El gobierno suspende la regla fiscal en 2025 y desata una tormenta económica
El gobierno colombiano anunció que no cumplirá con los límites establecidos por la regla fiscal para el año 2025. Para ello activó la cláusula de escape, una figura legal que permite suspender temporalmente las restricciones al déficit fiscal y al endeudamiento, siempre que se presente una ruta de retorno clara y verificable en el mediano plazo.
El compromiso, al menos sobre el papel, es volver a cumplirla en 2028. Pero la decisión no solo refleja una emergencia presupuestal, sino que deja en evidencia el deterioro estructural de las finanzas públicas y el desorden fiscal del actual gobierno.
Desde que inició su mandato, la administración Petro ha acumulado intentos fallidos de reforma tributaria, declaró la conmoción interior para buscar respaldo jurídico a nuevas cargas fiscales, presionó a Ecopetrol para que adelantara pagos por concepto de impuestos y ahora busca recaudar parte del 2026 desde el año anterior. A pesar de estas maniobras, la DIAN no logró cumplir sus metas, las proyecciones de ingresos fueron infladas y el Ejecutivo se vio obligado a recortar el gasto de manera abrupta.
Recortes sociales, déficit creciente y advertencias del Comité Fiscal
Entre los ajustes más drásticos está la reducción de más del 40 % en el presupuesto de Colombia Mayor, recortes a los subsidios educativos del ICETEX, disminución en la inversión en vivienda social y limitaciones severas al financiamiento del Programa de Alimentación Escolar. Todo esto mientras persiste un alto rezago en la ejecución presupuestal de 2024. Muchas de las iniciativas clave del gobierno quedaron sin ejecutar, generando incertidumbre en los mercados y frenando cualquier expectativa de reactivación económica.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que se necesitan entre 35 y 70 billones de pesos adicionales para que Colombia regrese al cumplimiento de la regla. La propia administración reconoce que esa meta es inviable sin hacer recortes profundos al gasto. El déficit fiscal cerró en 6,8 % del PIB en 2024 y se prevé que supere el 7 % en 2025. La activación de la cláusula de escape no es neutra: aumentará las tasas de interés, encarecerá el servicio de la deuda y podría debilitar la calificación crediticia del país.
¿Qué es la regla fiscal y cómo se impuso en Colombia?
La regla fiscal es un mecanismo legal que busca imponer disciplina sobre las finanzas públicas. Establece límites al déficit y a la deuda con base en metas estructurales, es decir, ajustadas por los ciclos económicos. En Colombia fue adoptada en 2011, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante la Ley 1473 y modificada en el 2021 con la Ley 2155.
Su arquitectura responde directamente a recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas entidades promovieron su implementación como una vía para garantizar el pago a los acreedores internacionales, reducir el gasto social y abrir espacio para la inversión privada.
La regla fija un techo de deuda de 71% del PIB, con una meta prudencial del 55%. Además, define un balance primario neto estructural entre 0,2% y 1,8%, ajustado según el nivel de deuda del año anterior. Solo puede sobrepasarse bajo circunstancias extraordinarias, siempre que se active la cláusula de escape con aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y se presente un plan concreto de retorno.
El seguimiento técnico de la regla está a cargo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), creado con apoyo del BID. Este comité produce estimaciones y recomendaciones, aunque sus conceptos no son vinculantes. En la práctica, sin embargo, han servido para justificar decisiones presupuestales restrictivas.
Falta de estrategia industrial y dependencia del endeudamiento
El panorama se complica aún más con la volatilidad cambiaria y la posible salida de inversión extranjera. Además, sigue sin existir una política coherente de reindustrialización que permita generar ingresos sostenibles. La industria manufacturera ha perdido peso dentro del PIB y el empleo sin que se presente una estrategia para revertir esa tendencia. En el sector energético, la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera ha debilitado una fuente clave de ingresos fiscales. Tampoco hay avances relevantes en una agenda comercial que fortalezca encadenamientos productivos o reduzca los costos logísticos, por ejemplo, los tratados de libre comercio siguen sin ser revisados.
En la práctica, Colombia se endeuda para pagar deuda. Eso limita gravemente la capacidad del Estado para invertir en crecimiento o en políticas sociales. Este deterioro no es solo contable. Se traduce en más desempleo, menor crecimiento y pérdida de calidad de vida. Si el modelo actual continúa, su costo recaerá sobre las generaciones presentes y futuras, ya sea mediante impuestos más altos o una reducción permanente del gasto social.
El uso de la cláusula no resuelve el problema, solo lo posterga. Aumentará el nivel de endeudamiento y cargará con mayores pasivos a la siguiente administración. En este contexto, voces técnicas y académicas insisten en la necesidad de una política fiscal seria, coherente y sin improvisaciones. La continuidad del actual modelo solo puede conducir a una crisis económica y social de mayor profundidad.
Falta de estrategia industrial y dependencia del endeudamiento
El panorama se complica aún más con la volatilidad cambiaria y la posible salida de inversión extranjera. Además, sigue sin existir una política coherente de reindustrialización que permita generar ingresos sostenibles. La industria manufacturera ha perdido peso dentro del PIB y el empleo sin que se presente una estrategia para revertir esa tendencia. En el sector energético, la suspensión de nuevos contratos de exploración petrolera ha debilitado una fuente clave de ingresos fiscales. Tampoco hay avances relevantes en una agenda comercial que fortalezca encadenamientos productivos o reduzca los costos logísticos, por ejemplo, los tratados de libre comercio siguen sin ser revisados.
En la práctica, Colombia se endeuda para pagar deuda. Eso limita gravemente la capacidad del Estado para invertir en crecimiento o en políticas sociales. Este deterioro no es solo contable. Se traduce en más desempleo, menor crecimiento y pérdida de calidad de vida. Si el modelo actual continúa, su costo recaerá sobre las generaciones presentes y futuras, ya sea mediante impuestos más altos o una reducción permanente del gasto social.
El uso de la cláusula no resuelve el problema, solo lo posterga. Aumentará el nivel de endeudamiento y cargará con mayores pasivos a la siguiente administración. En este contexto, voces técnicas y académicas insisten en la necesidad de una política fiscal seria, coherente y sin improvisaciones. La continuidad del actual modelo solo puede conducir a una crisis económica y social de mayor profundidad.
Un ajuste regresivo que golpea a los más pobres
Lo presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo muestra que el gobierno planea una reforma tributaria estructural a partir de 2026 que pretende recaudar entre $19,5 y $25,4 billones de pesos. Para lograrlo, contempla modificar la estructura del IVA, eliminar exenciones al impuesto de renta de personas naturales, aumentar contribuciones parafiscales y eliminar subsidios energéticos basados en estratificación.
Estas medidas, lejos de afectar a los sectores de mayores ingresos, recaerán sobre las capas medias y bajas de la población. Mientras tanto, el gasto público no muestra señales de contención en sus rubros más problemáticos. El pago en contratos por prestación de servicios (OPS) continúa creciendo: solo en 2025 se estima en 60 billones de pesos, un aumento de más del 30% frente a 2022.
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La regla fiscal beneficia a los acreedores y bloquea el desarrollo
La regla fiscal ha sido utilizada como un instrumento para privilegiar el pago de la deuda externa y el control del déficit sobre la inversión pública. En lugar de ordenar las finanzas, ha permitido justificar el debilitamiento del gasto social y la renuncia a ingresos fiscales vía beneficios tributarios a grandes empresas.
La verdadera trampa no es el déficit en sí, sino la incapacidad del Estado de recaudar adecuadamente de quienes más tienen. Las reformas tributarias recientes han reducido el recaudo estructural, mientras las exenciones y beneficios al capital privado superan los $20 billones anuales. Los ajustes fiscales solo se centran en el gasto, sin tocar los privilegios tributarios existentes.
El CARF ha trabajado sobre proyecciones erradas. En 2017, por ejemplo, estimó el crecimiento en 1,8 %, cuando el DANE corrigió esa cifra a 1,4 %. Esa sobrestimación alteró el balance estructural y permitió al gobierno endeudarse sin restricciones reales. El problema de fondo es que el país terminó subordinado a un modelo técnico impuesto desde fuera, que ignora las necesidades reales de su población.
¿Seguir atados a una regla impuesta?
Colombia no está obligada a mantener este esquema. Existen otros tipos de reglas presupuestales, más flexibles y adaptadas a la realidad de cada país. De hecho, grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia no aplican mecanismos similares. En América Latina, varios países han optado por reglas de gasto ajustadas al ciclo o directamente prescindido de este tipo de restricciones.
