Por: Sneyder Rivera – Coordinador área de Investigaciones Cedetrabajo
El actual debate electoral sobre la carga tributaria en personas y empresas ha puesto sobre la mesa la propuesta sobre si se eliminan o no los beneficios tributarios en Colombia.
El país se ha caracterizado por aprobar una cantidad de beneficios tributarios en los últimos años. Según el inventario de la DIAN estos llegan a 229 entre renta, IVA, riqueza y CREE. Incluso hay beneficios que están en la normatividad tributaria desde 1959, sin ningún estudio técnico de conveniencia, impacto y temporalidad del mismo, lo cual ha convertido este tipo de estímulos más en un juego político.
Estos beneficios le cuestan al país cerca de $ 14 billones de pesos (1,53% del PIB), un recaudo potencial a la cual el Estado ha renunciado, recursos que evitarían dos reformas tributarias que terminan aumentando los impuestos indirectos y regresivos como el IVA y el Impuesto Nacional al Consumo. Adicionalmente, según Villabona y Quimbay (2017) estos beneficios muestran que las empresas en Colombia pagaron efectivamente apenas el 13,7% en el impuesto de renta para 2015, con una tarifa del 25%, gracias a las gabelas sumado a la evasión y elusión.
Por sectores, la minería, el generador de apenas el 1% del empleo en el país, paga efectivamente en renta tan solo el 14,4%, mientras que la industria, el generador del 11,7% del empleo, paga efectivamente una tarifa del 19,4%, pero los beneficios se dirigen más al sector que no genera valor agregado ni empleo en Colombia.
Así, en los últimos 17 años, el costo fiscal de la industria sumó 11,9 billones de pesos, mientras que el de la minería sumó 18,9 billones. Del 2007 al 2010 solo los beneficios de la minería sumaron 10,3 billones de pesos, gracias a la política de la locomotora minera, que nunca trajo los beneficios esperados al país. En cambio dejó tres reformas tributarias (2012, 2014 y 2016), en el cual no hubo discusión sobre la eliminación de estos beneficios que ahondan la desigualdad en personas y empresas en Colombia, ubicándolo como el octavo país más desigual en el mundo.
La realidad muestra que el sector extractivo no se mueve en la línea de los beneficios tributarios, sino en la medida de cómo se comportan los precios internacionales de las commodities, argumento que debería llevar a una revisión de este esquema de beneficios para el sector y revaluar su impacto en la economía. En cambio, el sector industrial, de acuerdo a las distintas mediciones, si responde a los incentivos tributarios. Incluso, si se hubiesen trasladado los beneficios del sector extractivo al sector industrial el crecimiento entre los años 2000 y 2016 hubiera sido de 2,52 puntos porcentuales promedio anual mayor al crecimiento que tuvo, que fue realmente de 2,9% promedio anual.
Por eso el llamado a los candidatos presidenciales es a retomar la política industrial que busque el desarrollo real del país, así como en las décadas de 1960 y 1970; también el llamado es a la revisión exhaustiva de los beneficios tributarios en el sector empresarial, los cuales deben ser temporales, justificados y si no cumplen un propósito de política pública específico de generación de valor y/o creación de valor debe ser eliminado.
Tomado de: La Nota Económica
