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Mario Alejandro Valencia. Analista de Cedetrabajo y miembro de la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame.

Bogotá, 7 de Febrero de 2013.

El país debería exigir una ley para prohibir que las empresas de la gran minería e hidrocarburos realicen publicidad engañosa, que en su caso hay que buscar con lupa cuál no lo es. Así se hizo con el tabaco en el 2009. La Ley 1335 prohibió totalmente la publicidad, patrocinio y promoción del tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos o cualquier medio de difusión masiva. También el patrocinio de eventos deportivos y culturales y obligó a las tabacaleras a poner grandes advertencias en sus cajetillas como: “el tabaco mata”, acompañado de dramáticas fotografías de sus efectos. Según la Organización Mundial de la Salud esto condujo a “reducir el número de personas que se inician y continúan fumando”.

Algo similar deberíamos promover los colombianos para advertir sobre las nefastas consecuencias de la gran industria extractiva, tal y como se está realizando en la actualidad. Las empresas extranjeras que controlan esta actividad se gastan jugosos recursos en publicidad, a través de los grandes medios de comunicación, no para aumentar sus ventas sino con el propósito de engañar a incautos sobre su papel en el progreso del país. “Para Cerrejón la minería significa proteger lo más valioso que hay sobre la tierra: su gente”, reza uno de los comerciales de la minera más grande del país. Quizás el más irritante es el de la petrolera Pacific Rubiales: “Pacific es Colombia y es para ti” y “Pacific incondicional”, el jugador 12 de la selección Colombia.

Más allá de las elaboradas propagandas y los discursos almibarados y repetidos sin cesar por los medios, la realidad es bien diferente. El Estado carece de una política minera y el país no sabe hacia dónde se dirige con esta actividad. No hay evaluaciones ambientales, no existe control sobre los volúmenes de producción y los aportes económicos se reciben de “buena fe”, las condiciones laborales son vergonzosas y las comunidades más pobres del país se encuentran en los proyectos minero-energéticos más grandes.

Para el presidente Santos la única preocupación es atraer inversión extranjera, a pesar de que ésta no está produciendo ningún beneficio al país. Por el contrario, la enfermedad holandesa tiene en cuidados intensivos a la economía. En los últimos tres años ingresaron 27.271 millones de dólares en inversión extranjera directa, pero salieron 31.540 millones por pago de dividendos y remisión de utilidades, según el Banco de la República. ¿Entonces qué es lo que tanto cacarean las transnacionales?.

Los trabajadores de Cerrejón están a punto de una huelga, Drummond acusada de verter 500 toneladas de carbón en la costa de Santa Marta para salvar su barcaza y los santandereanos se preparan para la movilización de las 100.000 voces por el agua el 15 de marzo, en contra de Eco Oro y las demás que insisten en hacer minería en Santurbán. Esta es la realidad que debería difundirse: no existe una zona de gran minería en Colombia libre de conflicto entre la comunidad y los trabajadores con la empresa.

En reemplazo de las propagandas, esos recursos deben destinarse para que la nación ejerza una verdadera, eficaz y oportuna vigilancia sobre los impactos ambientales, laborales, sociales y económicos que está produciendo la gran minería. También para realizar estudios técnicos suficientes que determinen si los proyectos que están por entrar en operación seguirán el mismo camino de cosas mal hechas y cuentas a medias que no consideran el pasivo ambiental. Mientras tanto, la publicidad de las transnacionales minero-energéticas continuará siendo proporcionalmente inversa a la calidad de vida en las zonas donde operan.