El Colombiano
Tres acciones populares y otro tanto de acciones de nulidad para frenar o replantear la privatización del 57,61 por ciento de acciones de la Nación en Isagén duermen el sueño, esta vez de los injustos, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado.
Así lo pudo verificar EL COLOMBIANO al consultar a los demandantes que, con distintos argumentos y evidente impaciencia, cuestionan la lentitud de la justicia ante un infructuoso proceso de venta que se reactivó desde el 21 de enero pasado, con la reapertura del cuarto de datos, luego de que el Ministerio de Hacienda lo aplazara en agosto de 2014.
A cerca de dos meses de la subasta, los altos tribunales no se han pronunciado de fondo en demandas que se presentaron entre agosto y noviembre de 2013 con serios reparos a la venta del control accionario en la segunda generadora de electricidad del país.
Sobre la primera de las demandas, una acción popular presentada por el expresidente Álvaro Uribe hace 19 meses, alega un detrimento patrimonial de la Nación con la privatización de Isagén. Apenas entró a etapa de pruebas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Estamos esperando el resultado de la valoración que el alto tribunal ofició para que haga la Universidad Nacional, como lo propusimos nosotros y el Gobierno se opuso. El resultado de esa valoración será insumo clave para la sentencia”, explicó el apoderado de Uribe, Mauricio Rodríguez.
Ahora, el abogado reconoce que de venderse Isagén antes de un fallo, lo que diga el alto tribunal no cambiará el futuro propietario de la compañía, pero sí enfrenta a la Nación a millonarias demandas.
Por su parte, Dueños de Isagén, mandato que reúne a 420 trabajadores, jubilados y exempleados de la generadora, no ha recibido respuesta formal de ninguna de las tres acciones legales que emprendió. Argumentan que la primera etapa de venta puso restricciones ilegales al sector solidario.
El mandatario del colectivo, Rodrigo Toro Escobar, explicó que en diciembre pasado se aportaron nuevos argumentos a la acción de nulidad que cursa en el Consejo de Estado, desde agosto de 2014 no hay noticia de la acción popular de Tribunal de Cundinamarca.
“Pusimos un recurso de insistencia en la Corte Constitucional para que seleccione la tutela que desestimó el Tribunal Superior de Medellín, que en agosto pasado asumió el aplazamiento de la venta como una suspensión, cuando no es así”, precisó Toro, exgerente financiero de Isagén. Agregó que esta semana se enviará un derecho de petición a la Superintendencia Financiera planteando que debe realizarse una nueva valoración de Isagén, en vista de los cambios en el mercado (ver recuadro).
Por su parte, la acción popular que instauró Sintraisagén, sindicato de base de la compañía, fue trasladada en octubre pasado del Tribunal Administrativo de Antioquia al Consejo de Estado, quien tampoco en ese caso se ha pronunciado. Igual suerte corre una acción de nulidad ante el mismo tribunal.
Finalmente, otra demanda del mismo tipo de la Red de Justicia Tributaria (RJT), radicada desde el 17 de octubre de 2013. Por esa causa se suspendió hace un año el proceso de venta, pero la medida cautelar se levantó el 22 de mayo.
“El Consejo de Estado señaló que no se aportaron las pruebas sobre detrimento patrimonial, cuando alegamos que el Estado iba a dejar de recibir 200 mil millones de pesos anuales. ¿Si eso no es detrimento patrimonial, qué lo es?”, se cuestiona Mario Valencia, vocero de la RJT.
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