Bucaramanga, 11  de noviembre de 2013.

Diego Otero Prada

Hay un tema que siempre me ha preocupado y que muchos expertos de la ciencia política y de la sociología han venido estudiando, cual es el que tiene que ver con la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas a  nivel nacional, regional y local. Yo lo considero clave para consolidar una verdadera democracia  donde los ciudadanos participen  real y efectivamente en los asuntos que los afectan

En Colombia, en la constitución de 1991 se encuentran mecanismos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito, la iniciativa legislativa popular, los cabildos abiertos y las revocatorias populares de los alcaldes y gobernadores.

A nivel local hay dos aspectos que reclaman la atención de los ciudadanos. La definición del plan de desarrollo municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial-POT.

Ni en la teoría ni en la práctica, se da una verdadera  participación ciudadana. Hay dos puntos. Primero el que se refiere al papel de  estos entes. Y segundo, como se integran los miembros de los mismos.

La Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de desarrollo determina los mecanismos de participación a nivel nacional, regional y local. Se crean el Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales de Planeación. Pero estos entes son meramente consultivos, no tienen un poder de decisión.

Por otra parte, la conformación de los Consejos Territoriales depende de los gobernadores y de los alcaldes de ternas que presentan  los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios, pero en la realidad  los miembros son elegidos por razones políticas, y la mayoría de las veces por personas con muy poca  formación profesional y política, para que  analicen concienzudamente los planes presentados para su análisis y produzcan observaciones relevantes. No conozco un plan que haya sido negado por la acción de estos Consejos Territoriales o que haya dado lugar a cambios fundamentales.

En realidad, lo que ocurre es lo que llaman socialización de las políticas, más por razones de imagen, pero no por un deseo de verdadera participación ciudadana que dé lugar a discusiones y acuerdos. De ahí que en mi opinión  la participación colombiana en estos temas es una mascarada que no  lleva a nada.

También hay que mencionar, la apatía popular, que es producto de ignorancia, de falta de educación, de falta de cultura y desconocimiento de la normatividad, pero también del fenómeno de lo que el  sociólogo Pierre Bourdieu llamaba la dominación, es decir, del poder de los dominantes, las clases elitistas y ricas, para imponer a los dominados sus intereses, no solo a través de la  violencia física, sino por la violencia simbólica (económica, cultural, social).

Concluyo, al lado de los representantes de la ciudadanía, que son  los concejales y los diputados,  que están perdiendo legitimidad, fenómeno que se extiende al Senado y la Cámara de Representantes, hay que fortalecer los entes de planeación  municipal y establecer mecanismos de democracia directa, que hoy se facilitan por las nuevas tecnologías de información. El problema no es simplemente técnico, no es un asunto de tecnócratas, en el fondo es político, de una concepción social, de buscar verdadera participación de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas.

Hay una crisis de la democracia representativa  que no se puede desconocer. Nuestro papel como académico comprometido con la sociedad es el de dar nuevas alternativas para recrear y fortalecer una verdadera democracia participativa e incluyente. Esta, en nuestra opinión, está en la de darle poder directo al ciudadano a nivel local y nacional.