La reciente polémica por los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados deja algunas inquietudes y sinsabores. Pero el debate va mucho más allá de un incremento de precios.
El consumo de alimentos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos, así como el sedentarismo, están asociados con el sobrepeso y la obesidad. En Colombia el 56% de personas entre 18 y 64 años presenta alguna de estas condiciones. En ese sentido, representan un riesgo de salud pública en Colombia.
Con esos argumentos, el Gobierno presentó dentro de su proyecto de Reforma Tributaria, “Para la Igualdad y la Justicia Social”, un impuesto “saludable” que grava una variedad de productos comestibles ultraprocesados y de bebidas azucaradas. El Gobierno nacional espera recaudar 2.116 miles de millones de pesos que se destinarán a “financiar los requerimientos del sistema de salud derivados de enfermedades relacionadas”, según el proyecto de ley.
Aunque crear nuevos impuestos para desincentivar el consumo de estos productos pareciera ser un medio apropiado para un fin loable, la realidad es que esta medida es regresiva. Es contraria a los principios tributarios de equidad y progresividad establecidos en la Constitución. Es regresiva porque recae directamente sobre los consumidores, esto hace que todos por igual, sin importar su nivel de ingresos, paguen la misma tarifa. Lo cual lleva a que las familias más pobres deban destinar una mayor proporción de sus recursos en comida en comparación con las más ricas.
Si a eso se le suma que a una de cada cuatro familias no le alcanza para comer tres veces al día, y que además estos alimentos que pretenden ser gravados tienen un mayor peso en sus canastas que en las de los hogares de ingreso alto, es evidente que el objetivo de reducir las cifras de consumo se logrará, pero el costo será que muchos colombianos terminarán pagando este impuesto con hambre.
Si bien reducir los índices de enfermedades crónicas no transmisibles debe ser una preocupación de la política pública de salud, no se puede hacer con medidas que generen efectos adversos en la sociedad y cuyos costos recaen especialmente sobre los más vulnerables.
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