Las tarifas de energía subieron un 28% en promedio en las ciudades del país durante los últimos doce meses. El aumento se explica en gran medida por el cambio en el cálculo de un indicador y por la especulación con los precios en la bolsa. En las ciudades de la Costa Caribe el encarecimiento supera el 40%. Cuestión que se explica por una historia de favorecer los privados en detrimento del interés público.
Los precios han subido el 12,22% en comparación con octubre de 2021, según el último informe del DANE. Uno de los componentes que más ha disparado la inflación es el costo de la energía. En esos doce meses las tarifas de energía crecieron en promedio 28,5% en las ciudades del país. Hay casos exagerados cómo Santa Marta o Riohacha que se acercan a un incremento del 50%.
El incremento desproporcionado se debe a la forma de calcular la tarifa. Al ser un sector en el que no existe competencia, los precios son regulados por el Estado. Se estableció una fórmula que contiene 6 componentes: generación, transmisión, distribución, comercialización, impuestos y pérdidas.
Lo que más ha crecido en estos 12 meses es el costo de la generación, que pesa un 40% en la tarifa final. Ramiro Rueda calcula que ese concepto creció un 83%. La principal razón es que el cobro de la generación está atado por ley al Índice de Precios al Productor, cifra que viene creciendo muy por encima del IPC. El exministro Amilkar Acosta propone que se cree un índice particular para el sector.
Otro elemento que está jalonando el concepto de generación dentro de las tarifas es la especulación en la bolsa. Alrededor del 20% de la energía que compran las comercializadoras lo hacen con referencia a los precios de la bolsa, el resto lo compran en contratos bilaterales. Los precios en bolsa están disparados, a pesar de que las fuentes que nutren las hidroeléctricas están en muy buen nivel. Hay que tener en cuenta que la generación de energía es un oligopolio donde seis generadoras controlan el 90% del mercado.
El caso de la región Caribe se agrava por toda una historia de privatización y favorecimiento a los privados. Las siete empresas públicas de la región fueron privatizadas a finales del siglo pasado. La mayor parte de la comercialización quedó en manos de Electricaribe, empresa que tuvo que ser rescatada por el Estado.
Con la Ley 1955 de 2019, que expidió el Plan de Desarrollo del gobierno de Duque, se autorizó al Estado a asumir el pasivo pensional de Electricaribe, por un lado, y a crear un régimen tarifario especial para la Costa Caribe, por otro lado. La empresa saneada fue vendida sin transparencia y sin que fuera claro el beneficio para el Estado que la había rescatado. Fue comprada por Afinia y por Air-e.
La tarifa especial, que debía ser para beneficio de la población, terminó perjudicándola. La fórmula incluye costos por concepto de pérdidas que no tienen el resto del país. En la Costa Caribe, además de los costos por generación, el concepto de pérdidas muestra incrementos desorbitantes, de 395% para los usuarios de Afinia y de 610% para los de Air-e. Mientras que en el resto del país las pérdidas son el 12% de la tarifa final, en la región Caribe representan el 30%.
