“Aunque la tecnología ha acortado las distancias, cada día más gente se aglomera en áreas metropolitanas. Cinco millones de personas adicionales cada mes se suman a las ciudades del mundo en desarrollo y se estima que en el 2011 más de la mitad de la población mundial vivía en las ciudades”
(Glaeser, 2011). La movilidad urbana debería ser reconocida como un derecho social fundamental de los ciudadanos” (SIBRT, 2014). “Por ende, las políticas de movilidad urbana deben favorecer el uso de medios de transporte que promueven la equidad, el beneficio social y la reducción de la contaminación” (ITDP, 2012).

En este sentido, el propósito de esta investigación es establecer si en Cartagena, realmente se concibe la movilidad como un derecho social básico para sus habitantes, o, por el contrario, lo que ha primado en las políticas públicas en este sector estratégico, es la lógica cuestionable de garantizarle grandes negocios a los operadores privados en detrimento del interés general y para ello, se abordará tres aspectos: en primer lugar, ¿Cuál es el estado general de la movilidad en el Distrito a partir de la evolución de los principales indicadores técnicos?; en segundo lugar, ¿Quiénes son los grandes beneficiarios del sistema y si con ello, se genera un detrimento de las finanzas distritales? y ¿Este modo de transporte es la solución estructural a la movilidad distrital?; y por último, se formularan
algunas recomendaciones de medidas que esta nueva administración distrital debe adoptar.