• Por: Andrés Bermúdez Liévano, Mar, 2013-12-03 21:4, La Silla Vacia

Desde el páramo Santurbán hasta el suroeste antioqueño, desde Cajamarca hasta el Vaupés, la “locomotora minera” del presidente Juan Manuel Santos ha avanzado a tumbos y en medio de un ambiente de fuerte polarización. Ya los habitantes de Piedras, en Tolima, fueron a las urnas para bloquear los planes de Anglogold Ashanti de instalar una planta de procesamiento de oro en su vereda de Doima. Y los de Tauramena, en Casanare, están listos para hacerlo de este domingo en ocho

Por eso, ante la creciente ola de conflictos sociales, la expansión del sector petrolero y los planes para que la minería pudiera también madurar, el hasta hace poco Ministro del Interior Fernando Carrillo creó un proyecto -llamado Avanza- que sentó a  las empresas mineras, a las comunidades y a las autoridades locales en una misma mesa para abordar los problemas antes de que se convirtieran en una bola de nieve. Pero estos diálogos murieron antes de que pudieran agarrar ritmo y convertirse en un modelo utilizable.

Durante un año el proyecto avanzó y cuando recién se sentaban a dialogar todos juntos, vino el remezón del gabinete y, como contó La Silla, Avanza quedó en el aire por decisión del hoy ministro Aurelio Iragorri.

La Silla conversó con líderes comunitarios, funcionarios de las empresas y altos funcionarios locales de Casanare y Putumayo que estuvieron en el proceso. Todos coinciden en que Avanza era un proyecto que, con sus desperfectos y dificultades, finalmente los reunía a todos en el mismo espacio y los había puesto a hablar de los temas que los preocupaban, antes de que éstos estallaran y se les salieran de las manos. Y que fue archivado sin que a ninguno de ellos se les contara.

La idea era crear unos espacio de diálogo donde pudiesen conversar en igualdad de condiciones y llegar a acuerdos, en vez de las conversaciones entre sordos que cada vez se polarizan más.

Esto porque cada uno tiene su memorial de quejas y había muy poca comunicación directa entre todos. Las comunidades sienten que las empresas sólo las reúnen cuando necesitan socializar algo y obtener su permiso. Las compañías creen que -pese a pagar impuestos y regalías- son el saco de boxeo para los habitantes, pero son conscientes de que sin una ‘licencia social’ es muy difícil sacar adelante sus proyectos. Y las autoridades locales se sienten incapaces de resolver los problemas con los pocos recursos económicos y humanos que tienen, sobre todo desde que la reforma a las regalías redujo la plata que tienen disponible.

Durante una primera fase, el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia -que tiene toda una línea de trabajo en temas de conflicto social- visitó las tres regiones piloto que se escogieron, levantando el mapa de los actores, entendiendo las dinámicas entre ellos y plantéandole las reglas de juego a todos.

Así arrancó el proceso en las regiones petroleras del Casanare -Paz de Ariporo, Monterrey y Yopal- y Puerto Asís (Putumayo) donde trabajan grandes empresas como Ecopetrol y Equion, así como en la zona minera de Cartama, en el suroeste antioqueño, donde conviven pequeños mineros y empresas medianas de carbón.

Luego en marzo arrancó una segunda fase, que ayudó a financiar la Fundación Ford (que también apoya a La Silla Vacía) y que capacitó a los tres actores -y sobre todo a los líderes comunitarios- en cómo trabajar. La tercera fase, la de los diálogos propiamente dichos, debía arrancar en octubre y buscarían encontrar soluciones para un tema en el que todos estuvieran de acuerdo. Esta primera problemática -que las empresas, las alcaldías y las comunidades acordaban juntos- sería la prueba ácida, que permitiría luego ampliarlo a otras regiones del país aún más complejas.

“El diálogo es el punto de llegada y no el de partida, porque no se puede dar si no hay unas condiciones previas que lo permitan”, le explicó a La Silla María Claudia Medina, que dirigía el proyecto.

La idea era que, una vez identificado el primer problema central, todos trazarían una estrategia conjunta y el Gobierno central traería a la región a los funcionarios claves para ponerla en marcha. Si el problema son las carreteras terciarias, vendrían Transporte e Invías. Si es la formación profesional, sería el Sena y así sucesivamente.

En la zona de Cartama el proceso no avanzó mucho, al ser una región conflictiva donde la población está muy polarizada en torno a la minería. Pero en los municipios petroleros del Casanare y Putumayo la idea tuvo buena acogida y las mesas de diálogo estaban prácticamente listas para comenzar a rodar.

En Paz de Ariporo alcanzaron a reunirse todos juntos y a ponerse de acuerdo en un primer tema: la titulación de la tierra, ya que más de la mitad de los ariporeños no tienen certificados de propiedad de sus parcelas y eso los ha dejado por fuera de subsidios para campesinos, créditos en el Banco Agrario y hasta poderse conectar a los servicios públicos. Por no hablar del derecho a cobrarle un precio más alto a las petroleras por el uso de sus servidumbres.

“Estaban sentados todos los que tenían que estar sentados: estaban las empresas petroleras y sus contratistas, estábamos las comunidades y las juntas de acción comunal, estaban alcalde y el secretario de Gobierno”, dice Ruth Abril, una lideresa de la vereda de El Totumo, de Paz de Ariporo, uno de los municipios más productores del Casanare.

Y es que, como dice Abril, todos es todos: estaban el alcalde, la secretaria de Gobierno, el delegado de hidrocarburos, 11 líderes comunitarios (elegidos de un grupo de 35 que fueron formados) y 18 empresas (desde grandes como Ecopetrol y Equion hasta medianas como Geopark o New Granada). Los únicos ausentes eran la Gobernación de Casanare, que no estuvo en ningún diálogo.

Si daba sus primeros frutos, luego seguramente vendría otro tema que los junta a todos: el pésimo estado de la carretera de 200 kilómetros -la mayoría destapados- que va de Paz de Ariporo hasta La Hermosa, pasando por las zonas petroleras de El Totumo y Las Guamas. Y un tramo clave porque termina en La Primavera (Vichada).

Todo estaba listo para una segunda reunión en el Centro de Convivencia Ciudadana, en una fecha por determinar entre el 15 y el 25 de octubre, con funcionarios de Agricultura, el Incoder, Ambiente y el Igac, para comenzar a mirar con lupa el tema de tierras.

Pero pasó octubre, pasó la fecha límite para la mesa, llegó noviembre y nunca oyeron de Interior.

Los once integrantes del equipo original terminaron saliendo del ministerio, a pesar de que estaban aprobados 3.200 millones de pesos en vigencias futuras para adelantar la última fase. También salieron otros funcionarios claves en el proceso, como el subdirector de convivencia Juan Guillermo Sepúlveda. Hasta donde La Silla pudo comprobar, no se ha firmado el convenio interadministrativo entre Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos que permitiría sacarla adelante.

Paradójicamente, el nuevo ministro de Interior había sido el otro vice de la cartera cuando Londoño comenzó a darle vueltas a la pregunta de cómo desactivar la bomba de tiempo social en que se estaba convirtiendo la locomotora minera.

“No llegó ninguna comunicación, ningún correo, ninguna llamada. Llamé y me enteré que el proyecto había quedado paralizado hasta nueva orden”, cuenta Álvaro Hurtado, un arquitecto ariporeño que tiene una finca en la vereda Cuerva y que representa a las familias allá.

Él, como la mayoría de líderes comunitarios, hablan abiertamente del tema. Las empresas y las autoridades locales prefieren omitir sus nombres para no dañar sus relaciones con el Gobierno, pero coinciden plenamente en que Avanza andaba a buen ritmo y se interrumpió sin siquiera un mensaje de aviso.

“No nos han llamado ni nos han escrito para decirnos ‘tenemos un inconveniente’, se suspende o se cancela. Fue un proceso constructivo y positivo, pero pasó a ser un desgaste en el momento en que quedó en nada”, dice otro responsable del área social de una de las empresas.

El centro del problema es la falta de confianza, en una región donde la presencia del Gobierno central es muy precaria y donde todos los actores hablan de haberle “dado una oportunidad más”. Cortarlo de raíz no sólo rompió la confianza que se venía recuperando, sino que parece haber retrocedido aún más.

“Es una burla que vengan y monten toda una estructura, para luego dejarla botada”, dice Eduardo Moreno, un administrador de empresas que lidera la junta de acción comunal de Las Guamas y que era uno de los más escépticos.

“Acá hubo buenas intenciones, nos llenaron de entusiasmo y expectativas, pero cuando la gente le dio la oportunidad, todo se cae”, dice Oscar Aragón, un líder comunitario en Puerto Asís, del Putumayo.Estaban listos para la primera reunión el 21 de octubre, en la que los tres actores llevarían cada uno tres temas que les preocupan y entre todos acordarían uno para arrancar.

Varios de los entrevistados dicen que el resultado más previsible podría ser que las comunidades acudan a la única vía que saben les da resultados para ser escuchados: los bloqueos y las protestas.  Y que en vísperas de época electoral se están multiplicando, como muestran los tres recientes bloqueos en Paz de Ariporo y mostrando que el ‘sentimiento antiminero’ da réditos políticos.

“Aquí en La Paz casi no ha habido vías de hecho, sino connatos y ahí las empresas han reaccionado. Pero ya no hay nadie que no crea que se mueva algo si no hay una vía de hecho”, dice Moreno.

“Todos quedamos con muchas expectativas de minimizar las tensiones y ahora realmente lo vemos difícil. Los cambios del Gobierno no deberían afectar sus políticas”, dice la persona encargada de responsabilidad social de una de las empresas.

Al final Avanza no alcanzó a avanzar mucho, pero había sentado las bases y la metodología para que las empresas, las comunidades y los municipios pudieran sentarse a hablar. Solo que ahora, el Gobierno central, al que le toca intervenir cuando las cosas estallan pero que rara vez está presente cuando están germinando, los levantó a todos de la mesa y los dejó con los crespos hechos.