Muchas cosas han pasado este año para el magisterio. No es raro, sobre Colombia soplan vientos huracanados: la destrucción de la producción nacional en el campo y la ciudad; el saqueo a escalas monstruosas perpetrado por las multinacionales y los bancos, prevalidos del apoyo del imperialismo y del gobierno servil de Santos; el hambre y el desempleo centuplicados; la ideología neoliberal con sus impudicias cada vez más al desnudo; la bancarrota del gobierno santista; y un ascenso sin precedentes en los tiempos recientes de la protesta de sectores cada vez más amplios, trabajadores, agricultores, estudiantes, pequeños y medianos mineros, indígenas y empresarios nacionales del campo y la ciudad.

Luego de un histórica y aplastante derrota en 2001 refrendada en 2007; después de una década de desmovilización; impuesta por la fuerza la reforma neoliberal en un cuádruple escenario: recorte de los recursos, aceleración de la privatización, contrarreforma educativa y arrasamiento de los derechos de los educadores; para los maestros este ha sido un año de agitación, de grandes movilizaciones, de apasionadas discusiones internas y de dos significativos acuerdos con el Gobierno. Y falta que se finiquite la discusión sobre los estímulos salariales, que se siga en alerta por el cumplimento de los acuerdos y que la Comisión Tripartita avance o se estanque.

Lo dicho, un año interesante para los maestros colombianos. Pero lo principal está por definirse ¿Qué va a suceder con el nuevo estatuto docente? Esa inquietud surgió en el pasado encuentro nacional de nuevos docentes. Dado que se trata de un asunto central es necesario precisar ciertos aspectos: el proyecto de estatuto presentado en la comisión tripartita es fruto de una discusión de varios años que culminó con su aprobación en la Asamblea de FECODE realizada en Paipa, es decir, es un documento oficial del magisterio colombiano. Y es para todos los educadores colombianos y por lo tanto busca superar la división creada por el gobierno al establecer el 1278.

A estas alturas no sobra recordar que nos enfrentamos a aspectos centrales de la política impuesta para Colombia por el imperialismo norteamericano: salarios muy baratos, instabilidad laboral, alargamiento de la jornada de trabajo, desconocimiento de los más mínimos derechos laborales en un marco de privatización. Estrategia aplicada en todos los sectores por medio de la flexibilización o tercerización, la informalización del trabajo, la destrucción de las convenciones colectivas y de los sindicatos, la división de los trabajadores en contratistas y subcontratistas. Para la educación han sido dos las expresiones más aberrantes de esa política, el decreto 1278 y los colegios concesionados y bancos de oferentes donde los educadores devengan, literalmente, salarios de hambre.

Por ello debemos desechar la ilusión de que la lucha por un estatuto que garantice estabilidad, un escalafón que mejoré las condiciones salariales y garantías laborales, o sea, un estatuto que derrote al neoliberalismo es un asunto fácil. Al contrario, es una lucha difícil que exige disposición a dar grandes batallas con todos los riesgos y sufrimientos que ellas implican; claridad en cuanto a que nuestro enemigo es el imperialismo con su actual mascarón de proa, el presidente Santos; unidad para mover las grandes masas del gremio en una dirección, y capacidad táctica para acertar en las decisiones en un escenario complejo y fluctuante.

Lo bueno es que ya estamos en el campo de batalla: tenemos nuestro proyecto de estatuto, obligamos al Gobierno a sentarse a negociar en el escenario de la Tripartita, hemos demostrado capacidad de lucha y trabajamos en la unidad del magisterio, como se reveló en el encuentro del 1278 convocado por FECODE.