Álvaro Pardo
Director de Colombia Punto Medio.
La minería está ocasionando conflictos ambientales, sociales y étnicos, en vez de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. A ello contribuyen un Estado y una institucionalidad débiles, así como una legislación que favorece a la gran minería, las privatizaciones y la inversión extranjera, despilfarrando las regalías y sin ofrecer alternativas a las más de 4.500 explotaciones informales e ilegales. La reforma institucional y la inestabilidad de la
autoridad minera durante el gobierno de Juan Manuel Santos también se inscriben dentro de las causas del problema, infringiendo las normas constitucionales atinentes a nuestros recursos naturales no renovables. Ello ha motivado a diversos sectores nacionales a pronunciarse contra el modelo minero vigente.
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