El dinero de la venta de Isagen sería destinado a préstamos con periodo de gracia a 8 años para que los privados ejecuten las vías 4G.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reactivó la venta del 57,66% de las acciones de Isagen pertenecientes a la nación. Entre el 4 de marzo y el 15 de abril de este año, se recibirán las propuestas y se precalificará y verificará la documentación entregada.
La Red por la Justicia Tributaria rechaza la decisión del Gobierno de vender la segunda generadora de energía del país, por considerarla inconveniente económicamente. Solo en 2014 Isagen superó en 16,6% las expectativas, generando utilidades por $436,582 millones.
Mario Alejandro Valencia, vocero de la Red por la Justicia Tributaria, afirma que el gobierno no tiene ninguna justificación para vender la generadora de energía, ya que es una empresa que tiene un excelente manejo administrativo, técnico y financiero. “El precio que los colombianos debemos pagar por el imprudente manejo fiscal del Gobierno, es vender una empresa fundamental para el desarrollo del país”, agrega Valencia, explicando que el dinero de la venta estaría destinado a la Financiera de Desarrollo Nacional, encargada de hacer préstamos con periodo de gracia a 8 años, para que empresas privadas ejecuten las vías de cuarta generación.
Por su parte, Óscar Vallejo, presidente de Sintraisagen, asegura que a pesar de la suspensión pública de la venta, desde mediados de enero está abierta la sala de información para los interesados en comprar la generadora de energía, la cual ha sido visitada por empresarios Chinos y Franceses.
Vallejo indicó que “Isagen no debe venderse por la soberanía energética que representa para el futuro de Colombia, con el ingreso de Hidrosogamoso pasó a generar alrededor del 21% de la energía del país, además construye proyectos que el sector privado no está haciendo”.
Cabe destacar que Sintraisagen y la Red por la Justicia Tributaria interpusieron un total de ocho acciones legales para frenar la enajenación de Isagen, pero hasta el momento el Consejo de Estado solo ha respondido una. En consecuencia, estas organizaciones ya están coordinando nuevas iniciativas en defensa de la empresa como bien público.
Prensa
Paola Ariza
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