Esta situación revela una contradicción muy difícil de resolver, ¿cómo desarrollar un país cada vez más especializado en el modelo extractivista y al mismo tiempo proteger la riqueza e integridad de nuestra naturaleza?

El representante en Colombia de la Organización no Gubernamental (ONG) The Nature Conservancy (TNC) Jose Yunis , catalogado como uno de«Los mejores líderes de Colombia» según la revista Semana, asegura que esto sí es posible pero la protección de ecosistemas «sensibles» (páramos, humedales, bosques secos etc…) de actividades económicas como la megamineria, sigue siendo insuficiente debido en gran parte a la falta de una legislación clara al respecto.

Presionado por la avalancha de “inversionistas” ávidos por obtener licencias ambientales, el gobierno nacional decidió resolver la situación contratando la asesoría externa de ONG cómo TNC, Conservation International (CI) y World Wildlife Fundation (WWF) entre otras.

Estas ONG, en especial TNC, fueron contratadas por el gobierno para realizar el Manual de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad., el cual reglamenta cómo y qué deben hacer las empresas para reparar la naturaleza destruida después de una actividad económica. Las empresas deben realizar una propuesta de compensación de acuerdo al manual como prerequisito para tramitar una licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

A pesar de la existencia de SIBColombia, un sistema de información sobre biodiversidad producto de décadas de investigación científica, la ONG CI basándose en el trabajo de grupos de investigación colombianos, numerosas fuentes oficiales y estudios privados, fue la encargada de generar el sistema de información de alertas tempranas  Tremarctos , herramienta que por ley se tiene que usar para orientar al ejecutor del proyecto económico en cómo hacer las compensaciones necesarias en caso de afectar la biodiversidad asociada.

Muchos investigadores y académicos cuestionan Tremarctos. Alegan que la mayor parte de la información que la alimenta  es parcializada, producto de estudios privados de corta duración y que funciona más como herramienta pedagógica. La WWF además de colaborar en el desarrollo del Manual de Compensaciones y deTremarctos, lidera a nivel mundial lo que se conoce como «Greenwashing«, que a grandes rasgos es la certificación de productos comerciales a nivel mundial con un sello «verde» de la WWF a través de acuerdos empresariales de responsabilidad compartida o solidaria (RSPO), incluso en negocios como el de la palma aceitera en Colombia que ha sido símbolo del fenómeno del paramilitarismo, desplazamiento forzado y actualmente asociado al robo de subvenciones (AIS) y terrenos baldíos del estado.

El panorama que nos deja esta situación es bastante incierto. Este modelo de «asesorías» externas que claramente está suplantando la institucionalidad nacional, no es resultado de un proceso democrático y permanentemente, desconoce o peor aún aprovecha y deforma el trabajo académico de muchos años de incontables investigadores colombianos.

La muy incipiente política ambiental en Colombia no puede seguir siendo producto de lineamientos y acuerdos de ONG transnacionales, claramente influenciadas por las políticas «sugeridas» por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la conservación del medio ambiente.

Bajo la hipótesis de crecimiento económico y desarrollo neoliberal ampliamente aplicado en Colombia, que en su fase más intensiva especula con la actividad extractivista y la inversión en tierras; se hace cada vez más importante y necesaria la defensa de la independencia y la soberanía para desarrollar una política ambiental y de aprovechamiento de recursos naturales, acordes a la realidad de uno de los países más megadiversos del mundo.