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El proyecto de la empresa que el ministro de Agricultura dirigió como empresario en el Magdalena Medio tiene lugar sobre tierras que no tienen títulos claros a su favor y en cambio sí campesinos que los reclaman por haberlos trabajado desde mucho antes.

Noticias Uno llegó hasta San Alberto y La Esperanza en el Cesar donde funciona un proyecto de Indupalma.

Evaristo Simanca dice que “cuando llegó Indupalma y desplazó a mucha gente, entonces nos hemos conservado y ya llevamos aquí y ustedes pueden ver que esto es como la despensa agrícola del municipio de San Alberto y otros municipios de acá”.

Lizarralde en 2006 calificó como invasores a los campesinos que reclaman las tierras. El Incoder adjudicó la propiedad en La Esperanza a Celmira Castañeda en 2006, pero por recursos de Indupalma lo revocaron. Otras dos familias corrieron la misma suerte.

En los registros de propiedad de Palestina, Islandia y El Rubí, consta que provienen de falsa tradición. Según el abogado Samuel Serrano “Falsa tradición porque quien se los vendió no tenían título y entonces se compraba la mejora que en ese tiempo”.

Entre pleito y pleito, Indupalma presentó demanda ante un juzgado municipal reclamando esos dominios, pero las pretensiones fueron negadas favoreciendo la posesión de varios parceleros. Sin embargo, en la alcaldía de San Alberto, la personería y la comisaría de policía reposan más de 50 denuncias por abusos de autoridad por parte del grupo de seguridad de Indupalma en contra de campesinos.

En agosto de 2006, el hoy ministro Lizarralde le prohibió al personal de Indupalma establecer cualquier tipo de comercio con los productos de los parceleros en pleito con ellos. 32 familias adelantan procesos de titulación de baldíos ante el Incoder.