Mientras la Drummond tiene hasta el próximo domingo para cerrar definitivamente el cargue con barcazas que la ley ordenó desde 2007, el país político aplaude la sanción del Ministerio de Medio Ambiente, y otros piden que el Gobierno demande a la multinacional estadounidense.

Pero de fondo, varios analistas consultados por este diario coinciden que es tan pobre el control que ejerce el Gobierno sobre la producción minera nacional que el país celebra como extraordinario lo que es obligación de cualquier Estado: hacer cumplir la ley.

Por eso fue noticia a finales de noviembre pasado que la Agencia Nacional de Minería (ANM) haya realizado, por primera vez en la historia del país, un primer barrido de fiscalización por los 9.043 títulos mineros que hay Colombia.

Pero a juicio del economista Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red Justicia Tributaria, la tarea no está completa desde que el Gobierno deba delegar esa tarea en terceros, como lo son los consorcios contratados para ese fin.

«No hay una inspección de fondo desde que sean las mismas empresas mineras las que reporten al Gobierno de cuánto es su producción para liquidar cuánto pagan de regalías e impuestos, y no sea el mismo Estado quien tenga supervisores en boca de mina y zonas de embarque para saber cuánto producen y exportan», advierte Valencia, quien cuestiona las generosas exenciones tributarias que tiene las multinacionales que explotan los recursos naturales no renovables del país.

Además advierte que la Drummond, puede demandar al Estado colombiano en virtud de lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC) en que se establece que «las políticas comerciales y ambientales se apoyen mutuamente». Eso podría significar «que cualquier protección ambiental se catalogue como un obstáculo injustificado al comercio», concluye Valencia.

En ese sentido, ayer el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, planteó públicamente al Gobierno que demande a la Drummond por las significativas pérdidas en regalías que dejará de recibir la Nación mientras se concluye el muelle de cargue directo en la ensenada Alcatraz, en Ciénaga (Magdalena).

Según las cifras dadas por el presidente de Drummond, José Miguel Linares, el 20 de diciembre pasado, el proyecto estará listo para «finales de marzo» y a diario la compañía genera 2.470 millones de pesos en regalías. Con la suspensión dictada el miércoles, entonces se postergará el pago de 190.000 millones de pesos por ese concepto.

Con todo, las alertas y advertencias de los entes de control frente a esas regalías, por ejemplo, sobrevienen de forma tardía frente a los hechos.

Un informe de la Contraloría, cinco años después, alertó que la Drummond recibió beneficios fiscales por 919.896 millones de pesos entre 1995 y 2007, eso es el 76 por ciento de los 1,2 billones que pagó por regalías a la Nación.

Luego de una fiscalización especial a la Anla, en abril de 2013 la Contraloría concluyó que esa entidad ha hecho un control «ineficiente». Y uno de los ejemplos es la «construcción, operación y puesta en marcha del proyecto de puerto Alcatraz», el mismo que hoy tiene en líos a la Drummond.

En esas condiciones, y al tiempo que crece la inversión extranjera en minería, toma fuerza entre analistas y políticos la necesidad de que se aprovechen los vencimientos de contratos de concesión y sean renegociados, incluyendo el de la Drummond que vence en 2019.

Así se podrán replantear beneficios tributarios, reajustar tasas de regalías y cobrar la llamada «renta de agotamiento», al considerar que el Estado debe recibir más por un recurso finito, cuya disponibilidad cada día es menor y su extracción solo puede gravarse una sola vez.

El Colombiano