El Espectador 28 FEB 2016
Luego de que el Gobierno vendiera el 57,6% de sus acciones en Isagén por $6,5 billones a la multinacional Brookfield, el pasado 13 de enero, en el ambiente quedó la pregunta de si el Ejecutivo les echaría mano a otras empresas estatales, teniendo en cuenta que el dinero de la generadora de energía cofinanciará la construcción de las vías 4G, justo cuando se buscan recursos para tapar el déficit fiscal que hoy asciende a $30 billones.
La estrategia casi obligada es la reforma tributaria estructural. Sin embargo, en el segundo semestre de este año apenas se presentaría el proyecto de ley ante el Congreso y a principios de 2017 empezaría su aplicación. Mientras eso pasa, el Gobierno aún tiene la tarea de llenar el hueco de ingresos de este año, buscar estrategias para el que viene y así enviar señales positivas a los mercados internacionales.
El presidente Juan Manuel Santos ha servido por partes la torta agridulce, para no generar pánico. El pasado 18 de enero anunció la política de “austeridad inteligente” y ordenó a sus ministros, por ejemplo, “viajar en clase económica”. Luego, el 20 de febrero, hizo público un recorte de $6 billones del presupuesto nacional. Y en los últimos días, la directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Milena López, dijo a Bloomberg News que están evaluando la posibilidad de vender la aseguradora La Previsora S.A., la sexta empresa (en seguros generales) en Colombia y la 26 entre las 110 que tiene hoy el país en su portafolio.
Hoy, en su orden, las más importantes son: Ecopetrol, que tiene un patrimonio de $69,5 billones; Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., con un capital de $22 billones; Interconexión Eléctrica S.A. ESP – ISA, con $8,6 billones; Oleoducto Central S.A., con $7,8 billones; Refinería de Cartagena, con $5,4 billones; hasta enero pasado Isagén, con $4,2 billones, y en el puesto 26 está la tentada Previsora, que tiene un patrimonio de $377.000 millones (ver gráfica).
Antes de que se vendiera Isagén y de que se conocieran las posibles intenciones de enajenar la compañía aseguradora, el Gobierno ya había analizado, en noviembre de 2015, a través del Conpes 3851, la ineficiencia de algunas empresas. La conclusión: en 2019 se creará una entidad nacional de empresas que ejercerá la función de propietario para todas las estatales.
Entre 2011 y 2014, el retorno promedio sobre el patrimonio (ROE) y los activos (ROA) de las empresas del Estado del orden nacional fue de 13,5% y 7,0%, respectivamente. Sin embargo, este rendimiento estuvo impulsado primordialmente por las empresas estatales emisoras de acciones, mientras el portafolio de empresas no listadas mostró un desempeño menor, o sea, 3,6% y 1,5%.
De hecho, 21 empresas, correspondientes al 19% del total de las que tiene en su poder el Estado, presentaron una rentabilidad promedio negativo en los últimos cuatro años, dice el documento. Además señala que el Estado colombiano mantiene participaciones accionarias minoritarias en 46 empresas. “En promedio, el patrimonio y los activos invertidos en éstas han rentado al 2,2% y al 1,3%, respectivamente, en los últimos cuatro años (2011-2014). Una cifra incluso menor que la tasa de inflación promedio para ese período, lo que significa que el patrimonio estatal invertido en estas empresas ha venido perdiendo valor en términos reales”.
Al margen de estas cifras, el presidente de La Previsora S.A., Andrés Restrepo, dijo que aún no ha recibido comunicación formal sobre el inicio del proceso de venta, pero que como administrador no controvierte las decisiones del dueño, que es el Ministerio de Hacienda. “Lo que le puedo decir es que los estados financieros de la compañía son buenos. El año 2015 lo cerramos con una utilidad de $24.200 millones. Eso es un incremento del 30% respecto a 2014”.
En general, La Previsora tiene una participación del 6% en el mercado asegurador del país, una tajada importante si se tiene en cuenta que, en términos de seguros generales, en Colombia no hay un jugador que tenga el 80% del control. Además, dice Restrepo, es una compañía con presencia directa en 26 ciudades principales e intermedias del territorio nacional, que genera más de mil empleos directos e indirectos, en en la que el Estado tiene el 99,9% de las acciones.
El debate de la privatización
La discusión sigue siendo entre los que piensan que el Gobierno pretende privatizar los bienes del Estado con una visión neoliberal y los que dicen que no se debe estigmatizar la medida.
Jorge Humberto Botero, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), opina que “bien haría el Gobierno enajenando una acción que no se requiere desde el punto de vista estratégico. Hay suficiente oferta de seguros en el mercado, buena competencia, y están llegando capitales nuevos, de tal manera que es una decisión sensata, y vaticino que, si es correcto, habrá una gran demanda por esa compañía”.
Por la misma línea, el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, manifestó que, aunque no es enemigo de los procesos de privatización, no estaría de acuerdo si se hace en función de gastar el dinero en el presupuesto anual o para tapar un hueco fiscal. “Si con la privatización se obtienen recursos que se invierten en unos activos más productivos o en uno que le permitirá a la Nación desarrollarse en el largo plazo, bienvenida sea”.
Otra cosa piensan José Roberto Acosta, miembro de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia, y el senador Antonio Navarro, de la Comisión Tercera del Senado.
Aseguran que el riesgo de la privatización estatal se consumó con la venta de Isagén y que el Gobierno es capaz de todo con los activos de la Nación. “ISA es la que sigue. Ya vendieron todo el sistema de generación, ahora les falta privatizar la distribución, y con eso tendrían el paquete completo: tienen quién genera la energía, pero ahora tienen que tener quién controla, el que la hace llegar a los hogares, y con eso hacen moñona”, dijo Acosta.
Sin embargo, el profesor de economía Marc Hofstetter, de la Universidad de los Andes, cree que no hay espacio político para hacer una venta de un activo relevante de la Nación, porque la enajenación de Isagén poco aprecio tuvo entre la opinión pública. “Podrá haber ventas de cosas chiquitas que a nadie le importen. Tenemos la reforma tributaria sobre la mesa y el tema fiscal se va a resolver con eso, y quizá con un ajuste adicional en el gasto, pero la venta de activos va a ser poco relevante en los próximos meses”.
De todas maneras, la discusión está abierta, y más si el Gobierno hoy ya no cuenta con los $60 billones que le generaban sus empresas a finales de 2014, pues la más grande, Ecopetrol, no pasa por sus mejores épocas, tanto que su acción pasó de $3.500 a $980.
