Paro_Minero_NacionalEl gobierno nacional ha apostado sus principales cartas a la “locomotora minero-energética” que no es otra cosa que explotación a cielo abierto e inversión extranjera directa a diestra y siniestra. Adecuando la legislación y las políticas públicas a los caprichos del capital foráneo, en materia económica, ambiental y cultural. Desconociendo los derechos de las poblaciones que cuentan con la “mala suerte” de tener un subsuelo rico en minerales y un gobierno desligado del destino de sus conciudadanos.

La explotación de la gran minería transnacional está acabando con el tejido social y la biodiversidad de las comunidades. Profundizan la miseria y el hambre, acaban con suelos aptos para el cultivo dejando desiertos asemejados a terrenos lunares. Un ejemplo es el Cesar, que de 230 mil hectáreas de cultivos transitorios sembrados en 1990 pasó a tener 77 mil en el año 2000. Y con el paso a la gran minería se generaron 4 veces menos empleo por hectárea que los cultivos transitorios.

No existe un solo municipio en Colombia donde se realice gran minería, que tenga índices de necesidades básicas insatisfechas inferiores al 40%.En el Cesar la pobreza pasa del 50% y tiene municipios como el Paso donde 62 de cada 100 habitantes padecen de necesidades básicas insatisfechas.  La Guajira esel Departamento más pobre de Colombia, 65 de cada 100 habitantes vive en la pobreza, 37 de cada 100 en indigencia y curiosamente, tiene el 56% de las reservas probadas de carbón del país y la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, propiedad de un consorcio multinacional. En materia ambiental el balance no es nada halagüeño, Cerrejón ha intervenido un área de cobertura boscosa y de suelos de 12 mil hectáreas, ha destruido más de 10 arroyos y cañadas que desembocaban en el río Ranchería y que para colmo, de no ser por la organización de la comunidad en el Comité por la defensa del río Ranchería, lo hubieran desviado casi 26 kilómetros de su cauce.

El sector minero-energético es el 71% de la inversión extranjera directa del país, pero genera apenas el 2,5% del empleo nacional, en contraposición con la industria manufacturera y la agricultura que generan 10 y 15 veces más, respectivamente.

Mientras el gobierno regala a manos llenas las riquezas naturales a las multinacionales, trata como delincuentes a los mineros tradicionales que llevan más de un siglo haciendo esta labor, de la que viven 2 millones de ciudadanos y dependen pueblos enteros. Los persigue con saña y cobijados bajo el decreto 2235 les quema la maquinaria sin que medie orden judicial. Si bien la pequeña y mediana minería generan un impacto ambiental, este es mucho menos contaminante que el de la gran minería. Los pequeños y medianos mineros están en disposición de cambiar y mejorar las prácticas de extracción siempre que cuenten con ayuda gubernamental y una política pública minero-energética acorde con las necesidades del país.

Este 17 de julio los mineros artesanales, pequeños y medianos están movilizados para que se les respete su producción y trabajo honesto. Para qué el Estado reconozca que su actividad es diferente a la gran minería. Y para qué exista un verdadero proceso de formalización que acabe de una vez por todas con este conflicto.

La pequeña minería es perseguida por el gobierno porque es un obstáculo para la entrega de los territorios al capital transnacional. Estos compatriotas son campesinos y trabajadores empujados a la minería artesanal por la quiebra del campo y la industria, no tienen otra forma de sobrevivir y están defendiendo la soberanía, los recursos y el trabajo nacionales.

POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO

Bogotá, 17 de julio de 2013.