precio mínimo 57,66 por ciento de la Nación en esta compañía solo haya sido valorado en este monto, que es apenas 800.000 millones de pesos superior que el presupuesto de inversión de un solo proyecto, como lo es Hidrosogamoso, que entraría a operar a mediados del 2015.
El parlamentario reveló que cuando se privatizó el 16 por ciento en el Gobierno de Álvaro Uribe, anterior, los 40 accionistas minoritarios que entraron (principalmente empresas) hicieron firmar una cláusula señalando que en caso de venta de la empresa ellos serían los primeros oferentes, algo que no está pensado en el proyecto de venta.
Además, reveló que cuando Isagén tomó un crédito en Estados Unidos para financiar su plan de inversiones, una de las condiciones es que si el Estado sale de sus acciones, se hace efectiva una multa de 70 millones de dólares y se debe hacer el pago total de los recursos, para un total de 500.000 millones de pesos.
Tanto Lizcano, como los senadores Camilo Sánchez y Guillermo García Realpe pidieron buscar fórmulas, pues no se trata de que el Estado escoja entre la generación de energía o las carreteras, pues los dos activos se necesitan.
Al advertir que no se deben cometer los mismos errores que el Gobierno anterior, los parlamentarios propusieron alternativas como liberar para infraestructura parte de los 20 billones de pesos en depósitos que el Gobierno tiene en el Banco de la República, o hacer una modificación a las normas, para que de las reservas internacionales, que hoy le generan pérdidas al Banco Central, se puedan inyectar en apalancar los fondos de infraestructura.
La gran mayoría de congresistas que intervino cuestionó el papel de la valoración realizado por la firma Inverlink, que no solo se ha ganado los tres procesos de valoración, sino que no ha cobrado por el proceso, ya que sus ganancias provendrían de una prima de éxito del negocio.