La apertura de la primera etapa de enajenación de acciones es un “despropósito”, “una falta de respeto”, que desconoce la Constitución y las decisiones pendientes de altos tribunales frente a la intención del Gobierno de privatizar a Isagén.

Así lo consideran, consultados por este diario, quienes han interpuesto acciones jurídicas para frenar o replantear las condiciones del proceso de venta que adelanta el Gobierno del 57,6 por ciento de la Nación en Isagén.

Su preocupación mayor es que aún ni el Consejo de Estado ni el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se han pronunciado acerca de las medidas cautelares solicitadas.

De una parte están dos acciones populares ante el Tribunal, una del expresidente Álvaro Uribe y otra interpuesta por el grupo Dueños de Isagén

También hacen curso tres acciones de nulidad ante el Consejo de Estado por distintas razones e impulsadas por el sindicato de Isagén y el colectivo Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

Un sexto recurso legal fue una acción de tutela de Sintraisagén, en agosto pasado, declarada improcedente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en vista de que había otros recursos jurídicos.

Todas estas demandas son contra el Ministerio de Hacienda, cuyo titular, Mauricio Cárdenas Santamaría, considera que “pasó un tiempo más que prudencial” para que los tribunales se pronunciaran.

Sin embargo, el mes pasado el mismo funcionario dijo que no había afán en el proceso de venta: “estamos esperando las decisiones del magistrado de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las medidas cautelares, esperamos que no las haya y seguiremos adelante”, como registró Colprensa.

Para el presidente de Sintraisagén, Óscar Albeiro Vallejo, la “apresurada” apertura de la venta, pese a las acciones jurídicas en contra, demuestra “el afán del Gobierno por tener recursos frescos, así insista en que no hay hueco fiscal”

Desde la orilla de Guillermo Rodríguez, abogado del expresidente Uribe, llama la atención que el aviso de oferta de acciones se publique justo en la semana que está previsto decidirse la medida cautelar de la acción popular interpuesta desde agosto.

Por su parte, Mario Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, comenta que el proceso de enajenación de acciones no puede iniciarse cuando el Gobierno ha incumplido dos normas para impulsar el proceso.

En primer lugar, no se anunció al Congreso la venta de Isagén en un plan de enajenación en los primeros 60 días del año, según los términos de ley, como lo certificó la Secretaría General del Congreso (ver facsímil).

Como segundo, Valencia señala que “se ve el afán del Gobierno en querer vender a Isagén, que ni lo contempló en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que se presentó este año al Congreso, violando la Ley 1473 de 2011 (sostenibilidad fiscal)”.

Rodrigo Toro Escobar, representante de Dueños de Isagén, grupo de empleados y extrabajadores de la generadora que participan en la primera etapa de venta, anunció que analiza con el equipo asesor de abogados nuevas acciones jurídicas.

“Este gobierno actúa con razones más políticas que jurídicas al vulnerar los derechos que tiene el sector solidario, pues quiere poner límites a la compra que no contempla la ley”, concluye el exgerente Financiero de Isagén.