En Colombia el sistema tributario es altamente regresivo. Más de la mitad de los tributos son indirectos, que se caracterizan porque se cobran a todos por igual, independientemente de la capacidad económica de las personas. Al final, afectan en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. En 2021 los impuestos indirectos aportaron el 54,2% del recaudo nacional, mientras que los impuestos directos aportaron el 45,8%.

Según cifras de la DIAN, el total del recaudo del país para el año 2021 fue de $173 billones, el cual se concentró principalmente en dos impuestos: el impuesto de renta, con $77 billones, y el impuesto del IVA, con $75,6 billones. Estos dos impuestos aportaron un 88,2% del total del recaudo nacional en el país. El 11,8 % restante corresponde a otros tipos de impuestos, varios de los cuales tienen un fuerte componente indirecto y son : el Gravamen a movimientos financieros, los aranceles, el impuesto nacional a la gasolina y ACPM, el Impuesto al consumo, entre otros. 

Aunque los impuestos directos son más progresivos que los indirectos, en nuestro país también esconden inequidades. El impuesto de renta se comporta en Colombia de una manera muy diferente al de otros países de América Latina o la OCDE. La mayor contribución del impuesto de renta (un 80%) hoy la hacen las empresas o personas jurídicas, mientras las personas naturales tan solo contribuyen con un 20%.

En el impuesto de renta de las personas jurídicas hay inequidad vertical y horizontal. La primera se evidencia en una misma tarifa de renta (35%) para todas las empresas, sin diferenciar entre las grandes, las medianas, las pequeñas y las micro. Y aunque una misma tarifa para todas ya es regresiva, el tema se empeora porque la tarifa efectiva de las grandes empresas resulta menor que la tarifa efectiva de las pequeñas.

Las inequidades horizontales ocurren por la aplicación de ciertas exenciones y beneficios tributarios para algunos sectores y para otros no. Por ejemplo, el sector financiero tuvo casi $10 billones de exenciones en el año 2020. Todo sin una clara justificación del costo/ beneficio y del aporte para el desarrollo económico del país. Por el contrario, un sector tan estratégico como el agropecuario apenas supera el medio billón de pesos por exenciones. 

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