El balance de la implementación del Acuerdo de la Habana durante el gobierno de Duque es negativo: él y su partido fueron hostiles con el Acuerdo, rompió la integralidad del mismo, privilegió los puntos afines a su agenda política, fue lento el avance a nivel general, hay rezago en los temas de género y étnicos, no se implemento lo acordado en el terreno agrario, no tuvo la financiación adecuada y persistieron temas tan aberrantes como el asesinato de líderes sociales y de firmantes del acuerdo.
Iván Duque y su partido político, Centro Democrático, basaron buena parte de la campaña que lo llevó a la presidencia en atacar el Acuerdo de Paz firmado entre Juan Manuel Santos y las desaparecidas FARC. De ahí que no sea extraña la indiferencia del gobierno con unos temas del acuerdo y la franca discordia con otros. El partido de gobierno, con la anuencia del presidente, presentó en dos oportunidades propuestas de reforma a la Justicia Especial para la Paz, con la intención de quitarle funciones y entorpecer la búsqueda de la verdad. También fue clara la oposición que le hicieron a las curules de paz en el Congreso.
Duque asumió la implementación del Acuerdo de Paz a través de la política que denominó “paz con legalidad”. Sin embargo, esa política no recoge todas las disposiciones del acuerdo final, sino que se centra en algunos temas en detrimento de otros puntos que no consideró relevantes. En términos generales, las disposiciones que fueron dejadas de lado son las que tienen componentes transformadores a nivel económico, político y social. Se evidencia en aspectos estructurales como: la Reforma Rural Integral, donde han sido mucho los anuncios sobre el catastro multipropósito, pero pocos los avances reales y sí se redujo la meta del 35% al 18% para 2022; el no ofrecer posibilidades reales para la sustitución de cultivos de uso ilícito, pues no se permitió que nuevas familias ingresaran al programa de sustitución y se volvió a privilegiar la erradicación forzosa; los tibios avances en las garantías de participación política, demostrado con el incumplimiento del Estatuto de oposición y con la falta de seguridad en los territorios para el ejercicio de liderazgos políticos.
El balance negativo de la implementación se debe en gran medida a esa selección sesgada de unas disposiciones sobre otras. El Acuerdo fue estructurado de una manera en que los puntos se condicionan y se alimentan entre sí. Para poner un ejemplo, la sustitución de cultivos y la reforma rural deben ir de la mano. El cumplimiento efectivo de lo pactado requiere que se desarrolle de manera integral y simultánea. La discriminación de temas que hizo Duque en la “Paz con legalidad” rompió esos principios. Negociadores del acuerdo, el CINEP y analistas políticos coinciden en que la no integralidad de la implementación es el problema central de estos cuatro años.
Desde el inicio del gobierno de Duque en agosto de 2018 se ve estancamiento en la implementación. El Instituto Kroc le hace seguimiento trimestral a 578 disposiciones del Acuerdo que son medibles. Desde la entrada en vigencia del acuerdo en 2016 hasta agosto de 2018, se avanzó considerablemente en el 33% de las disposiciones, el otro 67% quedó sin iniciar o en un avance mínimo. Tras los cuatro años de Duque, las acciones sin iniciar o de avance mínimo apenas bajaron al 52% y el 26% de las disposiciones que tienen fecha de cumplimiento el 2022 muestran poco progreso. A lo que se agrega que varias de las disposiciones cumplidas no fueron por iniciativa presidencial, sino que se aceleraron en el marco de los diferentes episodios de protesta social, que dentro de las reivindicaciones incluyeron el cumplimiento del Acuerdo.
Si el avance global de la implementación es lento, en los asuntos transversales de género y étnicos el rezago es mayor. Aquí nuevamente el problema principal es que se trata el tema de manera segmentada y no de forma integral. Se avanza en temas puntuales pero no se asumen las reivindicaciones de género y étnicas como un todo. Ese hecho por sí solo opaca los logros particulares. Revisado en detalle, solo se ha completado el 12% de las disposiciones transversales con enfoque de género, el 72% están sin empezar o en estado mínimo. De las disposiciones con enfoque étnico, se ha completado el 13% y el 75% está sin empezar o con avance mínimo.
La poca voluntad política de Duque con la implementación se demostró con la insuficiente financiación durante los 4 años. En ninguna de las vigencias se asignó lo que estaba previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, pensado para cumplir con las metas del Acuerdo. Según la Contraloría, con este ritmo de asignación de recursos, la implementación tardaría 11 años más de lo pactado. Es preocupante la poca financiación de las iniciativas étnicas, de 8300 existentes, apenas 1000 cuentan con financiación. Además de ser recursos insuficientes, los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra denunciaron una red de corrupción que se lucraba con los dineros para la implementación del Acuerdo. A través de coimas se pudieron desviar unos 500.000 millones de pesos que iban para obras en las zonas más afectadas por la violencia. Todos los participantes conocidos hasta el momento son de la coalición de gobierno.
Durante la negociación se identificaron 170 municipios cómo altamente azotados por el conflicto y se agruparon en 16 subregiones en lo que se denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. El tema de los PDET es uno de los más pregonados por el gobierno saliente, hablan de más de mil obras en las zonas más afectadas por el conflicto. El gran problema con esas obras es que se realizan de manera aislada y a través de diferentes herramientas de financiación. Construir puentes o remodelar escuelas de manera desarticulada no es suficiente para el desarrollo sostenido de las subregiones. Mucho menos cuando algunas de esas obras son definidas por la iniciativa privada (como las que se hacen a través del mecanismo Obras por Impuestos). Hace falta una estrategia de desarrollo coherente.
Para materializar los PDET, Iván Duque planteó construir “hojas de ruta” para cada uno de los dieciséis. Lo que se presentó como un mecanismo para una planeación rigurosa, terminó en un proceso lento que dilató la implementación de las reformas sustanciales. A mediados del 2021 solo estaban terminadas 6 “hojas de ruta”, otras 8 se culminaron para final de año y una en el 2022, por lo cual no tienen mayor realización. Todavía hay una hoja de ruta pendiente. Aparte de la demora, este instrumento ha sido criticado por permitir poca participación y porque desfigura los fines de transformación y desarrollo de los territorios por una concepción que se limita a garantizar unas condiciones mínimas de vida. Dentro de los incumplimientos más notorios a los firmantes del acuerdo se encuentra la poca asistencia técnica que han recibido en los proyectos productivos y la inexistencia de canales robustos para la comercialización. Pero nada sobresale tanto como el asesinato de líderes sociales y de excombatientes. Durante el gobierno de Iván Duque, INDEPAZ registra el homicidio de 872 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde la firma del Acuerdo han asesinado a 299 excombatientes, según la misma entidad.
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