EL COMITÉ NACIONAL DE PROTESTA MINERA

La Comunidad de mineros de Colombia, manifestamos a la opinión pública y al pueblo Colombiano lo siguiente:

1.    Que somos ciudadanos que respetamos la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico, por ello manifestamos que no acudimos a los medios de violencia como mecanismo de reconocimiento de nuestros derechos, por eso queremos dejar claro que desde el inició de nuestra protesta social no hemos utilizado, ni utilizaremos las vías de hecho que afecten los derechos de los Colombianos.

2.    Que el Ejercicio de nuestro derecho a la protesta siempre ha estado orientado a utilizar medios pacíficos no violentos con el fin de ser escuchados por el Gobierno Nacional en aras de que sean reconocidos, garantizados y respetados nuestros derechos como mineros en condición de informalidad. Informalidad generada por la omisión en la formulación de  normas y políticas públicas que regulen la actividad de la pequeña y mediana minería.

3.    Que motivamos al colectivo de mineros del país para que a través de la civilidad y el respeto al derecho continuemos ejerciendo el derecho a la protesta, sin afectar los derechos de la seguridad y la tranquilidad pública de todos los Colombianos.

4.    Que le expresamos en este comunicado al Gobierno Nacional y al presidente Juan Manuel Santos, nuestro reconocimiento como la autoridad legítima que tiene la capacidad o no de resolver el problema de inseguridad jurídica a la que estamos sometidos los mineros por las diferentes autoridades del estado.

5.    Que le comunicamos al señor Presidente de la República y al Gobierno Nacional nuestro interés de continuar con el proceso de negociación con el objetivo que se logren actos jurídicos que permitan el desarrollo de nuestra actividad minera en el marco de la institucionalidad, la ley y el pliego de peticiones que en su momento pusimos a consideración.

6.    Que el Ejercicio del derecho Constitucional a la Protesta del colectivo de mineros de Colombia, continuará de manera pacífica e indefinida hasta que se logre un hecho jurídico que signifique la solución definitiva de este conflicto social.