Documento N.6 de Investigación sobre Economía Local de Cedetrabajo Cartagena
Con la Celebración del Contrato N.93333869 de 1998 entre la Alcaldía de Cartagena, la Unión Temporal de Energía, Suministro, Montajes y Construcciones S.A, (ISM S.A) y Electroconstrucciones LTDA, se entregó en concesión el suministro, expansión, reposición, operación, mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público en Cartagena a un operador privado, con el fin de convertir lo que era un servicio público esencial en un gran negocio privado. Este contrato fue modificado por un Otrosí suscrito en noviembre de 1998, el cual agravó sustancialmente las ya desfavorables condiciones contractuales existentes.
Entre los principales beneficios otorgados se encuentran, según lo expone un informe de auditoría especial elaborado por la Contraloría Distrital, la modificación de la cláusula decimotercera que se refiere a la retribución del operador en donde se estableció como obligación del Distrito retribuir el costo económico del suministro e instalación de las luminarias en que incurriera el contratista desde la entrada en vigor de dicho contrato.
Cuando inició dicha concesión el Distrito ya contaba con 30.055 luminarias, con una potencia instalada de 6.082 KW y hoy, 18 años después, se tienen 43.878 luminarias con una potencia de 6.228 KW. Del total de esas luminarias, el 93% se encuentra en la zona urbana (40.941) y el 7% (2.937) en la zona rural. El crecimiento de la infraestructura del alumbrado público en estos 16 años ha sido del 46%, para un aumento en promedio anual de 2.88%.
Asimismo, al analizar la evolución de la instalación de semáforos entre 2011-2014 en la ciudad, encontramos que éstos pasaron de 68 semáforos a 69 semáforos, lo que demuestra el avance poco significativo en el cumplimiento de unos de los objetivos fundamentales de la prestación de este servicio.
De igual forma, la operación y el mantenimiento del contrato de concesión se financian también gracias a este Otrosí, por la vía del recaudo del impuesto de Alumbrado Público, eximiendo al operador privado de realizar cualquier tipo de inversión con su patrimonio.
A su vez, este contrato que originalmente fue definido en su clausula trigésima como de cuantía determinada- que para los efectos fiscales- su valor en materia de repotenciacion de las luminarias y de expansión no podía superar los $8.500.000.000 en el primer año, y para la operación y mantenimiento no podía exceder los $1.400.000.000, es decir, un negocio avalado por la suma de $9.900 millones.
Sin embargo, con estos cambios se terminó convirtiendo este contrato de cuantía indeterminada, lo que le ha permitido a este operador privado obtener unos ingresos operacionales por $ 516.219 millones, con una Tasa interna de Retorno del 28.76%, cuando la CREG ha prescrito que la ganancia aceptable para este tipo de proyectos no puede superar el 13,9%.
Y al examinar el flujo financiero de esta concesión en el 2013, el recaudo proyectado se determinó en $117.195.204.279, sin embargo, el recaudo real fue de $25.732.747.299, esto es una diferencia de $91.462.456.980. Esta desviación se explica en la proyección del recaudo con base a un Índice de Precios del Consumidor (IPC) del 18,1%, tal como lo indica la Contraloría, cuando en ese año esta variable se ubicó en 1,94%. Desde la década de los años noventa el país nunca ha tenido una inflación de estas proporciones, ocasionando en últimas los recortes en recursos fundamentales, como los programas en expansión por parte del concesionario del alumbrado público, el cual tenía asignado un rubro de $5,366.401.097 millones en 2013 y la inversión real en ese año fue simplemente de $727,587, 989 millones, con el argumento de que esta fórmula le genera desequilibrio económico al operador.
Pese a ello, este consorcio privado ha obtenido una utilidad neta que, sólo entre enero y mayo de 2016, fue de $9.065.700.31 gracias a la pignoración completa del impuesto de Alumbrado Público.
Sin embargo, los usuarios a lo largo de estos 16 años de concesión simplemente aumentaron de 113.516 usuarios a 148.156 usuarios, mientras que las tarifas de los usuarios se han incrementado en un 246,58%, la facturación en 454,60% y los recaudos en un 459,71%, con un índice de recaudo efectivo del 94%, y con el agravante que los excedentes que genera la prestación de este servicio, que para la vigencia de 2015 fueron de $3.800 mil millones de pesos, no han sido girados a la administración tal como lo denuncia el interventor de este contrato, violando lo convenido contractualmente.