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Uno de las más perentorias exigencias del FMI al gobierno colombiano es reformar todo lo referente al régimen de transferencias territoriales. Éste no es un planteamiento nuevo, ya que el Banco Mundial insistió en él desde mediados de la década pasada y en las diferentes Misiones sobre Racionalización del Gasto y las de estudio sobre las Finanzas Intergubernamentales se ha recomendado prescindir de los aportes gubernamentales específicamente dirigidos a salud y educación, incluir todos los dineros que se entregan a las regiones en una bolsa común, desligarlos de los ingresos corrientes de la nación y trasladar toda la responsabilidad en materia de salud y educación, incluyendo el manejo de los empleados de estos ramos, a los territorios, pero más específicamente a los municipios. Al proseguir esta política, ahora por medio de un acto legislativo que reforma la Constitución de 1991, se elimina de una vez por todas la responsabilidad del gobierno central de asegurar la educación y la salud a los colombianos y se avanza en el camino hacía convertir estos servicios esenciales en negocios rentables y autofinanciados, con lo cual se golpea aún más la educación y la salud públicas, ya debilitadas por diez años de neoliberalismo. Los aumentos previstos en el monto total de las transferencias parten de la base actual, ya de por si deficitaria, agravando la desfinanciación de estos rubros pues, por un lado, no garantizan su incremento real y, por el otro, eliminan la destinación específica de las transferencias para cubrir los rubros de salud y educación. El proyecto tiene incalculables efectos sobre los maestros, los trabajadores de la salud al desarticular sus organizaciones gremiales, introducir la anarquía en sus salarios y sentar la base para acabar con las conquistas logradas en décadas de lucha. Los habitantes de los municipios sufrirían la avalancha de nuevos impuestos locales y se forzará a las regiones a trasladar más recursos públicos al sector financiero privado, se presionará la privatización y se abandonará la atención de los habitantes, dejándola en manos de unos municipios y departamentos quebrados. Diversos sectores sociales, gremiales y políticos se han manifestado en contra de este proyecto que está transitando su una última ronda en el Congreso, constituyéndose un amplio Frente contra el Acto Legislativo. Publicamos una entrevista con el senador Jaime Dussán quien se ha opuesto al proyecto, los análisis de la Federación de Concejales y apartes de la declaración del movimiento popular contra este atentado. De aprobarse la reforma, el país retrocederá decenios en materia social, se golpeará a varios de los sectores más combativos del movimiento sindical y las posibilidades de desarrollo regional estarán más lejanas que nunca.

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