El Ministerio de Hacienda buscará que la aplicación del fallo de la Corte Constitucional que tumbó la amnistía a capitales no declarados no sea inmediata, sino que la norma se mantenga viva algún tiempo.
Portafolio. Para esto, el Ministerio acudirá a la Ley de Incidente Fiscal, aprobada en último debate el martes y a la que le quedan la conciliación y la firma del Presidente (ver recuadro).
La nueva ley permite negociar los términos de las sentencias que pueden poner en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas.
El fallo, revelado el jueves por EL TIEMPO, puede hacer que no se recauden entre 7 y 14 billones de pesos, es decir, su impacto equivale a casi tres veces la privatización de Isagén o más de cuatro veces el apoyo al agro, vía 4 por mil prometido a raíz de los bloqueos de agosto.
Por tal motivo, fuentes del Ministerio señalan que la entidad estrenará la Ley de Incidente Fiscal para negociar con la Corte que la norma se mantenga algunos meses más.
Eso permitiría detectar en ese lapso los recursos que no han sido declarados. “Una vez declaren el patrimonio, ya no lo pueden desaparecer”, dicen las fuentes, lo que permite que después sigan generando recaudo para el Estado.
El Gobierno estima que fuera del país hay entre 50.000 y 100.000 millones de dólares. Al respecto, el director de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, Julio Roberto Piza, plantea el interrogante de si el Gobierno creía que todos los recursos ocultos iban a ser declarados por sus propietarios.
Sergio Clavijo, director de Anif, recuerda que “nos habíamos opuesto a ese tipo de amnistías patrimoniales, nos lucían inconstitucionales, inequitativas y provocadoras de riesgos morales. Esto implicará subir tasas de IVA y reducir excepciones, como se hizo con el nuevo impuesto del Imán, creado por la Ley 1607 del 2012”.
En el mismo sentido, la Red de Justicia Tributaria, que precisamente nació hace un año, cuando se debatía la reforma, recalca que ella propuso cuando se discutía la nueva ley en el Congreso, “que el Estado eliminara los beneficios tributarios al gran capital y aumentara su participación en la renta minero-energética. Ahora vemos que los objetivos que motivaron al Gobierno a realizar dicha reforma (mayor empleo, igualdad y simplificación del sistema tributario) no se han cumplido”.
De un lado y de otro, varios sectores están planteando la necesidad de una nueva reforma, que no se limite a tapar huecos para incrementar ingresos solo por la vía de cerrarle el paso a la evasión. Es más, el Ministerio de Hacienda ha indicado que la próxima modificación del estatuto tributario será solo contra la evasión.
NUEVA LEY PARA SENTENCIAS
La Ley de Incidente Fiscal da herramientas al sector público para negociar los pagos de los fallos contra la Nación. Según el senador ponente, Germán Villegas, se desarrolla el principio de sostenibilidad fiscal, al cual se acogió el país y que señala que “el Estado debe mantener las condiciones fiscales en todo sentido, sin acudir al endeudamiento”. Si, por ejemplo, un fallo establece que el pago, tras una demanda, se debe hacer en un año, habrá cabida para prorrogar el tiempo de amortización. En la actualidad, hay litigios en los que se pretende cobrarle al Estado 175 billones de pesos.
