Uno de los grandes problemas del sistema tributario colombiano es que no cumple con los principios constitucionales de equidad y progresividad en los impuestos. El impuesto de renta a las personas jurídicas es prueba de ello, pues todas las empresas tienen una misma tarifa, sin importar el tamaño de su patrimonio, sus utilidades o de sus ingresos.
La reforma tributaria propuesta por el actual Gobierno persiste en una fórmula que es inconstitucional y que no favorece a las pequeñas, medianas y microempresas, más del 98% del tejido empresarial. Mantiene la actual regresividad con una tarifa de 35% para todas las empresas, a pesar de que existen alternativas más progresivas.
Cedetrabajo hizo la estimación del posible recaudo con tres versiones de tarifa diferencial para la empresas que han propuesto diferentes académicos e investigadores (VER ESTUDIO). Con la información de la declaración de renta de la personas jurídicas de la DIAN y el reporte de las 10.000 empresas más grandes de Supersociedades, se encontró que las tres fórmulas de tarifa diferencial garantizan el recaudo que necesita el Gobierno por impuesto de renta en jurídicas, incluyendo los cinco billones adicionales que busca la reforma.
La primera versión es la de Aurelio Suárez, Manuel Martínez y Luis Luna. Proponen una tarifa del 27% para las micro y pequeñas, del 29% para las medianas y del 30% para las grandes. La categorización de las empresas se hace a partir de los ingresos brutos.
La segunda fórmula estimada fue de Jorge Garay y Enrique Espitia, quienes proponen tarifas diferenciales por el nivel de utilidades de las empresas. Esta versión es altamente equitativa. Las micro empresas pagarían 10% de impuesto de renta y la tarifa va subiendo progresivamente hasta llegar al 34% para las grandes.
La última propuesta estimada es la hecha por ACOPI Bogotá con la asesoría de Cedetrabajo. En este caso se propone una tarifa del 20% para las micro y pequeñas, del 25% para las medianas y del 35% para las grandes. En este caso el tamaño depende del nivel de utilidades.
La gran conclusión es que con cualquiera de las tres propuestas estimadas se conseguirían los recursos que el Gobierno espera recoger por impuesto de renta a las personas jurídicas.
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