Por: Saúl Franco*

El Espectador, Bogotá D.C., 16 de mayo de 2017

El Imatinib ya no es sólo un excelente y costoso medicamento contra la leucemia mieloide crónica. En Colombia se ha convertido además en símbolo de la confrontación abierta entre los intereses de la salud pública y los de la industria farmacéutica trasnacional. Los recientes desarrollos de la confrontación han permitido desnudar intereses, precisar posiciones y dejar más claro que nunca el trasfondo real del asunto. Y aunque distintos editoriales, columnistas y organizaciones ya han escrito sobre el tema, su importancia y significado ameritan mantener vivo el debate.

En junio de 2016 el Ministerio de Salud emitió la Resolución 2475, mediante la cual, y con sólidos argumentos técnicos y de salud pública, hacía una Declaratoria de Interés Público, DIP, con fines de control de precios, al Imatinib de la multinacional Novartis. La DIP sentaba un precedente importantísimo y se tradujo además en una reducción del 44% en el precio del medicamento.

El nuevo hito lo constituye la promulgación, el pasado 25 de abril, del Decreto 670. Mediante él, y con la firma del presidente de la República, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MCIT, derogó en la práctica la Resolución 2475 y creó mecanismos que hacen casi imposible emitir a futuro nuevas DIP con fines de licencia obligatoria y control de pecios.

Dos hechos parecen haber inclinado la balanza del gobierno a favor de los negocios y en contra de la salud pública y de la ley estatutaria en salud. El primero es el interés del gobierno de lograr el ingreso de Colombia a la OCDE, la organización de países ricos con el más estricto apego a las reglas de la economía de mercado. El otro es la fuerte presión de Novartis, respaldada por la industria farmacéutica internacional, representada en Colombia por Afidro, y presidida por un exsuperintendente de salud del actual gobierno.

Una reunión del presidente Santos con el CEO de Novartis en el marco del Foro Económico Mundial, realizado en Davos, Suiza, del 17 al 20 de enero de este año, resultó definitiva, a juzgar por el desarrollo posterior de los acontecimientos. En efecto: sólo una semana después, el 25 de enero, se realizó en la secretaría general de la presidencia de la República una reunión de funcionarios gubernamentales, en especial del MCIT, Afidro y la delegada de la OCDE para Colombia. Una dura carta del gerente de Afidro al secretario general, divulgó un mes después los tres temas tratados allí: propiedad intelectual, biotecnológicos y seguridad financiera de la industria farmacéutica en los turbulentos negocios de Cafesalud. Sólo dos meses después de la carta se promulgó el decreto 670, que devuelve a las farmacéuticas la estabilidad jurídica para sus ganancias desbordadas, desautoriza y margina al ministerio de salud, y pone una vez más la garantía del derecho a la salud de los colombianos por debajo de los intereses económicos trasnacionales y de las promesas de campaña y de gobierno.

Las posteriores aclaraciones públicas del MCIT y de Afidro tratando de minimizar o desviar los verdaderos alcances del decreto en cuestión, sólo confirman la gravedad del asunto, la prepotencia mercantil y la unidad de criterio al interior del gobierno, a pesar de transitorias diferencias de matices entre algunos funcionarios. En mi opinión, el ministro de Salud debería renunciar por dignidad y coherencia con sus actuaciones de 2016. Pero, claro, tal decisión es cuestión exclusivamente suya.

Frente a este caso emblemático, nos corresponde a todas las organizaciones y personas comprometidas con la salud pública, en particular Misión Salud, Ifarma, la Federación Médica Colombiana y los centros de pensamiento y acción en el tema de medicamentos, no bajar la guardia y continuar trabajando  a nivel nacional e internacional por la prioridad del bienestar colectivo sobre el bienestar de los negocios de algunos, y de la seguridad vital de todos sobre la seguridad jurídica – antes “confianza inversionista” – de algunas empresas.

* Médico social.