Pemex, la más simbólica empresa estatal mexicana, está ad portas de ser “privatizada”, en nombre de la modernización para la competitividad, cumpliendo así con un anhelo de los inversionistas extranjeros desde la firma del Nafta (Tratado de Libre Comercio para América del Norte).
El 12 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su reforma energética, una más de las proclamadas “reformas estructurales” implementadas en los últimos años, aunque el 65% de los mexicanos no esté de acuerdo.
El mandatario afirma que eso no “será una privatización ni incidirá en la soberanía”. Se proclaman a los cuatro vientos los futuros beneficios: más empleo, reducción de los precios de los servicios de electricidad y del gas, incremento de la producción nacional, más energía y competitividad.
El presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) aún es recordado por la mayoría de los mexicanos como el mandatario que en 1938 expropió/nacionalizó la industria petrolera. El artículo 27 de la Constitución establece que “tratándose del petróleo o de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público…”.
Para nadie es novedad la insuficiencia económica y debilidad técnica de Pemex, la disminución de las reservas y ausencia de tecnología para exploración en aguas profundas. Sin embargo, el cambio del artículo constitucional significará la apertura del sector de hidrocarburos en México; conllevará a la pérdida de exclusividad en la conducción de la industria petrolera y a un gradual desplazamiento de Pemex con la llegada de transnacionales del petróleo, lo que incidirá en la renta petrolera. Pero no tocará el modelo económico implementado en las últimas décadas, cuya ancla ha sido la privatización y la desnacionalización del patrimonio nacional.
Para tal desafío, el presidente mexicano contará con el apoyo del PAN y del PRI y la fuerte oposición del PRD, que ha convocado al pueblo a protestar y ha presentado una propuesta alternativa que defiende la autonomía. Según medios mexicanos, no es novedad el alto índice de dependencia fiscal del Estado con relación a la renta petrolera, no obstante, aseguran que el proceso está lleno de opacidades, así como lo estuvo la privatización del agua y del sector eléctrico, que derivó en un creciente incremento en tarifas.
Años antes de que México firmara el Nafta con EE.UU. las empresas transnacionales comenzaron a comprar empresas claves de manera subrepticia y con la inobservancia de los principios constitucionales. El modus operandi consistió en efectuar inversiones directas o mediante implantación por adquisición derivada de su posición dominante en el ámbito tecnológico.
Como la mayoría de los mexicanos se sienten incómodos con su modelo económico y político, Pemex, símbolo de autonomía y soberanía, provocará debates más coherentes contra la desigualdad, la pobreza, el entreguismo y la devastación ambiental, que se incrementaron en la era aperturista.
*Beatriz Miranda Cortés
El Espectador.
