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Campo_Induplama_MinagriculturaPor: Cecilia Orozco Tascón
Incoherente y desconectada del país de a pie. Así es la política en Colombia.

El presidente acaba de sufrir una protesta campesina de graves proporciones; recompone su gabinete como consecuencia de la deteriorada imagen que le dejó esa explosión social; llega a un principio de acuerdo con los manifestantes (por contera, negocia problemas del agro en la Habana); saca, por errático al ministro Estupiñán y nombra… a Rubén Darío Lizarralde, uno de los más conspicuos representantes del empresariado agrícola, y quien — lejos de lo que se pregona sobre su supuesta bonhomía— parece tener mal trato con sus ahora representados, además de gruesos impedimentos éticos, ideológicos y tal vez legales, incompatibles con las promesas del jefe de Estado.

Refiriéndose a Lizarralde, el mandatario dijo que impulsó “un nuevo modelo de desarrollo fundado en el apoyo a nuestros campesinos”. Pero los que podrían dar fe directa de que eso es cierto, no lo harían. Por lo menos, no todos. Sabana de Torres, Santander, es un pequeño municipio ubicado a 110 kilómetros de Bucaramanga. Hoy es conocido, además de su vocación petrolera, por ser uno de los que mayor extensión tiene en cultivos de palma africana. Antiguamente, la actividad productiva de la tierra, en ese lugar, estaba en manos de hombres que le sacaron cosecha a punta de esfuerzo, a parcelas del tamaño de sus bolsillos. El panorama ahora es diferente, gracias, entre otros, a los oficios de Lizarralde quien pasó de la gerencia general de Indupalma, al despacho público que traza el destino del sector rural y desde donde está prohibido privilegiar intereses particulares.

Indupalma es una poderosa firma privada que hace parte de un grupo empresarial y que se define a sí misma como “promotora de negocios e inversión en palma y caucho”. Desde allí, el recién estrenado ministro de Agricultura se inventó una fórmula milagrosa: el de la “asociación” de su compañía, que ofrecía las herramientas de la tecnología, con los dueños de las parcelas. Estos pedirían préstamos bancarios con el respaldo de su título de propiedad para tener cómo arar y sembrar, e Indupalma les brindaría asistencia. Al final, se repartirían las ganancias 50 – 50. Resulta que asociarse con Lizarralde le supo a cacho a Sabana de Torres: el producto agrícola perdió competitividad —por falta de una política coherente y conectada—, e Indupalma recibió su 50%, o no sufrió ningún impacto. Pero sus “socios”, desacreditados frente a los bancos a los que no han podido pagarles, se encuentran al borde de perder lo único que poseen: sus minifundios. El enfrentamiento que quedó registrado en video (ver noticiasuno.com “símbolos del modelo Indupalma se sienten decepcionados”) entre el entonces gerente Lizarralde y un agricultor que le reclama el drama que viven él y sus compañeros (“pasamos de inversionistas a jornaleros”), es apenas un ejemplo de cómo la propaganda difiere de la realidad. Lizarralde escucha las quejas hasta cuando, prepotente, se sale de la ropa. Empieza a manotear y a dar órdenes perentorias marcando cada término: “¡el discurso no-me-lo-maneje-así-porque-nadie-está perdiendo la propiedad!”. Y casi amenazante: “¡no-me-manipule-el-discurso!”. La escena es clara: el enfrenamiento no es entre iguales.

Si Lizarralde permaneciera en su lado privado, estaría en su derecho de hacerlo. Pero su brinco al sector estatal, ¿cuál garantía les ofrece a los campesinos? Menos aún, por los impedimentos que le están apareciendo y que se relacionan con sus propias inversiones en baldíos en Vichada y con los subsidios de Finagro para proyectos personales y de Indupalma. Ministro, ese cambio de camiseta carece de credibilidad.