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El gobierno ha asignado un presupuesto al SENA muy inferior a sus necesidades y a las posibilidades de recaudo si se controlan la evasión y la elusión. También se ha promovido que entidades privadas cumplan las funciones de la institución. Todo esto se ha acompañado de una campaña de descrédito contra la entidad que busca marchitarla o liquidarla.

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