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La aprobación de la Ley 715 por el Congreso de la República fue presentada por el gobierno como una muestra de su acatamiento de las exigencias del FMI. Efectivamente, dicha ley golpea la educación pública, determinando su paulatina privatización y municipalizándola. Para facilitar este propósito, arrebata importantes conquistas laborales del magisterio.

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