Los TLC y la salud

Primera parte: la crisis en la salud y los medicamentos

Los Tratados de Libre Comercio tienen implicaciones económicas y sociales que van más allá del intercambio comercial y el flujo de capitales entre las partes. En este documento se analizan los efectos de los capítulos de propiedad intelectual y de inversiones en el sistema de salud colombiano en tres aspectos: los medicamentos, la inversión extranjera en el sector y las zonas francas de salud.

Está dividido en dos partes: la primera analiza la crisis del sistema de salud generada por la Ley 100 de 1993 que se basa en principios neoliberales como la intermediación financiera, la focalización y la eficiencia del gasto. A su vez, analiza los aspectos del capitulo de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos que influencian de manera más directa el acceso y la comercialización de los medicamentos y sus consecuencias.

En la segunda parte del documento se explora la inversión extranjera en el sector de salud en Colombia, relacionado con la adquisición de grandes corporaciones y fondos de inversión de EPS, fondos de aseguramiento, IPS y Hospitales especializados, entre otros, que en muchos casos se les otorga ventajas tributarias y jurídicas en Zonas Francas Especiales de Salud.

1. Introducción:

La crisis del sistema de salud basada en la Ley 100 de 1993 se ha profundizado, llegando a un punto de no retorno e inminente cierre de clínicas y hospitales por la abultada deuda de las EPS con las clínicas y hospitales de Colombia, tanto públicos como privados (IPS). Estas han denunciado que la deuda de las EPS asciende a $15 billones en el 2015[1].

La suspensión de servicios hospitalarios es un hecho por falta de recursos para operar. “Es inminente que en forma progresiva, desde el punto de vista administrativo, técnico y operativo, se comiencen a cerrar diferentes servicios de hospitales públicos, ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones”, según el último informe de cartera de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI. (ACESI, 2015). La presidenta ejecutiva de Acesi, Olga Lucía Zuluaga, manifestó en febrero de 2016 que “ya se han cerrado hospitales públicos en Neiva, Cartago, Girardot y algunos más en el Valle del Cauca. Entre 2014 y 2015 se han cerrado alrededor de 11 instituciones en todo el país”.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en el estudio de cartera número 32, con un total de 135 IPS reportantes, registró un monto de cartera por valor de $6 billones, que corresponde a un aumento del 14% con respecto a la deuda reportada en el semestre a diciembre de 2015. (ACHC, 2015)

Las razones de fondo de las deudas y la crisis se encuentran en el poder monopólico que han creado las EPS en el sistema de salud y en el control sobre el  manejo de los recursos públicos que se les otorgó con la Ley 100. La privatización de la administración de los servicios de salud con origen en la misma ley, les otorgó a las EPS facultades de intermediación que, dada la “información asimétrica” que caracteriza los sistemas de salud basados en el aseguramiento, les permite, entre otras ventajas, obtener  información de los usuarios sobre su historia clínica, los costos de los procedimientos y demás variables necesarias para calcular los montos de cotización y la manera de maximizar su ganancia. La intermediación de las EPS consiste en ofrecer servicios de mala calidad o por debajo de las cotizaciones, obteniendo cuantiosos recursos públicos que administran a su antojo.

“La Ley 100 constituyó uno de los mayores excesos del neoliberalismo. Sin mayores bases científicas, entregaron el sector salud y las pensiones, que representan más del 12 % del PIB, al sector financiero” (Sarmiento, 2014). El error parte de desconocer el comportamiento del sistema financiero y las características de los sectores sociales, como la salud. Las EPS tienden a imponer precios por encima del costo marginal. De esta manera se presenta una falla de mercado en el sector salud incorregible: “Por tratarse de una seria deficiencia, el sistema ofrece grandes oportunidades monopólicas que no se pueden neutralizar.” (Sarmiento, 2014)

La falla estructural del modelo de intermediación financiera ha tenido como consecuencia el aumento de las muertes evitables en Colombia, como lo confirma un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud:  “Durante el periodo 1998-2011, se reportaron en Colombia un total de 2’677.170 muertes, de las cuales 1’427.535 (53%) correspondieron a causas clasificadas como evitables”. “La muerte evitable se define como aquella muerte que dado los conocimientos médicos actuales y la tecnología, podría evitarse por el sistema de salud a través de prevención y/o tratamiento”. Esta es la evidencia más contundente del fracaso de la Ley 100 y el sistema de salud en Colombia.

En cuanto a la situación de los trabajadores de la salud, en especial los médicos, es válido resaltar el diagnóstico realizado por la Federación Médica Colombiana: “en el campo de la prestación de los servicios médicos, el gobierno no ha tenido el manejo de la salud, que se regula por el derecho privado con las EPS e IPS creadas por los grandes capitales y ha sido solo un observador en el campo laboral del personal de salud; aparecen toda clase de tipos de contratación como son: pago por servicios prestados con o sin concertación de precios de acuerdo al fenómeno de demanda y oferta pero siempre en detrimento de los ingresos médicos por contención de costos empresariales de los empleadores; pago por capitación para atender grupos de personas o familias cuyo riesgo lo asume el médico, es poco rentable para los especialistas y tiene mayor aplicación en el nivel I de atención por médicos generales; contratos leoninos; pago por salario y nombramiento por término indefinido el cual, teóricamente, debería ser el de mayor volumen para cargos misionales de las entidades de salud pero que no lo aplican porque se considera costoso para las empresas en términos de prestaciones sociales”. (FMC, 2016)

Como consecuencia de la crisis hospitalaria en el país, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, demostró que el 28% de IPS ha tenido que reducir su planta de personal por las deudas de las EPS con las clínicas y hospitales. “Asimismo, se pone en evidencia que al 16,7% de instituciones su personal le ha renunciado; un 22,8% de ellas ha tenido retrasos superiores a un mes para el pago de la nómina. Es importante resaltar que el impacto de esta coyuntura ha alterado el presupuesto de la vigencia, pues el 51,8% de instituciones tuvo que reducir los montos dispuestos para la ejecución de programas de formación y capacitación, un 28,9% tuvo que aplazarlas y un 20,2% cancelarlas”. (ACHC, 2016)

Finalmente, la ACHC demuestra que la crisis ha llevado a que el 50,9% de las IPS, hayan tenido que endeudarse para solventar la carencia de recursos con el fin de pagar sus nóminas o proveedores.

La aparición de las empresas de medicina prepagada que comenzaron a ofrecer servicios a la clase media y alta con un pretendido aumento de coberturas pero que en realidad se usaron para rebajar costos de la atención médica para su beneficio empresarial, fijando tarifas de los procedimientos, que comenzaron el recorte de ingresos de los médicos en forma sustancial y sirvió de plataforma para los abusos de las EPS privadas

2. Los medicamentos y la industria farmacéutica en los TLC:

Pero los quebrantos de la salud no paran ahí. El modelo de intermediación financiera de la EPS se encuentra enmarcado en la legislación derivada de la implementación de los Tratados de Libre Comercio, que tiene implicaciones en los precios y acceso a los medicamentos con consecuencias en la política farmacéutica del país; la inversión extranjera en las EPS  y en el aseguramiento como en Clínicas y Hospitales; el otorgamiento de ventajas tributarias y jurídicas para grandes conglomerados y corporaciones en Zonas Francas de salud.

Los efectos más evidentes de los TLC en el sistema de salud en Colombia se dan por la aplicación del capitulo de propiedad intelectual que genera beneficios monopólicos y ventajas jurídicas a las grandes farmacéuticas trasnacionales que afectan la industria nacional en la producción, uso y comercialización de los medicamentos, los cuales se han encarecido en los últimos años de manera significativa.

El capitulo de propiedad intelectual firmado en el TLC Colombia-EEUU incluye principalmente los siguientes aspectos que impactan de manera directa la industria farmacéutica nacional y los precios de los medicamentos importados, basados en un estudio del PhD Bernardo Useche (2012).

• Se les permite a las farmacéuticas trasnacionales obtener patentes para nuevos usos de drogas patentadas con anterioridad, es decir “renovar” las patentes que ya han cumplido un periodo de uso.
• El TLC garantiza la exclusividad de comercialización en Colombia a las drogas de marca con patentes que hayan expirado porque define un “producto nuevo” como aquél que contiene una entidad química que no haya sido aprobada previamente en el país.
• Dentro de estos parámetros restringidos, una empresa que produzca genéricos puede preparar su versión genérica de un medicamento patentado y obtener la información requerida para la aprobación del mercadeo antes de que termine la patente, pero el genérico solamente puede entrar al mercado después de que la patente haya expirado.
• Las patentes para productos farmacéuticos se extienden por más de 20 años. Colombia concede exclusividad de comercialización a las drogas patentadas por un período de por lo menos cinco años
• En el TLC se pueden otorgar prerrogativas especiales a las farmacéuticas al poder obtener tres tipos diferentes de patentes: patentes de productos, patentes de uso y patentes de procesos. A una compañía se le puede conferir varias patentes por la misma droga: una por cada componente de la entidad química, múltiples patentes de uso, una por cada nuevo uso o indicación y varias patentes para diversos procesos si la misma droga se produce de diferentes maneras. Todos los tres tipos de patentes se incluyeron en el TLC Colombia-EE.UU.
• El TLC también bloquea la posibilidad de licencias obligatorias, es decir, la posibilidad de liberar la producción de medicamentos, porque establece barreras a una licencia obligatoria, la exclusividad de la comercialización generada por la protección a los datos se convierte en la práctica en un obstáculo legal para la distribución de genéricos.

Por estas y otras condiciones ventajosas para la industria farmacéutica trasnacional, la Organización Panamericana de Salud estimó que para el año 2020 implicará que los gastos en medicamentos aumentarán en US $940 millones anuales. Por consiguiente, aproximadamente 6 millones de personas con necesidad de medicamentos no tendrían acceso a éstos. Según los mismos datos, el aumento en dichos gastos alcanzará US $1400 millones en 2030; año en el cual las empresas colombianas de genéricos verán reducida su participación en el mercado en 71% y cuando el uso de medicamentos por parte de la población habrá disminuido en 41%. (OPS, 2005).

Hasta el momento no se han realizado estudios que analicen el aumento de los precios de los medicamentos en los 4 años de implementación del TLC. Sin embargo, el Observatorio de los Medicamentos en Colombia -Observamed- hace un seguimiento a los medicamentos regulados. Entre 2015 y 2016 los precios de los medicamentos regulados que reportaron ventas al SISMED aumentaron 11.11%, es decir 4 puntos porcentuales por encima de la inflación causada en 2015. En cuanto a los precios de los medicamentos no regulados con precios exorbitantes, el Observamed ha denunciado que en sólo en un conjunto de 16 medicamentos, las trasnacionales farmacéuticas están cobrando un precio entre 50 y 100% por encima del precio internacional.

Juan Gossaín (2016), ha realizado una exhaustiva investigación comparativa de los precios de los medicamentos, encontrando, por ejemplo, la caja de Cozzar (medicamento para la presión arterial) cuesta 227.650 pesos y en España vale 8,20 euros, que al cambio de hoy equivalen a 27.806 pesos colombianos, una diferencia del 815 por ciento más que a los españoles. En Venezuela, la misma caja cuesta 65.000 pesos, lo cual traduce que aquí cuesta 350 por ciento más que allá.

Crestor (controlar el colesterol nocivo en la sangre), vale hoy en Colombia 440.000 pesos. En Francia cobran, por la misma caja, 61.000 pesos, lo que significa que la de aquí es 720 por ciento más cara. En Alemania cuesta 59.200 pesos. En Ecuador, vale 110.000 pesos, lo que indica que su precio es 400 por ciento menor que en Colombia.

Al comparar con los países latinoamericanos, Gossaín compara el precio del Glimepirida (genérico que se emplea para reducir el azúcar en la sangre), que cuesta 49.000 pesos (cuando hace 2 años costaba 26.950, un incremento del 55%) En Venezuela cuesta hoy 8.500 pesos colombianos, 10.600 en México, 10.300 en Chile.

Recordemos que la regulación de los precios de medicamentos en Colombia ha tenido importantes variaciones desde el 2006, cuando por presión de las corporaciones farmacéuticas, el ex ministro de Protección Social Diego Palacio, se permitió la liberalización de los precios de los medicamentos. Como consecuencia de dicha política, los recobros al Fosyga aumentaron de $ 557.331 millones el 2007 a $2.236.120 millones el 2010. En los años 2007 a 2010 la suma total de recobros llegó a $ 5,8 billones, con evidentes favorecimientos a farmacéuticas trasnacionales como Roche.

El aumento insostenible de lo precios generó un cambio en la política de precios de los medicamentos hasta el 2013, cuando se ordenó un régimen de precios controlados. La metodología se basa en la referenciación internacional de precios de 16 países (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega y Portugal) que en su gran mayoría cuentan con políticas económicas de libre mercado y con precios establecidos por dicho modelo, a través de las mismas casas farmacéuticas. Además en estos países también existen patentes que le permiten a las farmacéuticas mantener el control monopolístico en la producción, uso y comercialización de sus productos.

A pesar que la Circular 03 de 2013, que establece la metodología de esta nueva regulación, reglamenta que por lo menos una vez al año deberá ser aplicada esta metodología, los actores involucrados buscan adaptarse generando cambios pequeños a sus presentaciones reguladas, convirtiéndolas así en nuevos medicamentos que no serán objeto de regulación, hasta el nuevo periodo de aplicación. Es decir, las farmacéuticas encuentran la manera de prorrogar sus patentes indefinidamente manteniendo altos precios. (Useche, 2016)

Es decir, el problema de acceso parece no solucionarse, observándose un círculo vicioso de aceptar TLC y acuerdos de asociación con cláusulas que golpean la industria farmacéutica nacional y el acceso a los medicamentos, y posteriormente adoptar políticas y normas nacionales que de manera transitoria e insuficiente pretenden corregir las medidas en favor de patentes y monopolios establecidas en los tratados de comercio con otros países. (Damaris y Serrano, 2014)

Sumado a los beneficios otorgados a las farmacéuticas en los TLC y la legislación nacional acomodada a los intereses de ellas, la industria farmacéutica nacional se encuentra en un proceso de desindustrialización acelerada causada por decisiones, como la reubicación de plantas por parte de las empresas de capital extranjero, que ha reducido notablemente el número de laboratorios de producción de medicamentos ubicados en el territorio nacional, a la vez que se han aumentado las importaciones de productos farmacéuticos terminados para abastecer el mercado local. Además, la industria farmacéutica nacional no cuenta con los recursos financieros ni físicos para realizar los desarrollos productivos necesarios para competir a las importaciones protegidas por la legislación nacional y los TLC.

Como consecuencia, esto ha ocasionado un aumento significativo de los precios de los medicamentos monopólicos, creando serios problemas a la población de acceso a ellos cuando no se cuenta con los recursos necesarios para adquirirlos, bien sea mediante el sistema de salud o a través del pago directo por parte del paciente. Colombia es uno de los países con mayor carga de los gastos en salud con respecto al ingreso de los hogares, es decir el gasto de bolsillo en medicinas y tratamientos (Martínez, 2016)

Finalmente, vale recordar el famosos caso de Novartis: Luego de una importante presión de los gremios y sociedad científicas de Colombia, el gobierno colombiano decidió ceder ante los intereses de la trasnacional suiza, cuando tenía la posibilidad de emitir la declaratoria de interés público del medicamento Imatinib (usado para la leucemia).

En el boletín de prensa del 10 de junio de 2016 el ministro informó que se “expedirá una declaratoria de interés público para el medicamento Imatinib con el fin de reducir su precio” y a renglón seguido precisó: “el laboratorio mantendrá la exclusividad para comercializar el fármaco”. Teniendo en cuenta que el precio del tratamiento anual por paciente en Colombia es superior a los 15 mil dólares (el doble del ingreso anual per cápita) el acceso al Imatinib bien puede representar una situación de vida o muerte para las personas afectadas con leucemia.  Lo razonable es que con el otorgamiento de la licencia obligatoria el precio del tratamiento anual fuera similar al de India, país en donde, gracias a la competencia de los genéricos, el tratamiento anual tiene un costo de 803 dólares. (Useche, 2016)

3. Conclusiones:

Los TLC tienen efectos que van más allá del intercambio comerciales y de capitales. Con respecto al sector salud, los TLC afectan principalmente el acceso de los medicamentos producidos por las trasnacionales farmacéuticas que tienen ventajas jurídicas para la producción, uso y comercialización exclusiva de productos de marca patentados. Los elevados precios de los medicamentos ha significado una mayor carga de los gastos en salud de las familias colombianas con respecto a  sus ingresos. La industria farmacéutica nacional esta en un proceso de desindustrialización acelerada, no sólo por la salida de laboratorios tradicionales, sino por las masivas importaciones de productos protegidos por los TLC.

Segunda parte: La inversión extranjera y las zonas francas en el sector salud

La inversión extranjera en la salud ha crecido de manera notable en los últimos años en la adquisición de EPS, IPS especializadas y de alta complejidad, como también la adquisición de bienes inmuebles para la especulación inmobiliaria. Los capitales se ven atraídos por los bajos costos laborales y los beneficios tributarios de las zonas francas de salud, que ponen en evidente desventaja a las clínicas y hospitales nacionales, tanto públicos como privados.

1. Inversión extranjera en Salud

La inversión extranjera en el sector salud es relativamente reciente en el país. La crisis del sistema de salud colombiano ha sido vista como una oportunidad para los grandes negociantes de la salud en el mundo. Basados en los TLC, trasnacionales de servicios médicos empezaron a adquirir EPS en Colombia, en especial las que presentan graves problemas financieros.

Un primer caso es el de Christus Health, un emporio de la salud que tiene negocios en Estados Unidos, México y Chile. Desde el 1 de enero, la trasnacional de salud Christus Health se hizo con un porcentaje de Coomeva EPS la cual maneja cerca de 3 millones de afiliados y alcanza ingresos por $2,4 billones. La EPS tiene costos por $2,3 billones, pérdidas por $35.000 millones y una deuda con sus prestadores que ronda los $500.000 millones, según cifras al cierre del 2014.

Por su parte la compradora tiene activos por US$4.600 millones ($15,2 billones), y también hace presencia en México y Chile. Su llegada al país austral se dio en 2013 cuando le compró a la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 40 % de la Red Salud UC a Christus Health por US$205 millones ($680.600 millones). En Estados Unidos es dueña de 350 instalaciones, que incluyen 175 clínicas.

La entrada de este gigante de la salud a Colombia marca un precedente, pues al rentable negocio de las EPS, con escasa participación extrajera, los grandes inversionistas  ahora están interesados en participar en el mercado protegido por los TLC.

Los inversionistas extranjeros han despertado el interés en la salud por el crecimiento del sector en los últimos años. Según las estadísticas del Dane, la expedición de licencias para la construcción de hospitales se ubicó el año anterior en 567.074 metros cuadrados, con un crecimiento de 32,9 por ciento, contra el 2014, cuando totalizó 426.587 metros. Fue uno de los rubros de la construcción en el país con más proyectos en ciernes.

Estas cifras se cuentan entre los argumentos para que fondos de capital, firmas privadas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, entre otros, se estén interesando por la construcción de infraestructura para este tipo de atención médica. Los inversionistas se interesan en Colombia por que tiene uno de los costos más competitivos en Latinoamérica, en términos de cirugías y tratamientos médicos, de acuerdo con la Cepal.

Por ejemplo, se estima que los pacientes pueden recibir servicios profesionales de alta calidad hasta con un 40 por ciento menos en la tarifa final que en países como Holanda, EE. UU. o España. “El sector salud está en crisis, pero precisamente, por esa razón, lleno de oportunidades de mejoramiento”, ha manifestado Martha Juliana Silva, presidenta de Silk Banca de Inversión, un fondo de inversiones española que realiza consultorías para la gestión de lo servicios de salud en Colombia.

Además de la inversión extranjera en la adquisición de EPS, los fondos de capital externo han apalancado la construcción de complejos médicos internacionales como el Hospital Internacional de Colombia (Santander), en el que se invirtieron US$200 millones financiados por bancos y la IFC, que es la unidad del Banco Mundial que le presta al sector privado. El HIC además de los servicios de salud contará con un hotel y centro de convenciones, demostrando que esta orientado más al “turismo de salud”, es decir a la venta de servicios y tratamientos de salud a extranjeros, que ha resolver las necesidades medicas de los colombianos.

Otros ejemplos de inversiones extranjeras en salud está relacionado con la adquisición de IPS especializadas, como la londinense Ashmore, que en 2013 invirtió en Diagnósticos Cardiológicos Especializados (Diacorsas), una empresa que opera hospitales en Manizales, Ibagué y Santa Marta. Camilo Villaveces, presidente de Ashmore Colombia, ha explicado en los medios impresos que invierten en IPS porque ven que es un negocio con potencial, por encima de la garantía del derecho a la salud de los colombianos.

Hasta ahora Ashmore ha destinado entre US$30 y US$40 millones al sector salud en el país y planean invertir otros US$60 millones más. Villaveces dice que le interesan los hospitales y las clínicas de alta complejidad, pero no las EPS, pues el modelo de negocio es distinto y tiene otras particularidades.

Otro fondo es National Clinics, un operador de hospitales que nació en 2014 y ya opera 400 camas en su sede Centenario (en el centro de Bogotá) y en la Clínica San Rafael (al sur de Bogotá), donde ha dividido la operación del manejo inmobiliario. Carlos Flórez, vicepresidente Financiero de National Clinics, ha declarado que con la San Rafael se les planteó otro negocio, que fue el de comprar las instalaciones de la clínica para que los propietarios se concentraran solo en la operación y no en el manejo inmobiliario. “Como a nosotros no nos interesa la finca raíz, sino la operación de hospitales, entonces encontramos otro socio: el fondo Rizk Ventures”. Es decir, la inversión extranjera en las IPS no solo se ha concentrado en la operación de servicios, sino a la especulación financiera: compran los inmuebles de los hospitales y luego los subarriendan a sus antiguos propietarios para que ellos se dediquen solo a la parte operativa.
Además de la Clínica San Rafael, Rizk Ventures también compró el inmueble donde comenzará a funcionar desde este 28 de julio el Hospital Internacional de Colombia, gestionado por la Fundación Cardiovascular de Colombia y junto con National Clinics operarán la Clínica Los Nevados en Pereira, donde funcionaba anteriormente la Clínica Cardiovascular del Niño (antiguo Seguro Social).

Otro fondo metido en el sector es MAS Equity Partner, que en 2013 invirtió $25.000 millones en la Clínica las Américas de Medellín. Igualmente es socio de las Clínicas Odontológicas Sonría.

Los fondos de capital privados se ven atraídos por el negocio de la intermediación  y de los cuantiosos recursos que el Gobierno gira mensualmente para pagar la salud de casi toda la población (pues la cobertura es casi universal). Se estima que al año los gastos en el sistema son unos $30 billones, es decir un filón de negocios jugosos para los inversionistas extranjeros.

Para resumir hasta aquí, es importante mencionar que la inversión extranjera en Colombia, atraída por los costos competitivos y la posibilidad de negocio asegurado por la intermediación financiera de los gastos del Estado, se da en varias etapas de del sistema: unos fondos de capital han adquirido EPS, otros IPS orientadas al turismo de salud, IPS especializadas y finalmente inversiones dirigidas a la especulación inmobiliaria. En cualquier caso es evidente el interés por la rentabilidad económica, por encima de la garantía del derecho a la salud.

2. Zonas Francas

Las Zonas Francas en salud son territorios delimitados donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la exclusión del pago de derechos de importación de mercancías de algunos impuestos o la regulación de estos. Las zonas francas de salud se dedican a procedimientos de alta complejidad y al turismo de salud con capitales extranjeros.

Según la legislación colombiana las Instituciones de Salud, sean zonas francas o no, están excluidas del IVA en la prestación de los servicios de salud y en la venta de medicamentos. De la misma manera, los tratados de libre comercio establecen la reducción de los aranceles a 0% en la mayoría de los equipos biomédicos, los cuales en su gran mayoría son importados.

Bajo este contexto, los beneficios de zona franca se traducen de manera significativa en la reducción de la tarifa de impuesto de renta al 15% para las sociedades y a la reducción en el IVA de los materiales de construcción, beneficios que según el marco normativo se pueden otorgar hasta por 15 años. Los inversionistas extranjeros beneficiados con las zonas francas tienen ventajas sobre las IPS públicas o privadas que deben pagar mayores tributos con menores beneficios.

Actualmente, existen 13 plataformas de actividades médicas que han acumulado inversiones de alrededor de $1 billón. Para el 2016, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo otorgó 3 nuevas zonas francas en los departamentos de Cundinamarca y Córdoba.  Las 13 se ubican en Floridablanca, Cúcuta, Neiva, Puerto Colombia, Pasto, Bogotá, Rionegro, Cartagena, Soacha, Chía y Montería.

Para el caso de Bogotá, vale la pena describir la Zona Franca de La Clínica Los Nogales, la cual ha abierto progresivamente sus servicios, con diseños y tecnología de punta. Esta Zona Franca esta orientada a la atención de ejecutivos y habitaciones tipo ‘suite’. Es un centro hospitalario de lujo con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos.

El público objetivo del centro son usuarios particulares, afiliados a medicina prepagada y pacientes que cuentan con planes complementarios de salud y pólizas de seguros. La otra línea de negocios es la captación de pacientes del exterior, por lo cual construirán un hotel boutique en varios lotes, frente a la edificación actual.

Definitivamente el desarrollo de las zonas francas en salud no esta guiado por la necesidad de mejorar la calidad en la prestación de servicios para garantizar el derecho de salud de los colombianos. Esta orientada al negocio de la medicina de lujo para un sector de la población altamente restringido y el turismo de salud.

Los inversionistas extranjeros se encuentran atraídos no sólo por las ventajas tributarias otorgadas en las zonas francas. Realizan sus inversiones por los bajos costos, en especial los salariales, por la elevada tercerización laboral y contratación por prestación e servicios de los profesionales y especialistas de la salud. Según la Federación Medica de Colombia, cerca del 80 % de los médicos y profesionales de la salud no tiene contratos estables ni prestaciones sociales, entre otras cosas, por el modelo laboral que aplican las clínicas y hospitales del país.

Como consecuencia, el promedio del salario de un médico general en Colombia es de $2’500 mil, lo cual no corresponde a la elevada inversión realizada por los médicos durante 6 ó 7 años que estudian su pregrado para alcanzar el título de médico. “Para sobrevivir adecuadamente tienen que tener dos trabajos y, a veces, en ocasiones más. No ganan más de 3 o 4 salarios mínimos ($ 1’848.000 o $ 2’464.000, respectivamente) después de unos estudios supremamente prolongados (FMC, 2016).

Los bajos salarios y la flexibilización laboral atraen los capitales y pacientes extranjeros provenientes principalmente de los países desarrollados. Simplemente al comparar los ingresos anuales de los médicos generales en 10 países[2] se encuentra que es de US$106.200 (equivalente a cerca de COP$319 millones) superada principalmente en Estados Unidos, donde el salario anual medio de un médico general es de US$161.000 (COP$ 483 millones)

Entretanto, un especialista en los 10 países recibe en promedio US$174.200 (COP$ 522 millones) cifra superada notoriamente por el nº1 del listado, Países Bajos, con un salario medio de US$253.000 (COP$ 759 millones). Con respecto al PIB per cápita, la media de los 10 países de PIB para especialistas es 5,1, superado con creces en Australia donde se corresponde con el 7,6; y en médicos generales la media es de 3,25, superada más ampliamente por Reino Unido, con 3,9. Mientras en Colombia, los salarios anuales de un especialista están por debajo del PIB per cápita.

3. Conclusiones

La inversión extranjera en la salud ha crecido de manera notable en los últimos años en la adquisición de EPS, IPS especializadas y de alta complejidad, como también la adquisición de bienes inmuebles para la especulación inmobiliaria. Los capitales se ven atraídos por los bajos costos laborales y los beneficios tributarios de las zonas francas de salud, que ponen en evidente desventaja a las clínicas y hospitales nacionales, tanto públicos como privados.

Una excelente manera de resumir la situación de la salud en Colombia y en cientos de países que son sometidos a los intereses de las farmacéuticas trasnacionales respaldadas en acuerdos de libre comercio y las clausulas de propiedad intelectual e inversión, es la construida por Germán Holguín en su libro “La guerra contra los medicamentos genéricos. Un crimen silencioso”:

“Los miles de millones de seres humanos que sufren pobreza, ven agravada su situación por la enfermedad, una de cuyas causas es la falta de acceso a medicamentos. A veces, se debe a los altos precios, y otras, a que la investigación realizada por las grandes farmacéuticas no se orienta a la cura de las enfermedades de los pobres sino a crear medicamentos cuya venta aumente la rentabilidad de sus capitales.

Esta situación enmarca la guerra contra los genéricos, liderada por grandes empresas que dedican una parte importante de su presupuesto a bloquear cualquier intento, ya sea en el plano nacional o internacional, de facilitar la comercialización de medicamentos baratos.” (Holguín, 2014).

Bibliografía

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ACHC (2015). “32º Informe de seguimiento de cartera hospitalaria con corte a junio 30 de 2014”. Disponible en: http://achc.org.co/documentos/investigacion/estudios/achc/ periodicos/cartera/INFORME%20CARTERA%20A%20JUNIO%20DE%202014%20(30%20 10%202014).pdf

Sarmiento, Eduardo (2014). “Distribución del ingreso con crecimiento es posible”. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.

Useche, Bernardo (2007) “TLC Colombia Estados Unidos Propiedad intelectual, patentes y acceso a medicamentos genéricos”. Revista Deslinde No 41.

Organización Panamericana de la Salud –OPS- 2005. Aplicación del modelo de impacto de cambios en los DPI a Colombia, Costa Rica y Guatemala. http://www.misionsalud.org/documentos.htlm

Gossaín, Juan (2016). “Ahora le echan la culpa al dólar por la carestía de los medicamentos”. EL Tiempo. 26 de abril de 2016. Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-de-medicamentos-en-colombia-juan-gossain/16573121

Useche, Bernardo (2016). “Decisión del Ministerio de Salud favorece el interés de la farmacéutica Novartis”. Lunes, junio 13, 2016, Disponible en: http://cedetrabajo.org/blog/2016/06/13/decision-del-ministerio-de-salud-favorece-el-interes-de-la-farmaceutica-novartis/

Damaris y Serrano (2014). “Los TLC y la política farmacéutica nacional”. Revista Deslinde. Disponible en: http://deslinde.co/wp-content/uploads/2014/07/24-27.pdf

Revista Dinero (2016). “Pese a millonaria cartera vencida crece inversión en hospitales y clínicas”. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/aumenta-inversion-en-hospitales-y-clinicas-por-fondos-de-capital-privado/225922

Pulzo.com (2015). “¿Quiere estudiar medicina en 2015? Ojo, es una de las profesiones peor pagas en Colombia”. Disponible en: http://www.pulzo.com/economia/quiere-estudiar-medicina-en-2015-ojo-es-una-de-las-profesiones-peor-pagas-en-colombia/262426

Holguín, German (2014). ““La guerra contra los medicamentos genéricos. Un crimen silencioso”. Editorial Aguilar.

ACHC (2016). “Reducción de personal, efectos en la prestación del servicio y pérdida de proveedores son algunas de las consecuencias de la deuda a hospitales y clínicas”: Boletín de prensa. Disponible en: http://achc.org.co/documentos/prensa/BOLETIN%20EFECTOS%20CRISIS.pdf

FMC (2016). “Remuneración justa y dignidad médica”. Editorial disponible en: http://www.federacionmedicacolombiana.org/?q=node/1122

[1] Deudas por $15 billones reclaman IPS al sistema de salud. EL Nuevo Siglo. Febrero 22 de 2016. http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/2-2016-deudas-por-15-billones-reclaman-ips-al-sistema-de-salud

[2] Países Bajos, Australia, Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Reino Unido, Francia, Irlanda, Suiza, Dinamarca.

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