La reforma agraria de Gustavo Petro ha sido cuestionada por el uso de entregas provisionales para inflar los resultados y el bajo cumplimiento de las metas estructurales frente a lo prometido.

A pesar de la narrativa oficial de un avance histórico en la redistribución y formalización de tierras, un análisis riguroso de las cifras oficiales revela un rezago crítico frente a los compromisos del Acuerdo de Paz y del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La brecha entre la expectativa y la realidad se ensancha por el uso de mecanismos de "entrega provisional" que dilatan la seguridad jurídica de los campesinos, y por una preocupante desconexión entre la entrega de predios y la articulación de políticas de desarrollo productivo. En un contexto global regulado por Tratados de Libre Comercio (TLC) inalterados y barreras paraarancelarias internacionales cada vez más exigentes, la reforma corre el riesgo de reducirse a un esfuerzo de titulación periférica sin transformar las estructuras de improductividad y dependencia alimentaria que aquejan al agro colombiano.

1. Metas incumplidas

La ejecución de la reforma agraria muestra un fuerte rezago frente a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Acuerdo de Paz. A continuación, se comparan las cifras del CORA con las metas.

En la categoría compra de tierras es donde se observa la mayor brecha entre la expectativa y la realidad.

• Promesa: El Gobierno se propuso originalmente cumplir el Acuerdo de Paz con la compra de 3 millones de hectáreas. Posteriormente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ajustó la meta de gestión directa a 1 millón de hectáreas para el cuatrienio.
• Resultados a junio de 2026: Se han comprado 462.561 hectáreas, de las cuales sólo 264.096 ha son compras efectuadas a particulares, Fedegan, la SAE y el FRV. El resto apenas cuentan con procesos de oferta aceptada. Esto equivale a apenas al 26,4% de cumplimiento efectivo de la meta ajustada y 8,8% de la promesa original del Acuerdo de Paz

En términos de la formalización, que busca dar seguridad jurídica a quienes ya ocupan la tierra:

• Promesa: El Plan Nacional de Desarrollo (PND) estableció una meta de 3,9 millones de hectáreas formalizadas. La ANT manejó una meta operativa de 2,5 millones.
• Resultados a junio de 2026: Se han formalizado 2,28 millones de hectáreas, logrando un 81,4% de avance sobre la meta operativa, correspondiente al 58,5% de la meta del PND.
• Distribución: Las tierras formalizadas se concentran en zonas periféricas como Amazonas, Vichada, Putumayo y Caquetá, beneficiando mayoritariamente a comunidades étnicas, mientras que la redistribución de tierras productivas en el centro del país está estancada en un país donde el 81,4% de la frontera agrícola sigue siendo tierra improductiva o dedicada a ganadería extensiva (UPRA).

En entrega de Tierras:

• Promesa: El PND proyectó la entrega de 2,9 millones de hectáreas.
• Resultados a junio de 2026: El balance total es de 351.010 hectáreas entregadas, lo que representa solo el 12,1% de la promesa inicial. Pero de esas tierras 255.121 son entregas provisionales, pendientes de registro ORIP o por lo que el cumplimiento se reduce a 8,8%.
• Solo 94.920 ha han sido registradas formalmente como entregas definitivas en el ORIP.

2. La diferencia entre "gestionar" y "entregar" tierras

La exministra del gobierno de Gustavo Petro, Cecilia López recientemente puso sobre el debate dudas legítimas sobre la presentación de las cifras. Por ejemplo, la exministra señala que existen aproximadamente 80.000 hectáreas que han sido entregadas a campesinos pero que el Gobierno aún no ha pagado a sus propietarios originales. Además, el Ministerio no ha utilizado el sistema oficial SICIP (vinculado al Acuerdo de Paz), el cual exige títulos registrados para reportar hectáreas. En su lugar, el Gobierno utiliza un sistema propio llamado Cora, el cual López considera difícil de verificar y propenso a la manipulación de términos para inflar cifras.

Los principales motivos por los cuales se puede cuestionar la Reforma Agraria son los siguientes:

La tierra solo puede considerarse entregada de forma definitiva cuando cuenta con una escritura pública registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).

Mientras el Gobierno reporta más de 351.010 hectáreas entregadas, solo 94.920 hectáreas tienen registro en la ORIP. Otras más de 255.120 hectáreas corresponden a entregas provisionales o con actos administrativos pendientes de registro en ORIP y tienen riesgos de inseguridad jurídica.

De acuerdo con la exministra Cecilia López hay cerca de 22.000 familias en situación de vulnerabilidad que ocupan tierras sin el respaldo de una escritura pública, lo que las deja indefensas ante amenazas o intimidaciones de terceros en el campo

Si bien el Gobierno Petro ha superado la gestión de tierras de administraciones previas, su reforma se queda corta frente a las expectativas de transformación estructural que prometió. El éxito se ha concentrado en la formalización de títulos en zonas de frontera (especialmente en la Amazonía), mientras que la redistribución de tierras productivas mediante compra directa se estancó.

El 81,4% de la frontera agrícola colombiana permanece como tierra vacante o dedicada a ganadería extensiva, mientras que la seguridad alimentaria depende de solo un 12,7% del área disponible (UPRA). La reforma aún no logra revertir estructuralmente este circuito de tierra improductiva y despoblamiento rural. Sin mencionar que Gustavo Petro no modificó las restricciones que imponen los TLC.

3. ¿Reforma agraria con TLC?

Además de las cifras infladas y su bajo impacto, la Reforma Agraria quedó como una política aislada de entrega de tierras, carente de herramientas suficientes para garantizar un impacto efectivo sobre la vida de las comunidades agrarias. El desempeño del sector agropecuario continúa ligado a los cultivos de exportación mientras se refuerza la dependencia de las importaciones de insumos agrícolas y de alimentos estratégicos para la soberanía y seguridad alimentaria como cereales, leguminosas y alimentos procesados.

La no modificación de los TLC mantiene barreras comerciales y no comerciales al desarrollo del campo colombiano. La imposición de medidas arancelarias y paraarancelarias por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, los fuertes subsidios y los condicionamientos de los TLC a una política agraria activa no fueron cuestionadas por el gobierno.

De acuerdo con el informe de seguimiento de los acuerdos comerciales de 2025 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los productos agrícolas colombianos enfrentan diversas barreras estructurales, regulatorias y ambientales para acceder a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea.

El Pacto Verde Europeo impone medidas no arancelarias con el pretexto de reducir los niveles de carbono, lo que podría traducirse en nuevas tarifas de exportación estimadas inicialmente entre el 3% y el 5%.

La Unión Europea también aplica normativas estrictas de debida diligencia y trazabilidad, especialmente para productos como el café, el cacao y el aceite de palma, para asegurar que no provengan de zonas deforestadas o prácticas no sostenibles.

Además, aplica una política de disminución drástica en el uso de pesticidas ("De la Granja a la Mesa"), lo que obliga a los productores colombianos a ajustar sus procesos fitosanitarios y mejorar la infraestructura de laboratorios para cumplir con los estándares de residuos permitidos.

En el mercado estadounidense, las barreras se centran en la protección interna y los complejos procesos de ingreso. Existen barreras técnicas y de tiempo para productos específicos.

Por ejemplo, tras 14 años de TLC, para la carne de bovino, Colombia aún se encuentra en un prolongado proceso de equivalencia sanitaria en inocuidad y auditorías de inspección por parte del Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS). También persiste el interés por iniciar la admisibilidad para la carne aviar fresca, un proceso que requiere inversiones y aprobaciones técnicas complejas.

Otra barrera de entrada al mercado de Estados Unidos está en la necesidad de transferir conocimiento y tecnología sobre moléculas aptas para el control de plagas que sean aceptadas por las autoridades de EE.UU., ya que muchas de las utilizadas en zonas tropicales están prohibidas en ese mercado.

Además de las barreras pararancelarias, los países desarrollados, incluidos los Estados Unidos, han incrementado de forma considerable sus subsidios y ayudas internas a sus propios sectores agrícolas, lo que crea un desequilibrio comercial y profundiza las brechas de desarrollo. El mismo informe del Ministerio reconoce que las prácticas de protección mediante subsidios a los sectores agrícolas en los países de la OCDE (donde se incluye la UE) generan distorsiones que dificultan la competencia justa para los productos colombianos.