Informe revela debilidades de la minería de oro en Colombia que la hacen muy vulnerable a actividades ilícitas y criminales

Bogotá, D.C, 10 de febrero de 2020 @illicitflows @responsiblemines @cedetrabajo 

El más reciente informe realizado por el tanque de pensamiento estadounidense Global Financial Integrity (GFI), la Alianza por la Minería Responsable (AMR) y el Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo) reveló que la minería de oro en Colombia requiere medidas urgentes que propendan por la transparencia y que eviten que sea una actividad sujeta a flujos ilícitos de dinero y actividades criminales.

En el informe se examinan las principales problemáticas en el ámbito ambiental, comercial y social de la minería de oro legal, ilegal e informal y se presentan recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional alrededor de la transparencia y el desarrollo económico. Se identifica que en toda la cadena de valor, desde el proceso de extracción del metal precioso, hasta su comercialización (y eventual exportación a mercados internacionales) hay actividades de corte criminal como facturación fraudulenta, extracción ilegal, flujos financieros ilícitos y lavado de activos. Así como unas afectaciones profundas en el medio ambiente debido a prácticas no sostenibles que afectan la biodiversidad y riqueza natural del país.

En 2019, Colombia exportó más de 52 toneladas de oro con un valor estimado de USD 1750 millones a socios comerciales en todo el mundo. El oro representa un recurso importante para el país, así como un sustento económico para muchas personas.

No obstante, este sector ha estado plagado de diversos problemas. Para empezar, hay atributos que hacen del oro un metal vulnerable ante la explotación ilícita, el tráfico y el lavado. No solo es tremendamente valioso, sino que es fácil de transportar y, en gran medida, difícil de rastrear. A diferencia de los narcóticos, este metal no es intrínsecamente ilícito y resulta complicado diferenciar entre oro de origen legal e ilegal. Además, los requisitos de ley para su transporte son menos estrictos que los del dinero en efectivo, por lo que es relativamente fácil cruzar fronteras internacionales con él. Todo ello representa aspectos atractivos para grupos criminales colombianos que buscan maximizar sus ingresos, trasladar estas ganancias de una jurisdicción a otra y minimizar el riesgo de ser atrapados. En este sentido, un expresidente de Colombia advirtió que, en la actualidad, la minería ilegal aporta más dinero a los grupos criminales, la guerrilla y las mafias que el narcotráfico.

Este informe se compone de dos grandes capítulos. El primero, analiza el contexto colombiano y explora el por qué la minería de oro, con su larga historia, ha sido blanco reciente de grupos criminales. Luego, presenta un análisis con datos ambientales de diferentes fuentes que mapea sitios mineros y su relación con ecosistemas y especies en peligro de extinción. Y, en tercer lugar, se muestra un análisis de la Alianza por la Minería Responsable (ARM) sobre los desafíos que enfrentan las comunidades mineras locales.

En el segundo capítulo, se analiza el comercio internacional. Empieza con un análisis por el Centro de Estudios de Trabajo (Cedetrabajo) sobre la facturación comercial fraudulenta dentro de las exportaciones de oro de Colombia. Seguidamente, se presenta un análisis de Global Financial Integrity (GFI) realizado con base en datos comerciales y factores de riesgo de transacciones ilícitas. Para finalizar, el informe concluye con una discusión sobre los esfuerzos ejecutados por las instituciones colombianas en cuanto a la aplicación de la ley para abordar el problema y cómo podrían robustecerse a través de estrategias de transparencia financiera.