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Por: Juan David Laverde Palma / El Espectador

En 42 expedientes, de más de un centenar que adelanta la justicia, fiscales pedirán capturas por la apropiación ilegal de tierras en el país. Fiscalía Anticorrupción investiga el despojo.

Más allá de procesos mediáticos como el caso Colmenares, el carrusel de la contratación o Interbolsa, sin mayores titulares de prensa pero con una trascendencia mayúscula, fiscales de la Unidad Anticorrupción avanzan en un centenar de expedientes para esclarecer cómo el Estado perdió más de 416 mil hectáreas adjudicadas ilegalmente. El Espectador conoció que la Fiscalía solicitó audiencias de imputación contra 230 personas en Medellín —entre abogados, contratistas y funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder)— que tendrían responsabilidad en estos hechos.

Tras la denuncia que hizo en su momento la exsubdirectora de Tierras del Incoder Jhenifer Mojica, la Fiscalía ha imputado a 37 personas —17 de las cuales están detenidas— y alista las evidencias contra otras 30 que replicaron los modelos de apropiación ilícita de baldíos en Meta y Vichada. Los investigadores rastrean irregularidades cometidas entre 2007 y 2011 en los procesos de titulación a campesinos en Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Caquetá y Vichada. En muchos casos se detectó que quienes posaban como labriegos en realidad tenían capitales superiores a los $4 mil millones.

La Fiscalía descubrió cuatro modalidades de despojo: la titulación a favor de personas millonarias o con múltiples propiedades; aquellos que resultaron beneficiados gracias a engaños en los documentos que soportaban sus peticiones y, por último, la entrega de terrenos que superan los límites máximos de Unidad Agrícola Familiar previstos en la Ley 160 de 1994. Lo hallado por los investigadores en Antioquia es aberrante. Algunos de los imputados, incluso, se apropiaron no sólo de los baldíos, sino de carreteras que reclamaron como suyas. Por ahora nueve funcionarios del Incoder están en la cárcel.

La radiografía de este despojo está consignada en un informe conocido por este diario en el que se detallan los avances en cinco grandes expedientes de apropiación ilegal de tierras. Por ejemplo, se establecieron casos de supuestos campesinos que decían que su patrimonio no superaba los $20 millones y que llevaban más de cinco años explotando esa tierra. Al revisar los procesos se halló que tenían fortunas de miles de millones de pesos y que no declaraban renta. “Una vez descubrimos que uno de estos adjudicatarios irregulares tenía una mina de carbón en su predio que le permitió incrementar su patrimonio más de $5.000 millones”, señaló un investigador.

En otros casos se evidenció que en baldíos que debían ser entregados a campesinos se construyeron chalets y centros recreativos para el usufructo de particulares. La conclusión es que el Estado también ha sido despojado de sus propias tierras por cuenta del contubernio entre funcionarios corruptos y contratistas. Según la denuncia de Mojica, en 1.879 predios en todo el país se hallaron anomalías. Por ejemplo, cómo el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, o el excongresista Habib Merheg —investigado por parapolítica— se apropiaron de grandes extensiones de tierra que hoy busca restituir el Incoder. El coordinador de estas pesquisas es Mario Montes, jefe de fiscales anticorrupción.

El Espectador, Bogotá, 5 de diciembre de 2013.