Por Aldemar Palmera Carrascal, de Dignidad Agropecuaria en Cesar.
El gobierno de Gustavo Petro al igual que sus antecesores, se estrena en materia económica con una propuesta de reforma tributaria que inicialmente aspiraba a recaudar 50 billones de pesos, pero al momento de radicarla se bajó a la mitad, que fundamentalmente recaen sobre el impuesto de renta de la clase media y la creación de nuevos gravámenes saludables que son una manera de justificar más impuestos indirectos a la comida de los colombianos.
Una propuesta que es contraria a la promesa de campaña electoral donde manifestaba que el aumento de los impuestos era únicamente para las 4.000 personas más ricas del país y contrario a lo prometido, son miles los productores urbanos y rurales, empleados y profesionales de clase media y millones de colombianos que consumen bebidas azucaradas y comidas ultra procesados los que terminaran pagando los nuevos tributos.
Para el sector primario de nuestra economía es de inmensa preocupación la reforma tributaria que está en tránsito de aprobación en el congreso porque no contiene un solo artículo que estimule la producción agropecuaria, sino por el contrario contiene varios apartados que significan cargas adicionales que encarecen la producción rural y por ende afectara el precio de los productos de la canasta básica familiar, a saber:
- Le da un adiós al beneficio de renta exenta para el agro colombiano es una gran pérdida que nos deja el proyecto. Dicho beneficio consagrado en el numeral 2 del artículo 235 del estatuto tributario, estimaba como renta exenta por 10 años aquellas que cumpliendo unos requisitos que la misma ley define, incentivaran el agro colombiano.
- El artículo 20 de la propuesta que contiene el impuesto al patrimonio afectará a los medianos y grandes productores agropecuarios que tengan patrimonios superiores a 2.700 millones de pesos sin la posibilidad de excluir los bienes destinados a la producción agropecuaria que es esencial para la seguridad alimentaria del país.
- Con la derogatoria del articulo 57-1 del estatuto tributario los productores agropecuarios y sus agremiaciones no podrán tratar como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional las ayudas o subsidios al almacenamiento y el incentivo a la capitalización rural previstos en la ley 101 de 1993. Esta sola medida pondrá a pagar más impuesto de renta a los productores de arroz que han obtenido de distintos gobiernos incentivos al almacenamiento para que las empresas molineras puedan sostener un precio remunerativo a los productores y ni que decir a los caficultores y palmicultores que han impulsado la siembra y renovación de cultivos con el ICR nacional y el complementario que otorgaba el departamento del Cesar.
- La derogatoria del articulo 66-1 del estatuto tributario por medio del cual se estimaba que, de los ingresos por la venta de café, un 40% correspondía a los costos de mano de obra, ahora deben cumplir como cualquier contribuyente con los requisitos y demás formalidades tributarias para poder llevar los costos de mano de obra que son significativos en la producción y recolección de la cosecha cafetera.
El llamado a los honorables Senadores y Representantes a la Cámara por el Departamento del Cesar a que defiendan a los productores agropecuarios en la reforma tributaria y antes de quitarle cualquier beneficio se esmeren por mantener los pocos que tienen y por el contrario esgriman argumentos en defensa de la producción de nuestro territorio que es eminentemente rural.
