Un nuevo pacto: ¿El final de las inversiones forzosas?

El gobierno de Gustavo Petro y los principales bancos de Colombia han logrado un acuerdo que evita la implementación de las controvertidas inversiones forzosas. Tras un largo período de discusiones e incertidumbre, el gobierno acepto la propuesta de los bancos que busca impulsar la reactivación económica.

Este pacto, denominado “Pacto por el Crédito,” establece que el sector financiero destinará 55 billones de pesos a créditos orientados hacia sectores estratégicos identificados en el plan de desarrollo del gobierno. Con esto, se espera impulsar áreas clave como la construcción, la agricultura, el turismo y la manufactura, sin recurrir a las imposiciones que representaban las inversiones forzosas.

Petro y los bancos: un acuerdo que evita el Congreso

El presidente Petro anunció que este acuerdo sustituye lo que se conocía como inversión forzosa, eliminando así la necesidad de llevar una propuesta de ley al Congreso. Para muchos, esta movida no solo alivia la presión sobre el sistema financiero, sino que también abre una puerta para el crecimiento económico sin la carga de nuevas regulaciones que podrían haber afectado negativamente tanto a ahorradores como a prestatarios.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, celebró el acuerdo, afirmando que la banca colombiana aumentará la colocación de créditos de 195 a 250 billones de pesos en los próximos 18 meses. Este incremento se presenta en un contexto donde la inflación muestra signos de desaceleración, lo cual podría mejorar las condiciones crediticias para los sectores involucrados.

Inversiones forzosas o pacto por el crédito

El concepto de inversiones forzosas ha sido un tema de debate durante años en Colombia. Esta medida, que obliga a los bancos a destinar una parte de sus recursos a proyectos específicos definidos por el gobierno, ha generado preocupación en el sector financiero debido a su impacto potencial en los costos de financiamiento y la rentabilidad.

La experiencia pasada ha demostrado que estas inversiones pueden actuar como un impuesto implícito sobre los pasivos financieros, encareciendo el crédito y reduciendo la rentabilidad para los ahorradores. Además, el hecho de que estas medidas puedan ser vistas como una intervención estatal en el mercado financiero, ha generado resistencia no solo en el sector bancario, sino también entre los expertos económicos.

A diferencia de las inversiones forzosas, que obligaban a los bancos a destinar recursos a proyectos específicos bajo mandato gubernamental y en condiciones menos favorables que las de los bancos, este pacto permite que los nuevos créditos por un total de $55 billones sean gestionados según las condiciones del mercado. Esto significa que los bancos públicos y privados mantendrán la autonomía para fijar tasas de interés, plazos de pago y demás condiciones, así como para seleccionar los sectores y proyectos a financiar, de acuerdo con sus propias políticas y las condiciones del mercado.

En este sentido, el pacto no incluye una reducción de tasas de interés, ni el establecimiento de periodos de gracia u otros mecanismos para garantizar el acceso al crédito de los sectores económicos que actualmente no lo tienen.

De esta manera, este acuerdo no fortalece la recuperación de la economía, ya que solo aumenta la bolsa de recursos existente para vivienda, turismo y manufactura. Por lo tanto, el anunciado Pacto por el Crédito no es una solución innovadora y favorecerá poco a los sectores con dificultades financieras.

Las inversiones forzosas no son una idea novedosa

Las inversiones forzosas han sido una herramienta recurrente en la historia financiera de Colombia, especialmente en tiempos de crisis. Durante los años 80, estas inversiones representaban el 14% de los pasivos sujetos a encaje del sistema financiero. Aunque fueron desmontadas en su mayoría tras la reforma financiera de 1990, algunas, como los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), se mantuvieron vigentes.

A lo largo de las décadas, se introdujeron nuevas inversiones forzosas para abordar diferentes crisis, como la de los títulos FINAGRO en los 90 o la crisis del sector hipotecario a finales de esa década. En 2021, durante la pandemia, Álvaro Uribe propuso reinstaurar este tipo de inversiones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas.

Más recientemente, el presidente Gustavo Petro planteó al Congreso una propuesta similar para destinar recursos del ahorro público en los bancos a créditos baratos para la industria exportadora, el mejoramiento de vivienda y la economía popular.

 Sin embargo, esta propuesta generó controversia. Figuras como José Antonio Ocampo expresó su preocupación, argumentando que existen mecanismos más adecuados y que las inversiones forzosas podrían encarecer el crédito en un momento de recuperación económica.

En contraposición, el sector financiero propuso el “Pacto por el Crédito” que fue aceptado por el gobierno de Petro.

Distribución de recursos: ¿quién gana y quién pierde?

El “Pacto por el Crédito” establece una distribución de recursos que prioriza sectores como la vivienda, la infraestructura, la manufactura y la transición energética. Sin embargo, no está claro si estos fondos llegarán a todos los sectores que realmente necesitan un impulso para salir adelante.

• Vivienda e infraestructura: $40,6 billones
• Manufactura y transición energética: $163,4 billones
• Agropecuario: $32,1 billones
• Economía popular: $4,1 billones
• Turismo: $8,4 billones

Aunque las cifras parecen optimistas, es necesario considerar cómo estos recursos serán administrados y si realmente llegarán a las pequeñas y medianas empresas, que suelen ser las más afectadas por la falta de acceso a financiamiento. La experiencia nos ha enseñado que, en muchos casos, los beneficios de este tipo de acuerdos no siempre se filtran hacia los sectores más vulnerables de la economía.

¿Qué podemos esperar?

El acuerdo entre el gobierno y los bancos representa un alivio en medio de la incertidumbre que generaba la posibilidad de implementar inversiones forzosas.

Aunque el “Pacto por el Crédito” entre el gobierno y el sector financiero representa un cambio en la estrategia de reactivación económica, su impacto real sobre la economía colombiana sigue siendo cuestionable.

Al mantener la autonomía de los bancos en la gestión de los créditos y no incluir medidas para reducir las tasas de interés o facilitar el acceso al crédito a los sectores más vulnerables, este acuerdo parece más un ajuste de la situación existente que una solución innovadora.

Sin intervenciones más profundas que aseguren que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, es posible que este pacto no logre generar el crecimiento inclusivo y sostenible que el país requiere en estos momentos.