Por Marcela Eslava

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) acaba de publicar su informe anual, el Informe Nacional de Competitividad 2013-2014. Consejo e Informe, ambos juegan un papel fundamental en las políticas de competitividad de este país.

El reporte de este año, como siempre, revisa juiciosamente el estado de avance de los compromisos de la actual Agenda Nacional de Competitividad. Pero además plantea las propuestas del CPC para profundizar esa agenda. Sin hacerle justicia a la totalidad del Informe, en este post discuto cuatro de esas propuestas para el futuro: dos que son aciertos, una que a mi juicio es una embarrada, y una última que eché de menos en el Informe.

El primer acierto de la parte propositiva del Informe tiene que ver con un llamado de atención sobre los principios rectores de la agenda de competitividad. Con buen tino, el CPC ha defendido por años la idea de que la agenda debe centrarse en eliminar cuellos de botella que impiden al sector privado ser competitivo, pero que están fuera de su control. Con ese muy sano principio rector en mente, el énfasis de la agenda de competitividad ha estado en solucionar barreras que no están en las manos de los productores, como la baja calidad de la educación, la pobre infraestructura, y deficiencias del marco regulatorio, entre otros (por oposición a subsidios o protección frente a la competencia para sectores que no están logrando competir).

La innovación en este informe es el acento en que, a pesar de que éstas son grandes áreas que benefician a la economía como un todo, las intervenciones para impulsarlas tienen con frecuencia un carácter muy puntual: la regulaciones fitosanitarias suelen ser específicas a ciertos productos, las obras de infraestructura se ubican en un cierto punto de la geografía nacional, etc. Priorizar se convierte entonces en palabra clave.

La innovación no es meramente retórica. Una priorización más decidida de las acciones  fundamentales en la agenda de competitividad puede permitirle al país pasar de una agenda llena de acciones menores a una más concentrada en aspectos de más profundo calado. Pero como el diablo está en los detalles, la pregunta es con qué criterios se da prioridad a unas acciones sobre otras. El Informe da dos grandes respuestas a esta pregunta. Una es un acierto y la otra, en mi concepto, un error.

El gran (y el segundo) acierto del Informe es poner la lupa en lo local. Se reconoce el carácter local de muchos de los cuellos de botella que la política de competitividad debería solucionar y el consiguiente papel central de las regiones en su identificación; la desconexión entre las políticas de competitividad del nivel central y las locales; la frecuente debilidad institucional local para ejercer el liderazgo que la reciente reforma a las regalías les dio en la política de innovación; y la heterogeneidad entre regiones. Y se identifican dos primeros elementos concretos para avanzar en el fortalecimiento local: la falta de herramientas adecuadas de diagnóstico al nivel regional, y la debilidad de las instituciones a cargo de los temas de competitividad en este nivel.

Quizás el mayor aporte concreto del CPC (en este caso asociado con la Universidad del Rosario) está en la creación de un instrumento de medición de competitividad en lo regional: un índice departamental de competitividad, que cubre educación, salud, infraestructura, medio ambiente, innovación y eficiencia de las instituciones y los mercados. El índice, que se seguirá calculando anualmente, se convertirá en una importante herramienta de identificación de barreras puntuales al crecimiento, que difieren de manera importante a través de regiones.

En el tema institucional, el Informe recomienda concretamente fortalecer las Comisiones Regionales de Competitividad dándoles funciones como la coordinación de esfuerzos de interacción con el sector privado para la identificación de cuellos de botella para la actividad económica. Estos énfasis concretos están en consonancia con el gran principio rector de que el eje de la política de competitividad debe ser la identificación y solución de barreras al desarrollo productivo que se salgan de las manos del sector privado. Dan o proponen instrumentos para avanzar en esa primera etapa de la identificación, que en muchos aspectos es local.

Pero mientras en lo regional el énfasis del Informe está a tono con el mencionado principio rector, sus recomendaciones en la dimensión sectorial van en una dirección completamente diferente. A mi modo de ver, una dirección equivocada. Dice el CPC que, ante la necesidad de priorizar, la Agenda de Competitividad debe escoger unas apuestas productivas: sectores cuyo desarrollo se impulsará con especial ahínco, con el objetivo de diversificar y sofisticar la base productiva.

Hay dos grandes problemas con esta propuesta. Primero, sufre de crisis de identidad: en la priorización de acciones que afectan a sectores específicos, se puede dar prioridad bien a las que atacan los principales cuellos de botella, o bien a las que favorecen las apuestas productivas escogidas en la Agenda de Competitividad. Pero ambos frentes no se pueden cubrir con un solo instrumento.

El segundo problema es que, entre estos dos frentes, el CPC está escogiendo el equivocado. No en vano hay tanto acuerdo en torno al papel central que juega la política pública en la solución de cuellos de botella que superan al sector privado (las llamadas fallas de mercado, de coordinación, y de gobierno), y tanto desacuerdo en torno a su capacidad de escoger (y lograr) la dirección óptima de la estructura productiva de la economía.

Contra los muchos casos de éxito de tal intervención estatal que esgrimen sus defensores, los contradictores exhiben otros tantos de alto bienestar, crecimiento e incluso “clusterización” en que estos desarrollos han sido espontáneos. Y muchos más en que el direccionamiento por parte del Estado ha terminado en captura por parte de los sectores ya poderosos, con frecuencia además poco competitivos.

Finalmente, hay un aspecto fundamental de las políticas pro-competitividad que no se enfatiza en el Informe: su continuidad. El hoy llamado Sistema Nacional de Competitividad es la apuesta del país por avanzar en los aspectos que más amenazan su capacidad de crecimiento económico. Pero, lejos de una política de Estado, la “política de competitividad” (desde las instituciones hasta la agenda de acciones concretas) ha sido históricamente un barco a la deriva, cambiando de dirección no sólo con cada gobierno, sino casi que con cada rotación en las carteras económicas de los distintos gobiernos. Lo que es muy grave en un frente que requiere de persistencia y planeación de largo plazo.

Un gran paso en la solución de este problema se dio con la inclusión de instancias de colaboración público privada como piedra angular de la institucionalidad pro-competitividad (hacia 2006). El CPC ha sido, precisamente, el principal representante del sector privado en esta institucionalidad.

Desde su puesto en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad, ha sido un motor fundamental tanto de impulso como de continuidad para la agenda de competitividad del país. Tal vez su contribución más importante fue rescatar parte de la agenda de competitividad que, con tanto trabajo, había ayudado a diseñar bajo el gobierno Uribe, para que trascendiera el paso al gobierno Santos. Por primera vez desde que se empezó a pensar en política de competitividad, hubo algo de continuidad en estas agendas.

Pero el peligro no está superado: el Sistema de Competitividad sigue mutando día tras día, sigue sin haber cabeza visible que centralice esos cambios, el año entrante hay de nuevo elecciones. El Informe del CPC reconoce parte de estos riesgos pero los mezcla con el problema de falta de liderazgo dentro del gobierno, que propone solucionar con una “coordinación supraministerial”. Pero tal coordinación seguiría sujeta a los vaivenes de la política.

Solamente la presencia de actores que trasciendan gobiernos, y se apropien las políticas de principio a fin, puede garantizar su continuidad. Y en el caso del Sistema de Competitividad esos actores son los privados en la ecuación de la “colaboración público-privada”. Con el CPC a la cabeza. Es fundamental que el Consejo se apropie de ese papel como su más importante tarea, y se dedique a fortalecer su vocería dentro del Sistema.

La Silla Vacia