Por Helen Alexa Montenegro Rojas – asistente de Investigaciones y asuntos de Género de Cedetrabajo.
El acceso a la seguridad social integral es una de las problemáticas más profundas a la que se enfrentan los trabajadores colombianos. Teniendo en cuenta los altos niveles de informalidad que se presentan en la economía del país, no resulta una sorpresa evidenciar que de acuerdo con datos de la Universidad de Los Andes (2022) solamente el 16% de las personas en edad de jubilarse logran acceder a una pensión por vejez. Como de costumbre, las mujeres son la población más afectada o, lo que es lo mismo, la población con menos acceso a la pensión. Según el mismo estudio: 22,5% de los hombres y 12,1% de las mujeres en edad de jubilación logran pensión.
Empecemos por tratar las causas de la brecha. En primer lugar, aunque a priori parece una ventaja, la edad de pensión para la mujer es de 57 años y para el hombre de 62, esto implica que las mujeres tienen menos tiempo para alcanzar la cantidad de semanas de cotización que por Ley se requieren para alcanzar el derecho pensional. En ese sentido, teniendo en cuenta que la edad mínima para empezar los aportes al sistema de seguridad social -como empleado dependiente o como independiente- es de 18 años, para pensionarse los hombres deben cotizar un promedio de 29.5 semanas al año mientras que las mujeres deben hacerlo por 33.3 semanas, según indica la Procuraduría General de la Nación.
Por otro lado, la brecha pensional de género tiene estrecha relación con la situación laboral de las mujeres y las dificultades generadas por las dinámicas de segregación vertical y horizontal a las que se enfrentan -trabajos altamente feminizados, mal remunerados y con escalas jerárquicas desiguales-, lo que representa un obstáculo para acceder al mercado de trabajo, limitando las plazas disponibles para ellas. Asimismo, las mujeres cuentan con menos horas al día disponibles para actividades laborales formales debido a la carga que asumen del trabajo de cuidado no remunerado que es fundamental para el sostenimiento del hogar y del cual el hombre participa muy poco en términos relativos y absolutos. Las posibilidades de las mujeres de hacer aportes al sistema pensional se reducen significativamente por la calidad de sus oportunidades de trabajo y la cantidad de horas por las que suelen ser requeridas por las empresas.
De la misma manera, existe una brecha geográfica como barrera para acceder al derecho pensional. De acuerdo con el DANE, más del 80 % de las personas en el sector rural no cotiza a pensión. Esto tiene un mayor impacto en las mujeres. Un estudio de la Universidad de los Universidad de Los Andes (2022) concluye que la probabilidad de que las mujeres rurales se pensionen es de 4,18 %, frente al 15,12% de las mujeres que viven en zonas urbanas. Lo que refuerza idea de que la actividad económica y productiva se concentra en las ciudades capitales, por factores relacionados con el abandono del campo y la migración interna. De hecho, se evidencia que en el área rural no hay posibilidades de pensionarse por la informalidad, las actividades agropecuarias y la falta fuentes de empleo.
Desde esa perspectiva, propuestas de reforma pensional que se han presentado durante los últimos periodos legislativos y que pretenden reducir la cantidad de semanas de cotización requeridas son “buenos primeros pasos” para abordar la problemática, pero no son suficientes por sí solos. Primero, porque la reducción inmediata de la cantidad a las semanas de cotización -que en la mayoría de las propuestas es de 1300 a 1150/1100- no representa un impacto real a la hora de cerrar la brecha. Más cuando desde la reforma tributaria se propone gravar las pensiones, en otras palabras, que la clase trabajadora pague impuestos por un derecho adquirido y que sin lugar a duda afectaría mayoritariamente a las mujeres. Segundo, porque la reducción de semanas de cotización no aborda integralmente las causas de las dificultades de acceso a la pensión.
Por todo lo anterior, una propuesta legislativa para mejorar el sistema pensional y atender las circunstancias de exclusión y desigualdad que presenta en la actualidad debe prestar atención: a) el tipo de vinculación laboral de las mujeres, teniendo en cuenta que su participación en la informalidad es significativa e incluso exclusiva en algunos sectores económicos que están feminizados históricamente y son mal remunerados, incluso se debería fortalecer las plazas de empleo público; b) el rol social y cultural de las mujeres, lo que genera inestabilidad laboral y rotación constante en los puestos de trabajo, representado más obstáculos para realizar aportes al sistema de seguridad social; c) primas especiales o diferenciales, teniendo en cuenta la carga de las labores del cuidado que deben asumir las mujeres en una sociedad en la que 12.3 millones de ellas son cabezas de familia en hogares monoparentales.
El sistema pensional es un campo en disputa para las mujeres en la actualidad. En la práctica la edad de pensión es de 57 años, su tasa efectiva de es de 60,3 años. Es decir, las mujeres tardan 3 años y 3 meses más en acceder a la pensión después de haber cumplido la edad legal según la OCDE. Además, un estudio de la Universidad de Los Andes (2022) afirma que, son más las mujeres que reciben menos de dos salarios mínimos de pensión que los hombres. En suma, las cifras arrojan un panorama de preocupante que debe estar a la orden del debate público y en la lista de pendientes de la agenda del presente gobierno, ¡la transformación cultural, política y económica real es con las mujeres no al margen de ellas!
