LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO
Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Coordinador Nacional de Unidad Cafetera, Secretario de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria y Senador electo por el MOIR. Como parte de las políticas de la privatización neoliberal, la Ley 37 de 1993 autorizó a Telecom para suscribir contratos de Riesgo Compartido o joint ventures, negocios que en su momento se presentaron como de maravilla porque con ellos se instalarían millones de líneas telefónicas sin que la empresa tuviera que poner ni un solo peso, dado que las nuevas inversiones correrían por cuenta de los asociados del capital privado, quienes se cobrarían sus gastos y ganancias con los pagos que hicieran los usuarios, y, al final, la empresa se quedaría con la propiedad de la nueva infraestructura, lo que le permitiría aumentar sus ventas por llamadas. A primera vista, y como tales se presentaron, eran casi como regalos de navidad. En desarrollo de esta política, que desde el principio fue denunciada y repudiada por los trabajadores de Telecom, entre 1993 y 1997 la empresa firmó 19 contratos con las transnacionales de la fabricación de equipos de telecomunicaciones Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec, para la instalación de 1.800.000 líneas telefónicas en caseríos y cabeceras municipales de 16 departamentos y en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Cali.
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