César Díaz, el nuevo viceministro de Minas, lleva la minería “en el ADN”, como lo dijo en una entrevista a este diario. “Fui un minero muy pequeño durante muchos años y estoy orgulloso de eso”. Su historia en el sector empezó en 1984 y transcurrió casi por completo en Guachetá (Boyacá), donde explotó carbón hasta el 2000.

Ese año tuvo un traspié y perdió su licencia. Hoy dice que fue “por cuestiones económicas”. Sin embargo, este episodio sigue generando un sinnúmero de dudas, porque durante más de cinco años los nuevos dueños del título, que en Guachetá se limitan a referenciar como “los hermanos Torres”, tuvieron que luchar contra un grupo de mineros ilegales que seguía en la zona. Jorge Enrique Torres, uno de los hermanos, le dijo a El Espectador que no sabía “si tenían algún acuerdo con él; no sé si los estaba autorizando”. En Guachetá incluso hay quienes aseguran que Díaz le quedó debiendo dinero a algunos de sus empleados. Él sostiene que nunca trabajó por fuera de la legalidad.

Antes de ser viceministro de Minas dirigía la Cámara Colombiana de Minería. Era vocero de las empresas del sector y su misión, como lo señala el sitio web de la entidad, era lograr que “los gobiernos, las organizaciones civiles y otros actores socioeconómicos, reconozcan la actividad minera responsable como un gran aporte al desarrollo”.

Hoy está del otro lado. Ahora tiene —en teoría— la vocería de los colombianos y la misión de defender sus intereses colectivos. Pero el sector ambientalista del país teme que no va a ser así. “No entendemos que una autoridad del Estado, que tiene entre sus funciones la fiscalización de las mineras, siente en ese puesto a una persona que hasta hace unos días era su vocero y defendía sus intereses”, dice Álvaro Pardo, economista y especialista en derecho minero-energético.

La llegada de Díaz –quien se posesionó el miércoles pasado– coincide además con un momento clave del debate minero en el país. Si la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, cumple su promesa, esta semana se conocerán los nuevos límites del páramo de Santurbán (Santander), que replantearán el futuro de las actividades económicas de alta montaña, como la agricultura, la ganadería y la minería.

Ahora que está a punto de conocerse la decisión, y que se sabe que los ministerios de Ambiente y Minas han estado dialogando sobre el tema, la llegada de César Díaz es aún más controvertida. Al menos así lo señala Florentino Rodríguez, vocero del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana: “Se está volviendo reiterativo el nombramiento por parte del Gobierno de personas que representan intereses particulares, de importantes sectores de la empresa privada, y que llegan a sitios de mando donde se toman decisiones fundamentales para el país”.

En particular, sobre el caso del páramo de Santurbán, siendo director de la Cámara Colombiana de la Minería, Díaz defendió que su delimitación se hiciera “teniendo en cuenta los estudios que ya se han realizado y en los que se delimitó el parque natural regional”.

En otras palabras, era partidario de que la delimitación final del páramo —que podría coincidir con unos títulos mineros de Eco Oro y otras empresas, y que por tanto las obligaría a suspender sus actividades— fuera igual a la del parque natural regional declarado en enero, la cual, según los expertos, dejaría desprotegido al 90% de este vital ecosistema.

Asimismo en su anterior cargo participó en Santander en la creación de una cátedra llamada “Queramos la minería”, que se impartía en universidades. Dice que promovía este tipo de iniciativas porque “estamos convencidos de que al país le falta más información sobre la minería responsable. En los debates a veces se muestra sólo una cara. Falta mostrar la cara de una minería que se puede articular con el medio ambiente, la generación de empleo y la cohesión social”.

Al preguntarle si intervino directamente a favor de empresas como Eco Oro, cuyos títulos quedarían dentro de los nuevos límites del páramo, señala que “no sólo defendimos esos proyectos, defendimos toda la minería responsable”. ¿Y cuál es su posición frente a la minería en páramos? “La ley la prohíbe. Eso es claro”.

En el Tolima, donde está el otro foco del debate sobre minería en el país —por las intenciones de la multinacional AngloGold Ashanti de extraer unos 24 millones de onzas de oro—, el nombramiento de César Díaz también ha encontrado críticas. “Es nefasto, no sólo para los ambientalistas, porque esta lucha contra la gran minería es de todos los ciudadanos que respiramos, que comemos, que caminamos”, dice Evelio Campos, director de la ONG Ecotierra.

En esta región corre el rumor de que Díaz participó en la creación una ONG a favor de la AngloGold Ashanti, y su supuesta cercanía a esta minera mientras estuvo en su antiguo cargo fue muy criticada. “Nunca hemos promovido ningún tipo de asociación. Hemos entregado información. Esa ha sido la actividad”, dice, y sostiene además que “decir que uno está al servicio de una sola empresa cuando uno es gremio, es equivocado. Uno obedece a intereses generales y globales, que ni siquiera son de las empresas afiliadas, sino del sector minero”.

¿Qué les dice a quienes critican que haya pasado de ser vocero de las mineras a trabajar para el Gobierno? “Si no fuera así, sería imposible que en el sector público tuviéramos a alguien con experiencia en un campo determinado. Nunca llegaría a los sectores gente que realmente conoce un tema”, dice.

El Espectador.